Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

Por José Víctor Salcedo Ccama

La mañana del viernes, Consettur continuó transportando turistas hacia la ciudad inca de Machu Picchu, pese a que el día anterior concluyó la concesión que tenía para operar en la carretera Hiram Bingham. A esta situación se llegó porque las autoridades no convocaron a tiempo a una licitación y la empresa se resiste a dejar el servicio. El resultado fue la confusión: una empresa sin concesión sigue trasladando turistas, las autoridades no sabían qué hacer, una empresa contratada a dedo esperaba que sus buses fueran llevados en trenes, los dirigentes exigían un nuevo concurso y, al mismo tiempo, personas allegadas a la empresa se movilizaban en Urubamba y Machupicchu para mantener el servicio.

En los papeles, nadie está autorizado para prestar el servicio; en la práctica, Consettur sigue operando. La empresa comunicó a la Municipalidad de Urubamba que continuará con las operaciones acogiéndose al silencio administrativo positivo, ya que su solicitud no fue respondida. Julián Quispe, presidente de la Junta de Accionistas de Consettur, declaró a medios locales que seguirán en la ruta hasta que se realice una licitación.

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La empresa maneja esa ruta en solitario desde hace treinta años, como un monopolio. El caso recuerda al del hotel Sanctuary Lodge de Belmond Perú: ambas ganaron la concesión en los noventa y obtuvieron ampliaciones cuestionadas. Las autoridades no hicieron esfuerzos para licitar a tiempo.

La licitación que no se hizo

El origen del problema está en la concesión de la carretera Hiram Bingham, que une el pueblo de Machupicchu con la ciudad inca. En agosto, el alcalde de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, notificó a Consettur del cese del servicio, pero no había empezado la licitación. Esa demora, dicen, sería intencional. Para Aarón Medina Cervantes, abogado y ex regidor del Cusco, Vera representó intereses de la empresa cuando anuló las autorizaciones de la anterior gestión a otras empresas y realizó un proceso de licitación que, desde su concepción, estaba mal.

Según el exprocurador anticorrupción del Cusco, Henry Delgado Urrutia, hubo improvisación y dejadez. "Hubo un doble discurso. Por un lado, señalaba que debía respetarse lo resuelto en la concesión de la ruta a favor de Consettur y, por otro, no se trabajó en promover la nueva licitación".

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Como la licitación no empezaba, el 22 de agosto, Vera propuso a la empresa Tramusa —propiedad de la Municipalidad de Machupicchu y socia de Consettur— un convenio para que se encargue del servicio a partir del 5 de septiembre. Nunca le respondieron. Entonces, con apoyo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), buscó otra salida.

En un mensaje grabado, Vera explicó un plan de contingencia para seleccionar sin concurso a empresas por desabastecimiento del servicio a Machu Picchu. La buena pro fue entregada a la empresa Inversiones San Antonio de Torontoy por cuatro meses, mientras se realiza la licitación. Esta empresa cuenta con 18 buses estacionados en la estación ferroviaria Hidroeléctrica, a la espera de ser trasladados al pueblo de Machupicchu.

Pero el plan no podía implementarse hasta que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) autorizara el ingreso de los nuevos buses a la carretera Hiram Bingham. "Invoco a que no perjudiquen todo el proceso administrativo que hemos hecho hasta la fecha", pidió el alcalde Vera. El Sernanp aprobó el pedido al día siguiente.

De acuerdo con Medina Cervantes, el informe 353 del MTC no indica contratos directos, ya que no se trata de una ruta regular, sino especial. "Este relato lo construyó Consettur para no pagar impuestos", dijo Medina. Según él, Vera "debe entregar títulos habilitantes a empresas que postulen como operadores del servicio: pueden hacerlo por licitación o mediante autorizaciones".

Falta de un plan viable

El Sernanp informó en un comunicado que recién el 5 de septiembre recibió de la municipalidad de Urubamba una solicitud de autorización para el ingreso de 18 vehículos. "La misma viene siendo atendida en el marco de nuestras competencias", señaló.

Esa misma noche, voceros y defensores del monopolio salieron al frente. Para Julián Quispe, el convenio con San Antonio de Torontoy es "irregular e ilegal" y debe ser revisado por la Contraloría y el Ministerio Público. Dijo que la Municipalidad de Urubamba carece de un plan viable.

Casi con esas mismas palabras, el alcalde de Machupicchu, Elvis La Torre, cuestionó el plan. "No creo que una empresa en dos días pueda garantizar la logística que Consettur ha construido durante 30 años". La Torre preside la Junta de Accionistas de Tramusa, socia de Consettur, y es hijo de un accionista del consorcio.

En el podcast Sin Chimeneas, César Mosqueira Prado, vocero de Consettur, sostuvo que con su experiencia en la ruta era improbable que otra empresa les ganara en una licitación. "No hemos recurrido a ninguna acción que sea ajena al ordenamiento legal; hemos tratado de que la municipalidad lleve el proceso de licitación. En enero les hemos cursado una carta notarial para que cumplan con los informes previos del MTC y Sernanp", dijo.

Este diario pidió una entrevista con un vocero de la empresa, pero no hubo respuesta. El sábado, un bus de Consettur fue atacado por desconocidos cuando iba a retirar a pasajeros de la ciudad inca. Debido a ello, la empresa anunció que suspenderá sus operaciones a partir de hoy, 7 de septiembre. No hubo servicio hasta las diez de la mañana, pero luego todo se normalizó con protección policial. Ahora, la empresa dice que sus operaciones se realizan con normalidad, pese a que no tiene contrato vigente.

La mala fama

En tres décadas, Consettur no construyó una terminal: usa la calle como paradero de salida y llegada. La empresa dice que cuenta con una infraestructura con talleres, grifos y maestranza por unos 50 millones de soles. En ese tiempo también impidió el ingreso de empresas competidoras. Usó acciones legales o firmó contratos de asociación con empresarios locales que peleaban por competir. Cedía uno o dos cupos en su flota de 24 buses. Consultado en Sin Chimeneas sobre la conducta poco amigable de Consettur con la competencia, Mosqueira Prado no respondió.

La empresa no pagó el IGV durante un periodo y se niega a pagar unos 55 millones de soles, aunque cobra hasta 24 dólares por un recorrido de siete kilómetros. En Cusco, un bus urbano cobra 2,5 soles por una distancia que duplica o triplica ese recorrido. La Sunat inició un proceso coactivo, frenado por la empresa con acciones judiciales.

Además, en 2018 accionistas de Waynapicchu, socia de Consettur, fueron denunciados por cohecho. Según la Fiscalía, pagaron un soborno de 50.000 dólares a la entonces jueza de Santiago (Cusco), Bonny Eve Gamarra Flores, para obtener un fallo en un proceso de amparo que impidiera el ingreso de nuevos operadores a la carretera Hiram Bingham. La Fiscalía sostiene que el pago se hizo a través del abogado, Patrick Pérez Deza. En diciembre de 2022, Gamarra y Pérez pasaron a la clandestinidad cuando un juez dictó nueve meses de prisión preventiva en su contra.

Treinta años después, sin contrato ni concesión, los buses del monopolio de Consettur siguen operando en la carretera Hiram Bingham por negligencia de las autoridades.