Gobierno propone crear la Superintendencia Nacional del Internamiento en reemplazo del INPE

Durante la Comisión de Constitución del Congreso, el ministro de Justicia, Walter Martínez, presentó la propuesta de conformar la Superintendencia Nacional del Internamiento (Sunir), entidad que reemplazaría al INPE. Esta última ha sido duramente criticada en las últimas semanas por una denuncia de cobros de sobornos en la que está envuelto el jefe de la institución.

"La coyuntura actual nos obliga a actuar con determinación y modernizar neustras herramientas legales", precisó el titular del Minjus. La iniciativa, según precisó, forma parte de un paquete de 14 propuestas para reforzar la seguridad ciudadana. En esta también se encuentran cambios al Código de Ejecución Penal e incluir como delito agravado la instalación o financiamiento de redes clandestinas de telecomuncaciones dentro de los penales.

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"Bajo dicha superintendencia se materializará una estructura organizacional moderna, especializada y eficiente, que fortalecerá la seguridad y el tratamiento penitenciario y, lo más importante, reducirá el nivel de reincidencia delictiva", sostuvo el ministro Walter Martínez.

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Cabe indicar que el INPE se encuentra bajo cuestionamiento tras una acusación de cobro de sobornos que recae en el jefe de la institución, Iván Paredes Yataco. Al funcionario se le denunció por presuntamente solicitar $ 80.000 para favorecer en la liberación de un expolicía condenado por secuestro.

Propuestas en materia de seguridad

Sobre las extorsiones, Martínez planteó que se reduzca de 3 años a uno el plazo para la destrucción de armas incautadas vinculadas al delito de extorsión; así como la revisión inmediatada de equipos electrónicos incautados en flagrancias.

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Del mismo modo, sostuvo que es necesario regular la inteligencia criminal como fase preprocesal para incluir la extorsión dentro de los delitos en los cuales se permite levantar el secreto de las comunicaciones en 24 horas.

Cabe indicar, que en el debate no se hizo mención a las conocidas leyes procrimen aprobadas por el Congreso. Un paquete de normas que favorece al crimen organizado, limitando mecanismos que permitían combatirlo.

Entre ellos están la Ley 32130 que permitió que la PNP asuma la conducción de la investigación preliminar, afectando la autonomía del Ministerio Público. También se encuentra la Ley 32138 que debilitaba la persecución penal y recudir el alcance de las investigaciones por crimen orgnizado y corrupción.