
Congreso pagará defensa legal de Elvis Vergara, parlamentario investigado por caso Los Niños
De resultar responsable en la investigación por presunta organización criminal y tráfico de influencias, el congresista y vocero de Acción Popular deberá reembolsar el costo total de su defensa y asesoramiento.
- Congresista de APP defiende a su líder César Acuña por viaje a Europa: "Es un momento de reposo para analizar la situación"
- RMP sobre nuevo dictamen que permite hacer campaña política a congresistas: "Ni con semana de representación los van a reelegir"

El Congreso pagará la defensa legal del parlamentario y vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, investigado por el caso Los Niños, presunta organización criminal que habría protegido al entonces presidente Pedro Castillo a través de votos en el Parlamento. La Fiscalía de la Nación incorporó a Vergara Mendoza en el caso Los Niños (Caso 204-2022), en la investigación preliminar por el supuesto delito de organización criminal y tráfico de influencias agravado que el parlamentario habría cometido estando en ejercicio de su función.
'Los Niños', el grupo criminal dedicado al manejo de votos en el Congreso
Según la hipótesis del Ministerio Público, Pedro Castillo y sus aliados consiguieron mantener el control sobre diversos organismos del Estado e instituciones gracias a 'Los Niños', una organización criminal dedicada al manejo de los votos dentro del Congreso que tenían un objetivo: proteger a Castillo Terrones y su Gabinete ministerial. A cambio, los congresistas habrían recibido oficinas públicas descentralizadas y el control de las carteras ministeriales.

El Congreso financiará la defensa legal y el asesoramiento del congresista Elvis Vergara. Foto: Congreso.
La investigación precisa que los parlamentos habrían ofrecido votar en contra de las mociones de vacancia y censura que se presentaron en el Congreso contra Castillo Terrones y sus ministros. Además de Elvis Vergara, el expresidente Pedro Castillo y 12 congresistas son investigados por el caso ‘Los Niños’. Los parlamentarios son: Darwin Espinoza, Ilich López, Hilda Portero, Juan Carlos Mori, Raúl Doroteo, Edwin Martínez, José Arriola, Luis Aragón, Wilson Soto, Jorge Luis Flores, Silvia Monteza y Carlos Zeballos.
Estos políticos -según sospechan las autoridades- habrían estado vinculados a 'Los Niños', un grupo criminal señalado por la Fiscalía de intentar influir en decisiones legislativas y gubernamentales a cambio de "beneficios personales".
Solicitan al PJ levantar secreto bancario de investigados
El último 5 de abril, la Fiscalía de la Nación pidió al Poder Judicial levantar el secreto bancario de Pedro Castillo y de los 13 congresistas mencionados en una investigación. El pedido fue presentado por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, con el objetivo de acceder a información financiera clave para el caso.
Según el Ministerio Público, tanto el exmandatario como los legisladores estarían vinculados a posibles actos ilícitos. La medida busca confirmar si hubo enriquecimiento indebido u otros delitos relacionados con corrupción o tráfico de influencias. El periodo investigado va del 28 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2022.
La Fiscalía presentó un pedido para levantar el secreto bancario por el periodo del 28 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2022, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. El juez supremo Juan Carlos Checkley recibió la solicitud y fijó una audiencia virtual privada para el pasado 8 de abril a las 3:00 p. m., con la participación de todas las partes.
Maricarmen Alva propone que funcionarios públicos financien su defensa legal
El último 29 de mayo, la congresista María del Carmen Alva presentó un proyecto de ley que busca establecer que el Estado reembolse únicamente los gastos legales a los servidores civiles siempre y cuando, al final del proceso judicial, penal o administrativo, "no se les declara responsables".
Cómo indica en su iniciativa la expresidenta del Congreso, con esta medida se busca asegurar el principio de legalidad y responsabilidad en la administración pública, proteger al servidor inocente y optimizar el uso de recursos públicos, evitando gastos innecesarios en defensa de servidores que resulten responsables judicialmente.