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Política

Koki Noriega, presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales: “Las regiones no tenemos la autonomía de tomar decisiones de fiscalización y formalización minera”

En el debate sobre lo pernicioso de mantener la vigencia del Reinfo, los Gobiernos regionales han sido señalados por su incapacidad para fiscalizar a la minería informal y hacerle frente a la minería ilegal. Koki Noriega, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), responde a estos dichos y asegura que las competencias que le otorga el Gobierno central son restringidas. 

Koki Noriega lamenta la desactivación de los movimientos regionales propiciada por el Congreso. Fotografía: ANGR
Koki Noriega lamenta la desactivación de los movimientos regionales propiciada por el Congreso. Fotografía: ANGR | ANGR

El Registro Integral de Minería Informal (Reinfo) tiene más o menos una década, y no ha dado muchos resultados. La primera pregunta que quería hacerle era esa. ¿Son los gobernadores regionales los responsables de este fracaso?

Una cosa muy puntual, la descentralización en el Perú ha quedado trunca. Las competencias que nos han otorgado, específicamente en el sector de formalización minera, a partir de direcciones regionales, no se han completado porque hay organismos que, para que esto pueda caminar de la mejor manera, dependen del Gobierno central. ¿Cuáles son estos organismos? Por ejemplo, la ANA (Autoridad Nacional del Agua), cuya opinión es vinculante para el permiso de lo que es impacto ambiental. En el Gobierno central demora de cuatro a seis meses otorgar el permiso. También está OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), que depende del Ministerio de Ambiente. Pareciera que nos dan las competencias, pero nos tienen amarrados. Hay muchos organismos muy centralizados y creo que eso es lo que desde el Gobierno central se ve como un fracaso. Y lo que nosotros pedimos, en vez de recentralizar las competencias, es que se fortalezcan.

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Gobernador, quiero entenderlo, porque cuando ocurrió la lamentable tragedia de Pataz, ustedes sacaron un comunicado y usted mismo dijo que era mejor tener mayor presencia del Estado en estas zonas, incluso que se instalara una base militar. Ahora que el Gobierno quiere tomar el control de la fiscalización minera, ustedes ya no quieren, ya no quieren Estado.

No. Acá hay dos cosas diferentes. Una cosa son las competencias que nosotros tenemos y otra es la presencia del Estado. La presencia del Estado es en distintos niveles: Gobierno central, regional y lo que es el Gobierno local. En este caso, lo que nosotros pedimos a nivel de Pataz fue exclusivamente la presencia del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa para poner orden, no otra cosa.

Efectivamente, ustedes tienen a cargo la fiscalización de la minería informal. ¿Diría que han sido eficientes en estos diez años?

Con muchas dificultades. El presupuesto que se nos ha destinado es mínimo, para poder nosotros hacer nuestra competencia. Para nosotros que tenemos en Áncash cuatro mil Reinfos, ¿sabes cuánto es el presupuesto que nos dan? Un millón (de soles). Y con un millón no podemos nosotros fiscalizar a los 4.400 Reinfos inscritos. Y así es en todas las regiones.

¿Cuánto personal tiene destinado usted para la fiscalización de la minería informal?

Un promedio de doce a quince profesionales.

¿Y cuánto de su presupuesto destina?

Un millón cien mil soles, exactamente.

36 mineros formalizados en Áncash

¿Hay un registro de cuántos mineros se formalizaron en Áncash en este tiempo?

Sí, al año 2023, teníamos 36 formalizados.

Es poco, ¿no?

Es poquísimo. Pero reitero, Emilio, que todavía las competencias dependen del Gobierno central. O sea, pareciera que la responsabilidad está en los Gobiernos regionales, y no es así. Vuelvo a decirte, ANA, que tiene una opinión vinculante para lo que es el impacto ambiental, está dentro del Gobierno central. O sea, dependemos de ellos. Entonces, no es que nosotros tengamos todavía la autonomía de tomar decisiones de fiscalización y formalización minera. ¿Por qué? Porque esta descentralización ha quedado trunca. ¿Sabes cuántos expedientes ahorita están en proceso de formalización a nivel de todo el Perú? De todos los Reinfos, son 16.000 expedientes que tendrían que pasar al Gobierno central. ¿Y tú crees que los 16.000 se agilizarán pasando a Lima? Es imposible. Sería un desorden y abandono total en todas las regiones.

¿Y usted está de acuerdo en que mientras estos expedientes estén pendientes de formalización, el Reinfo siga abierto?

Nosotros nos pronunciamos el año pasado y fuimos muy tajantes. Nosotros lo que queremos es que ya convoquen a todos los sectores y el MAPE (la ley de minería artesanal y de pequeña escala) se apruebe de una vez. Porque este Reinfo ha servido como paraguas para los mineros informales, porque no tienen las reglas claras. Entonces, les otorgaban la ampliación y seguían operando, pero afectaban el medio ambiente. Nosotros siempre hemos reclamado que no haya más ampliación de Reinfos. Lo que pedimos es que se convoque a todos los actores. En este caso, Gobiernos regionales, direcciones regionales, a la Federación Mineros del Perú, a la industria minera, para que de una vez por todas podamos solucionar este problema con una ley MAPE.

Las plantas de beneficio de mineral

Ahora, ¿qué pasa con la fiscalización a las plantas de beneficio de mineral? Ustedes también están encargados de eso.

Mira, a veces la minería informal tiene más recursos económicos y contrata a los mejores profesionales. También ahí tienen que intervenir algunos sectores que no dependen de las regiones. Me refiero al Ministerio Público, específicamente. También la Policía, pero la corrupción ha tocado fondo, Emilio.

¿Hay actos de corrupción en Áncash? ¿Hay gente que ha sido sobornada por la minería informal o minería ilegal para que no se fiscalice el cargamento que pasa por las plantas de beneficio?

Ayer conversaba con un representante de uno de los gremios y decía que, en todo el trayecto, para que puedan llegar sus insumos, pagaban coimas. Mira lo que ha pasado en Pataz, salen cientos y cientos de volquetes que van hasta Nazca. Imagínate, en el camino está la Policía, el Ministerio de Medio Ambiente, Sunat, ¿cómo llegan?

¿Cuántas plantas de beneficio hay en Áncash?

No tengo el dato exacto.

¿No lo tiene? ¿No lo conoce?

No, tengo entendido que la universidad tenía dos, Mesapata y Jangas, y hay otros dos o tres particulares más, máximo cuatro.

¿Pero cómo hacer fiscalización si la autoridad regional no conoce cuántas plantas hay?

Mira, yo soy el titular del pliego y vuelvo a decirte que de la universidad había dos y más los privados había un promedio de cuatro a cinco.

En contra del Reinfo hereditario

Gobernador, lo del Reinfo hereditario fue el escándalo del inicio de esta semana, se entendió que lo que se quería era prorrogar la vigencia del Reinfo de otra manera, pasándoles la inscripción a los herederos de la persona que hizo ese trámite. ¿Algo de esto fue coordinado con ustedes o todo esto fue una cosa unilateral?

En absoluto. Nosotros, desde que la ley salió, esperábamos que nos convocara el sector. Y no entendemos esta reglamentación donde el Reinfo es hereditario. Estuvimos totalmente en contra de esta situación porque las concesiones mineras no deben ser eternas. Imagínate si los (Reinfos) hereditarios hubieran tenido muchos hijos o personas involucradas, nunca se formalizarían, sería un problema social, y pedimos al sector que se pronuncie. Creo que el ministro ya ha sido explícito en que van a aclarar esta situación.

Ahora, hay un punto que tiene el Gobierno que es atendible. Es el siguiente: cuando termina la operación minera y se debe cerrar, y eso coincide con la muerte del titular, si el Reinfo no sigue vigente, ¿quién se encarga de la remediación ambiental?

Cuando se trata de sociedades anónimas y se rigen de acuerdo a la Ley General de Sociedades, ahí no se habla de algo hereditario, ahí se habla de derechos. Entonces, imagino que, si uno es accionista o socio, definitivamente, sabe quién va a suceder al titular. Entonces, ahí tienen que asumir su responsabilidad. Acá, el problema es cuando se trataba de personas naturales.

Ahora, pidieron, como le recordé hace un momento, la instalación de una base militar en Pataz, porque la situación es gravísima. ¿Qué pasaría si ocurre un atentado, unas muertes similares a las de Pataz en otro punto del territorio? ¿Pedirán lo mismo? ¿Esa es la solución?

Nosotros ya hemos pedido como una agenda nacional, los 25 gobernadores, que el Estado tome como prioridad la inseguridad ciudadana en el Perú. O sea, un sector es la minería, pero hay muchos sectores también, el transporte, por ejemplo. Vemos a nuestros hermanos de transporte con la incertidumbre de salir a trabajar todos los días. Pero, te digo, hasta en la seguridad nosotros tenemos una competencia limitada, solamente tenemos acciones administrativas.

Vi una declaraciones del exministro de Energía Carlos Herrera. Se las voy a leer. Él dice: “El problema del Reinfo, en realidad, no es la pequeña minería, la minería artesanal ni informal, sino que la minería ilegal utiliza el paraguas del Reinfo para adquirir explosivos, combustibles, sustancias químicas y luego proceder a la venta del oro”. ¿Ustedes están en capacidad de impedir que esto ocurra con los recursos que tienen?

Mira, vuelvo a decirte, acá los Gobiernos regionales tenemos la función administrativa, pero también hay entes competentes que no vemos que asuman su responsabilidad. La Sunat, por ejemplo, tiene que asumir como ente rector de la recaudación tributaria, y ver cómo apoya a esa informalidad para que pueda pagar impuestos

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