Milagros Jáuregui impulsó 30 proyectos que limitan derechos de mujeres y población LGBTIQ+: seis ya son ley

La congresista Milagros Jáuregui, quien recientemente ha estado en polémicas por haber expuesto públicamente a niñas abusadas sexualmente, ha impulsado o respaldado 30 proyectos de ley vinculados a educación sexual, familia, identidad de género y políticas públicas de salud reproductiva.

De ese conjunto, seis iniciativas ya fueron aprobadas y promulgadas, configurando un cambio normativo que, según especialistas y colectivos civiles, restringe el acceso a información, servicios y reconocimiento de derechos para niñas, adolescentes, mujeres y personas LGBTIQ+.

El reportaje hecho por el portal Salud con Lupa documenta que estas propuestas avanzaron con el apoyo de bancadas como Renovación Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú, lo que permitió consolidar mayorías en comisiones y el Pleno.

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Seis normas vigentes y sus principales efectos

1) Restricciones a contenidos de educación sexual integral (ESI).
Una de las normas aprobadas establece nuevos lineamientos para materiales educativos y participación de padres de familia en la revisión de contenidos. Expertos en salud pública advierten que la medida puede limitar información científica sobre prevención de embarazo adolescente, consentimiento y diversidad, al supeditar contenidos a criterios no técnicos.

2) Cambios en protocolos de atención para salud sexual y reproductiva.
Otra ley introduce modificaciones administrativas que, según organizaciones médicas, añaden barreras de acceso a servicios vinculados al aborto terapéutico permitido por la legislación peruana. Las críticas apuntan a mayores requisitos y demoras que impactan especialmente en zonas rurales.

3) Regulaciones sobre enfoque de género en políticas públicas.
Se aprobó una norma que redefine o condiciona el uso del enfoque de género en programas estatales. Especialistas sostienen que la redacción ambigua puede debilitar instrumentos para prevenir violencia basada en género y desigualdades estructurales.

4) Disposiciones relativas a identidad de género en registros y trámites.
Una de las iniciativas limita procedimientos administrativos vinculados al reconocimiento de identidad de género, restringiendo vías para el ajuste de datos en documentos oficiales. Colectivos LGBTIQ+ señalan que la medida incrementa la exposición a discriminación en servicios públicos.

5) Modificaciones en lineamientos de prevención de violencia en el ámbito escolar.
La norma introduce cambios en protocolos de intervención y materiales preventivos. Organizaciones de niñez advierten que la reducción de contenidos específicos sobre violencia de género y diversidad puede afectar la detección temprana y la protección de estudiantes.

6) Ajustes a políticas de protección familiar y participación comunitaria.
La sexta ley prioriza determinados criterios de “protección familiar” en programas estatales y mecanismos de participación social. Analistas señalan que su aplicación podría desplazar enfoques de derechos individuales por marcos más restrictivos en educación y salud.

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Respaldo político y debate público

El avance de estas normas no se explica por una sola bancada. El reportaje consigna votaciones y respaldos cruzados de las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú, lo que refleja la similitud de pensamiento de sectores conservadores en temas de género y familia.

Por su parte, promotores de las iniciativas sostienen que las normas buscan fortalecer la participación de las familias en la educación, ordenar políticas públicas y proteger valores culturales. El debate, por tanto, se ha trasladado también al terreno constitucional, donde juristas discuten la compatibilidad de algunas disposiciones con estándares de derechos humanos y obligaciones internacionales del Estado peruano.

Organizaciones de mujeres y colectivos LGBTIQ+ reportan efectos prácticos como reducción de contenidos preventivos en escuelas, mayor incertidumbre en la atención de salud reproductiva y obstáculos administrativos para el reconocimiento de identidad.