“Estamos haciendo lo que otros no”: Sandoval defiende reestructuración de Provías con sutil ataque a ministro Pérez Reyes

Durante una conferencia, el ministro César Sandoval dio alcances sobre la reestructuración administrativa de Provías Nacional y Descentralizado, oficializada el 16 de agosto mediante la Resolución Ministerial N.º 564-2025-MTC/01. La decisión se adoptó luego de identificar “deficiencias administrativas y de gestión, debilidades críticas en los sistemas administrativos que generan riesgos en el uso de los recursos, así como limitaciones en la prestación de servicios y ejecución de encargos específicos”, según la norma publicada en El Peruano.

Sandoval aseguró que en “menos de cinco meses hemos hecho lo que otros no pudieron, o no quisieron hacer en años”. Precisó que desde el 12 de agosto se aprobó la Directiva de Evaluadores, que obliga a que los miembros de los comités de selección sean designados por criterios de especialidad y sin conflictos de interés. Asimismo, afirmó que “hemos pedido a la Contraloría que ejerza control concurrente en todos los proyectos de inversión” y que “ya estamos filtrando perfiles idóneos”.

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Casos críticos

En su exposición, Sandoval puso ejemplos concretos que grafican la magnitud de las irregularidades. El caso más sonado es el de la vía Boca del Río, en Tacna, donde el comité de selección habría filtrado información privilegiada sobre las ofertas de nueve postores. “El presidente del comité ingresó 43 veces a visualizar las ofertas antes de la evaluación”, detalló el ministro. Ante ello, el 8 de agosto se denunció el hecho a la Fiscalía Anticorrupción y, semanas después, el 3 de setiembre, se declaró la nulidad del proceso valorizado en S/ 650 millones.

En Checca–Mazocruz, Puno, la gestión anterior de Provías Nacional firmó contrato en abril sin exigir la garantía de fiel cumplimiento, pese a que ya se habían otorgado adelantos por más de S/ 32 millones. “En vez de defender al Estado, se firmó a pesar de la irregularidad”, reprochó Sandoval, asegurando que su despacho viene corrigiendo esa situación.

Algo similar ocurrió en Pasco–Tingo María (Tramo I), donde la buena pro se entregó a un consorcio impedido de contratar con el Estado. Provías Nacional declaró la nulidad en agosto, pero ahora enfrenta una medida cautelar que ordena seguir adelante con la firma del contrato, lo que mantiene la obra en un limbo jurídico.

Otro caso bajo la lupa es el del Puente Picota, en San Martín, donde se presentó documentación falsa en el proceso de supervisión. Aunque una medida cautelar buscó frenar la decisión, el 5 de agosto Provías Descentralizado declaró la nulidad y denunció penalmente al consorcio involucrado.

Finalmente, en el corredor vial Molinopampa–Huari, en Áncash, se detectaron fallas en el proceso de adjudicación y también se dispuso la nulidad para evitar mayores perjuicios.

“Estos hechos confirman que la reestructuración no es un capricho, sino una necesidad. No podíamos seguir con los mismos funcionarios y prácticas que ponían en riesgo al Estado”, enfatizó Sandoval. Sin embargo, evitó precisar qué empresas o consorcios están directamente implicados, limitándose a señalar que “todo está siendo evaluado” en el marco de la reestructuración. ¿Seguirán operando?

Pullas entre ministros

En el tramo final, Sandoval lanzó la frase que marcó la conferencia: “en menos de cinco meses hemos hecho lo que otros no pudieron, o no quisieron hacer en años”. La declaración sonó como un dardo a su antecesor, Raúl Pérez Reyes, actual ministro de Economía y miembro del mismo Consejo de Ministros.

Consultado por La República, Sandoval retrocedió: “Yo no he comprometido al ministro Pérez Reyes. Él delegó funciones y confió en sus funcionarios. Al contrario, me respalda en lo que estoy haciendo”. No obstante, varios de los casos señalados ocurrieron durante la gestión de Pérez Reyes (setiembre 2023 – mayo 2025). “Si el ministro Pérez Reyes debe responder por algo, tendrá que hacerlo”, admitió en otro pasaje.

La ruta de cambios

La resolución ministerial creó una comisión sectorial temporal encargada de evaluar los procesos críticos. El plazo clave es el 10 de octubre, cuando deberá presentarse un informe integral con resultados y medidas de corrección.

Mientras tanto, el 25 de setiembre se convocó a 16 entidades públicas —entre ellas Contraloría y organismos reguladores— para aportar recomendaciones sobre contrataciones, inversiones y selección de personal. “Ya no es entre grupitos ni entre oficinitas. Ahora participan todas las instituciones, escuchan a los funcionarios y se evalúa a cada uno. Eso significa transparencia”, subrayó el ministro.

Al cierre, evitó dar mayores detalles sobre proyectos en curso. Solo dejó una postal: “Mientras hablamos aquí, abajo hay una reunión con 16 instituciones, incluida la Contraloría, evaluando cómo va caminando la reestructuración”.