Janet Tello criticó que el Senado elija a jueces supremos, pero María de Carmen Alva se opone: "Así era en los 80, estaba mi tío"

Durante la sesión de la Comisión Especial en el Congreso, encargada de evaluar la propuesta de la reforma integral del sistema de justicia, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y la congresista María del Carmen Alva protagonizaron un polémico intercambio de palabras.

En un momento, Tello Gilardi se mostró en contra de la iniciativa legislativa que otorga al próximo Senado la facultad de elegir a los miembros de la Corte Suprema; es decir, a los jueces supremos encargos de impartir justicia. Por ello, la titular de la entidad judicial calificó la propuesta como un "retroceso para el Perú".

"Que el Senado elija a los jueces supremos, en Comisión de Constitución, esto sería un retroceso tan grande a nuestro país que es considerado un ejemplo de democracia y, sobre todo, de la separación de poderes, en tanto los jueces no son elegidos por los congresistas", sostuvo.

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Sin embargo, la parlamentaria no agrupada se opuso y recordó que en la década de 1980 no era así cuando su tío Javier Alva Orlandini era congresista.

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"Así era en los ochenta, así era en los ochenta, yo no puedo decir nada porque ahí estaba mi tío Javier (Alva Orlandini). Así era en los ochenta y la verdad que creo que el Poder Judicial tuvo un nivel… eso ya cambió, pero eso estaba ahí, y en Chile es así también, en un montón de países", comentó.

No obstante, Janet Tello replicó y volvió a resaltar que, según aseguró, el Perú es un ejemplo de democracia debido a que los jueces son elegidos por una entidad autónoma y no por el Congreso.

"Por eso es que Perú es un modelo de democracia, es el ejemplo, siempre nos toman como ejemplo porque el órgano que elige a los jueces es un órgano autónomo, que haya habido problemas con la elección de los miembros, es otro cantar", sentenció.

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Perú Libre busca capturar el sistema judicial

La discusión sobre la elección de fiscales y jueces es impulsada en un Congreso que pretende tener injerencia sobre el sistema judicial.

Perú Libre, una de las bancadas aliadas de la coalición que gobierna el Parlamento, impulsa un proyecto de ley para que el Senado elija a los fiscales y jueces supremos. El autor de esa iniciativa es el congresista cerronista José Balcázar.

El proyecto recorta las facultades de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución encargada de nombrar fiscales y jueces, y se las otorga al Congreso bicameral, que a través de la Cámara de Senadores tendría esa potestad.

A partir del 28 de julio del 2026, el Congreso será bicameral. El cerronismo pretende cambiar las reglas de juego sobre el sistema judicial. La propuesta de Balcázar es polémica porque los fiscales y jueces supremos llevan los casos contra altos funcionarios, entre ellos los parlamentarios.

Así, de aprobarse la iniciativa de Perú Libre, el Congreso tendrá el poder de elegir a quienes los investigan.

Van siete leyes que restringen la persecución del delito

Sin embargo, esta no es la única legislación que podría afectar a la ciudadanía. La primera norma que aprobó este Congreso para promover la impunidad fue la llamada Ley Soto (31751). La norma consiste en la manipulación de los plazos de prescripción para salvarse de determinados procesos y Alejandro Soto fue el primer beneficiado, en un juicio por estafa. Luego el prófugo Vladimir Cerrón intentó acogerse a la ley.

Luego, el 21 de marzo fue promulgada la ley 31990, que debilita el sistema de colaboración eficaz. El cerronista Américo Gonza fue el responsable de promover esta norma, desde la Comisión de Justicia, a partir de un proyecto antiguo de María Cabrera (hoy aspirante a la JNJ).

El Parlamento también sacó la ley 31989 que hace reajustes a la Ley Contra el Crimen Organizado e impide a los policías a incautar artículos ilícitos de la minería ilegal.

También salió la ley 32054, que excluye a los partidos de toda responsabilidad penal. Coincidentemente, la Fiscalía investigaba a Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular y Podemos Perú por organización criminal. Esta ley fue posible gracias a dictámenes del fujicerronismo que dirige las comisiones de Constitución y Justicia.

El Parlamento también sacó la ley 32017, que establece la impunidad para los terroristas y exmilitares o otros funcionarios del Estado que cometieron delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno de los años ochenta y noventa. Se trata de la ley impulsada por el fujimorista Fernando Rospigliosi y José Cueto (Renovación Popular).

En toda esta dinámica de impunidad, las leyes 31990, 32107 y 32108 fueron promulgadas directamente por el Congreso, mientras Dina Boluarte decidió no formular observaciones.