Delia Espinoza: JNJ inicia investigación preliminar contra exfiscal por supuesto uso indebido de vehículos oficiales
La JNJ señala que se trata de bienes públicos del Ministerio Público, los cuales habrían sido usados por Espinoza aún cuando estaba suspendida del cargo como fiscal suprema y fiscal de la Nación.
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación preliminar contra Delia Espinoza Valenzuela por supuestamente haber usado vehículos oficiales del Ministerio Público cuando se encontraba suspendida del cargo como fiscal suprema y fiscal de la Nación.
La denuncia fue interpuesta por el ciudadano Luis Miguel Caya Salazar, quien señaló que los autos con las placas de rodaje EGW-711 y EGW-715, habrían sido usados por Espinoza Valenzuela, pese a encontrarse suspendida en el ejercicio del cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación, así como de todas sus atribuciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución n.° 143-2025-PLENO-JNJ del 19 de setiembre de 2025.
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Esto fue incluido en el Informe n.° 006-2026-GATRP-JNJ, de fecha 26 de enero de 2026, presentado por el miembro de la JNJ Gino Ríos Patio.
Dicho oficio explica que la institución considera la necesidad de una investigación preliminar con el objetivo de determinar si se produjo un uso indebido de recursos del Estado y si la conducta atribuida a la investigada resulta incompatible con los deberes y responsabilidades inherentes a la función fiscal, incluso durante un periodo de suspensión.
Asimismo resaltan que la suspensión dispuesta previamente por la Junta Nacional de Justicia impedía el ejercicio de cualquier prerrogativa asociada al cargo, incluida la asignación de logística institucional.
JNJ contra Delia Espinoza
No es la primera vez que la JNJ va contra Espinoza Valenzuela. El último 23 de enero la JNJ decidió destituirla como fiscal suprema del Ministerio Público, en una sesión del pleno que aprobó su remoción por unanimidad.
La medida se tomó como parte de un procedimiento disciplinario que sostuvo que Espinoza no cumplió con una resolución que buscaba reponer en el máximo cargo de la entidad a Patricia Benavides.
Se trató de una decisión optada por unanimidad, con los votos de César Galindo Sandoval, Germán Serkovic González y Víctor Chanduví Cornejo. A ellos se sumaron Jaime de la Puente Parodi y Gino Ríos, quienes respaldaron la medida mediante votos singulares.
La Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (JUSDEM) rechazó ello y también no ratificar al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, indicando que ambos "a diferencia de otros fiscales supremos que se mantienen en sus cargos, no se encuentran seriamente cuestionados por graves irregularidades".
"Decisiones de esta naturaleza, no solo erosionan el principio de meritocracia, sino afectan la estabilidad y autonomía institucional, generando desconfianza ciudadana y menoscabo a la legitimidad de las autoridades", se lee en el comunicado.
La Asociación considera que no se trata de "hechos aislados y fortuitos, sino más bien, configuran un patrón sistemático de presión institucional".
"Busca debilitar la institucionalidad democrática, sojuzgando en su totalidad al sistema de administración de justicia para la conveniencia de intereses particulares en desmedro del bien común de la población peruana", agregaron.
