Marcha 28 de enero: víctimas de las protestas caminan hacia Lima para exigir justicia

El 25 de enero, antes del amanecer, hombres, mujeres y niños se reunieron en la Plaza de Armas de San Vicente de Cañete. Llegaron tras varios días de viaje desde Ayacucho, Andahuaylas, Juliaca, Cusco, Pichanaqui y Huancabamba. Antes salieron de sus regiones y se encontraron allí para continuar juntos. A todos los une una misma herida: sus vidas cambiaron entre diciembre de 2022 y enero de 2023, durante la represión estatal a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

Desde ese punto iniciaron la marcha de sacrificio Uyariy —“escucha”, en quechua— rumbo a Lima para participar en la marcha de este miércoles 28 de enero. Caminan como una sola familia frente a procesos judiciales que consideran entrampados.

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“Queremos que todo el Perú nos escuche, y también fuera del país”, dice Yovana Mendoza, hermana de Jhon Henry Mendoza Huarancca, asesinado el 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho. “Marchamos para exigir justicia, pero también garantías de no repetición. Que ningún gobernante vuelva a dar la orden de matar al pueblo”.

En la marcha también caminan madres jóvenes. Está Sheyla Prado Cisneros con su hijo pequeño. Ella es hija de Edgar Prado Arango, asesinado el 15 de diciembre de 2022 cuando se agachó para auxiliar a un herido frente a su casa. Edgar murió pensando en una fiesta que preparaba para su nieto. Hoy, ese niño avanza algunos tramos cargado en brazos, otros caminando entre pancartas con rostros impresos. La memoria también se hereda.

Asimismo, la Generación Z, protagonista de las últimas masivas movilizaciones en contra del Gobierno, anunció que estarán presentes en la marcha de este miércoles. Según el flyer difundido en redes sociales, buscan manifestar el hartazgo ante la corrupción, impunidad y muertes que siguen sin justicia. "Juntos somos la voz del cambio", señalan y acompañan el afiche con el ya conocido símbolo de One Piece.

Los puntos de encuentro son diversos, grupos de estudiantes se encontrarán en la puerta 2 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otros grupos también se reunirán en la Plaza Dos de Mayo. Cabe recordar que desde los últimos acontecimientos en las movilizaciones, se prohibió el uso de la Plaza San Martín para las marchas.

En ese contexto, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, aseguró que su gremio se sumará a la movilización y advirtió que el sector se mantiene en permanente zozobra ante la ausencia de medidas concretas por parte de las autoridades.

“Vamos a estar con ellos porque vivimos en una incertidumbre política y social”, afirmó Campos. Además, expresó su indignación frente a los constantes atentados: “No pueden seguir atacando con explosivos a los buses y a los negocios. Tenemos que salir a defender la vida”, señaló.

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El detonante

La decisión de volver a las carreteras no estaba prevista. El 9 de enero de 2026 se cumplieron tres años del asesinato de 18 personas en Juliaca, durante la represión a las protestas. Tras los actos conmemorativos, los deudos tenían previsto retornar a sus comunidades.

Pero tres días antes, el 6 de enero, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dispuso la desactivación de varios equipos especiales del Ministerio Público, entre ellos el Equipo Especial para casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip). Para las familias, la medida fue un punto de quiebre.

“El Eficavip estaba avanzando. No entendemos por qué el fiscal de la Nación nos quiere otra vez en las calles”, afirma Raúl Samillán, presidente de la asociación de deudos del 9 de enero en Puno. “Han dicho que ahora los casos los verán fiscales ordinarios. Entonces, ¿para qué desactivar el equipo especial? Todo apunta a impunidad”.

Los acuerdos cambiaron. Las familias volvieron a reunirse, pidieron cuotas en sus comunidades, vendieron parte de su ganado y reorganizaron la marcha hacia Lima. En el trayecto, organizaciones civiles les brindaron alimentos, agua y alojamiento.

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Caminar con el cuerpo herido

Entre quienes avanzan a pie hay sobrevivientes de bala. Reyder Hinostroza Machaca camina con dificultad. Tiene una herida de arma de fuego en el muslo derecho, producto del disparo que recibió el 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho, cuando intentaba auxiliar a Raúl García Gallo, quien murió tras ser alcanzado por un proyectil disparado por un militar.

“Siempre hay dolor”, dice. “Trabajo un par de horas y ya se inflama. Tengo una parte del muslo que no tiene sensibilidad. Ya no puedo hacer los trabajos que hacía antes”. Hasta ese día, Reyder trabajaba como chofer.

Recuerda con exactitud el momento del disparo. “Estábamos cargando a un fallecido rumbo a la ambulancia. Yo iba agarrando uno de los pies. Ahí me dispararon”.

Han pasado más de tres años y la justicia no llega. “Nos escuchan, pero no nos responden. Por eso volvemos a marchar. Para que se sepa lo que pasó y para que no se repita”.

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Apoyo en la ruta, vigilancia constante

Durante el recorrido, la marcha ha recibido gestos de respaldo: vecinos que ofrecen frutas, agua o galletas; conductores que tocan el claxon al pasar; aplausos breves desde las veredas.

“Eso nos da fuerza”, dice Yovana Mendoza. “En los pueblos nos esperan, nos alcanzan manzanitas, uvas, agua. Los carros tocan su claxon cuando pasamos. El pueblo sí nos escucha”.

Pero también denuncian hostigamiento. “La policía nos sigue. En cada tramo nos intervienen, nos piden documentos, revisan nuestras cosas”, afirma Samillán. “Continúa el racismo y la discriminación. Somos víctimas y lo mínimo que pedimos es respeto”.

En Puno, diversos gremios expresaron públicamente su respaldo a la movilización.

Llegar a Lima

La marcha tiene previsto ingresar a Lima el 28 de enero, en horas de la mañana. Las delegaciones planean avanzar por distintos conos y confluir en el centro de la capital. Ese día se realizará también la conmemoración por el asesinato de Víctor Santisteban, ocurrido en Lima durante las protestas de 2023.

Además, colectivos juveniles han convocado a una movilización para esa fecha, en rechazo a la corrupción y la impunidad, y anunciaron que recibirán a las víctimas.

“Nos unimos porque sabemos lo que ha pasado”, dice Yovana Mendoza. “No heredamos el miedo. Heredamos la memoria”.

Los partidos políticos ya recorren el país buscando el poder. Para quienes ahora caminan hacia Lima, la urgencia es otra. No piden discursos ni promesas. Caminan para que el Estado los escuche. Y porque, después de tres años, el silencio ya no es una opción. Piden una sola cosa: uyariy.

Familiares de las víctimas denuncian hostigamiento policial en movilización

En diálogo con La República, indicaron que al menos cinco veces la policía de carreteras ha detenido su tránsito regular para realizar intervenciones con control de identidad. A la altura de la playa La Ensenada, en el KM 81 de la Panamericana Sur, los agentes del orden detuvieron una vez más su recorrido para realizar una intervención “más rigurosa”. En ese momento, los familiares denuncian que no se quiso devolver el DNI de uno de los conductores, razón que motivó el cierre de la vía por varios minutos.

Familiares de las víctimas, narraron el “hostigamiento” que han vivido desde que iniciaron la movilización el domingo último en Cañete. En imágenes difundidas en redes sociales, se puede ver cómo increpan a un comandante de apellido Molina, ya que, según relato de los testigos, el superior intentaba sacar su arma de fuego para “amedrentar” a los marchantes.

Este último operativo tuvo como saldo un detenido identificado como Julio César Mendoza, que según sus acompañantes fue llevado a la comisaría de San Vicente de Cañete por presentar una requisitoria por presuntamente manejar en estado de ebriedad.