Congreso: Comisión de Constitución debate HOY predictamen a favor de la impunidad de policías y militares

La Comisión de Constitución debatirá este 10 de junio un predictamen que propone la creación de una ley para conceder amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y los años 2000. De ser aprobado, el dictamen pasará directamente al Pleno del Congreso, que podría promulgarlo antes del próximo cierre de la legislatura.

La iniciativa ha generado polémica, ya que el texto no establece criterios claros para determinar qué acciones pueden considerarse parte de la "lucha contra el terrorismo". Esto abre la posibilidad de que diversos abusos de poder y delitos de lesa humanidad atribuidos a miembros de estas instituciones sean interpretados como parte de dicho contexto, lo que implicaría su blindaje e impediría que sean juzgados adecuadamente. El predictamen será debatido en la comisión presidida por Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular.

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Este predictamen tiene su origen en un proyecto de ley N° 7549 presentado por el congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia). En su exposición de motivos, Montoya sostiene que los crímenes cometidos por las fuerzas del orden y por los grupos subversivos no pueden ser juzgados bajo los mismos parámetros.

"(...) el 100 % de los hoy procesados por lamentables hechos violatorios de los derechos fundamentales de peruanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo no intervinieron de manera espontánea o por interés propio, sino en cumplimiento de deberes funcionales propios de sus respectivas actividades militares, castrenses, policiales o de gobierno que detentaban en aquel entonces. En cambio, los subversivos declararon la guerra al Estado y la sociedad peruana por intereses de poder e inspiración ideológica, con la pretensión de instalar una tiranía que, bajo el pretexto de la justicia social, pretendía hacer tabla rasa del Estado de Derecho y del modelo republicano, democrático, social, independiente y soberano (...)", se lee en el documento.

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No es la primera vez que el Congreso legisla a favor de la impunidad en estos casos

Anteriormente, el Congreso —a través de los congresistas Fernando Rospigliosi y José Cueto (Honor y Democracia)— protagonizó un episodio de impunidad vinculado al conflicto armado interno. Esto ocurrió con la promulgación de la denominada "Fujiley", una norma que establecía la prescripción de los crímenes de lesa humanidad. La ley fue duramente criticada por organismos nacionales e internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos, así como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió medidas provisionales que fueron desatendidas por el Ejecutivo. La norma fue aprobada por la Comisión Permanente durante el receso parlamentario, lo que permitió considerarla como aprobada sin haber sido debatida en el Pleno.

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La propuesta impulsada entonces por Rospigliosi y Cueto buscaba beneficiar principalmente a personas procesadas o condenadas por violaciones graves a los derechos humanos ocurridas durante las décadas de 1980 y 1990. Bajo el amparo de dicha norma, estas personas podrían solicitar la nulidad de sus sentencias o la cancelación de procesos judiciales aún en curso. De este modo, se configuraba un retroceso en la lucha contra la impunidad, al debilitar el marco legal que ha permitido juzgar estos crímenes sin límite temporal.

Es importante recordar que los delitos de lesa humanidad son considerados imprescriptibles precisamente por la complejidad de sus investigaciones y la gravedad de sus consecuencias, lo que permite que puedan ser juzgados incluso décadas después. No obstante, el proyecto planteaba que los crímenes cometidos antes del 1 de julio de 2002 —fecha en que el Perú se adhirió al Estatuto de Roma— no podrían ser calificados como tales. A pesar de las observaciones técnicas, el Gobierno decidió no consultar a la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y se limitó a considerar la opinión de otra oficina, que declaró la norma viable, aunque con reservas.