Cuatro funcionarios del Congreso ligados a Fuerza Popular estarían implicados en uso irregular de cámara
Una investigación de Cuarto Poder identificó a cuatro funcionarios del Congreso con vínculos a Fuerza Popular que habrían participado en la entrega de una cámara institucional usada en un mitin partidario. Pese a las evidencias, solo un camarógrafo fue separado, mientras que los responsables jerárquicos continúan en sus cargos.
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Un reportaje de Cuarto Poder reveló nuevos detalles sobre el uso irregular de una cámara del Congreso en un evento de campaña de Keiko Fujimori. Aunque el único trabajador sancionado hasta hoy ha sido el camarógrafo que manipuló el equipo, detrás de la entrega y autorización del material habrían intervenido al menos cuatro funcionarios con vínculos directos o cercanos al partido Fuerza Popular.
Entre los nombres que aparecen en el organigrama de responsabilidades figuran el oficial mayor del Parlamento, Jaime Abensur; el director de Comunicación Institucional, Edwin Lévano; y otros funcionarios de su entorno que habrían tenido participación en la cadena de autorizaciones.
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Según el ex oficial mayor del Congreso, César Delgado, el caso no se está investigando con la independencia debida, pues según afirman, hay personal superior que no ha sido sancionado o siquiera citado para diligencias internas.
Asimismo, se detalla que la cámara institucional terminó grabando un mitin de la lideresa de Fuerza Popular, hecho que quedó registrado en imágenes durante un acto partidario. Para el sindicato, esto constituye un uso abiertamente indebido de bienes públicos.
De acuerdo con Cuarto Poder, la Procuraduría ha solicitado información y documentación sobre la cadena de custodia del equipo, pero la Oficina de Comunicaciones habría entregado reportes incompletos.
Además, el reportaje incluye el testimonio del secretario del sindicato, quien cuestiona que la responsabilidad haya recaído únicamente en el camarógrafo.
"Nadie baja a un evento político sin una orden superior”, mencionó. En ese contexto, aseguró que las tareas audiovisuales se asignan de manera estrictamente jerárquica.
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Mientras tanto, los funcionarios señalados no han ofrecido explicaciones públicas. El Congreso tampoco ha anunciado una ampliación de la investigación ni medidas administrativas adicionales, pese a que las imágenes del evento confirman que un bien estatal terminó siendo usado en un acto proselitista.
