Gobierno de Dina Boluarte promulga ley que modifica la extinción de dominio y beneficiaría a corruptos
Tanto el Poder Judicial como la Fiscalía habían exigido al Congreso y al Ejecutivo que reconsideren los cambios, pues serían perjudiciales para la lucha contra el crimen.
- Susel Paredes se pronuncia sobre posible viaje de Dina Boluarte al Vaticano para reunirse con León XIV: "Hay que ser sinvergüenza"
- Pedro Castillo EN VIVO: continúa audiencia de juicio oral contra expresidente por fallido golpe de Estado
El Gobierno de Dina Boluarte promulgó la ley que modifica la norma existente de extinción de dominio, pese a que tanto el Poder Judicial como la Fiscalía pidieron que los cambios sean reconsiderados, pues beneficiaría a los corruptos.
Con los cambios aprobados por el Ejecutivo, ahora el proceso de extinción de dominio está sujeto a una sentencia firme. Si bien, se hace la excepción de esto para las siguientes actividades ilícitas penales: tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal, estafa y delitos informáticos contra el patrimonio, hay muchas otras que quedan fuera.
Actualmente, en los procesos de extinción de dominio, el poseedor debe probar la legalidad del bien, pero con esta reforma esa exigencia desaparecería. Asimismo, la iniciativa plantea excluir delitos como corrupción, lavado de activos y crimen organizado del ámbito de aplicación de la norma, lo que podría beneficiar a políticos investigados como Vladimir Cerrón, Fredy Hinojosa, entre otros.
Fiscalía y el Poder Judicial rechazan la ley modificada de extinción de dominio
Al respecto, el Ministerio Público alertó sobre la posibilidad de que personas involucradas en actos de corrupción conserven bienes obtenidos de manera ilegal, así como una menor capacidad del Estado para recuperar estos activos. Esto, a su vez, impactaría negativamente en la economía nacional y desalentarían las inversiones en el país, contribuyendo a un clima de impunidad frente a delitos graves.
Por su parte, el Poder Judicial también ha manifestado su rechazo ante esta reforma. A través de un comunicado, expresó su inquietud por los cambios propuestos, argumentando que estos vulneran compromisos asumidos por el Perú en la lucha contra el crimen organizado a nivel internacional. Si bien reconocen la intención de mejorar los procedimientos relacionados con la recuperación de bienes de origen ilícito, consideran que las modificaciones carecen de rigor técnico y podrían debilitar una herramienta clave contra actividades delictivas como la corrupción, el lavado de dinero y el narcotráfico.
Uno de los cambios más controvertidos es la eliminación del requisito de que el acusado justifique la procedencia legal de sus bienes. Y es que, como se mencionaba anteriormente, con la reforma, bastaría con que el fiscal presente indicios de origen ilícito, pero la extinción de dominio solo procedería si existe una sentencia penal firme. Esto limitaría su aplicación y excluiría casos relacionados con infracciones administrativas, como delitos ambientales. Además, se establecería un periodo de prescripción de apenas cinco años, lo que podría favorecer a quienes buscan ocultar bienes ilegales por medio del paso del tiempo.
