Eduardo Salhuana firma autógrafa de ley que somete a las ONG: norma ya está en manos de Dina Boluarte

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, firmó la autógrafa de la ley que modifica las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y somete a las organizaciones no gubernamentales (ONG). A través de sus redes sociales, Salhuana anunció la medida como una medida positiva para "garantizar" el correcto uso de los recursos del Estado.

"Hoy firmé la autógrafa de la ley que fortalece las funciones de la APCI para supervisar y fiscalizar con mayor eficacia a las ONG. Esta norma es un paso firme para garantizar el uso de recursos en bien del desarrollo del país", se lee en la publicación del presidente del Congreso en la que aparece junto a María Acuña. Ambos sonrientes.

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Congreso da golpe contra las ONG a través de ley que somete su financiamiento y persigue sus actividades

Sin embargo, la norma ha generado una ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional, pues diversos sectores consideran que atenta contra la sociedad civil y su financiamiento. El pasado 12 de marzo, con 81 votos a favor el Pleno aprobó la ley. La iniciativa dice otorgar mayores facultades a la APCI para fiscalizar las actividades de las ONG que reciben Cooperación Técnica Internacional (CTI).

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Pero, según los opositores a la medida, el verdadero propósito de la norma es restringir el trabajo de las organizaciones que denuncian violaciones de derechos humanos y promueven la justicia social. Fuentes de este medio en el Ejecutivo informaron que la norma ya se encuentra en manos de Dina Boluarte y estaría siendo oficializado en las próximas horas.

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¿De qué trata la modificación a la Ley APCI?

Uno de los puntos más críticos de la modificación a la Ley N.º 27692 es que la APCI tendrá el poder de vetar actividades financiadas con fondos de la CTI. Según el nuevo marco normativo, todas las acciones de las ONG deberán contar con la aprobación previa del organismo estatal, bajo riesgo de sanciones que incluyen multas millonarias o la cancelación de su registro.

Expertos en derechos humanos han alertado que esta medida podría ser utilizada de manera arbitraria para censurar iniciativas que incomoden al gobierno de turno. Además, se cuestiona si la APCI tiene la capacidad logística para analizar el trabajo de todas las organizaciones que dependen de la CTI, lo que podría generar demoras perjudiciales para las comunidades beneficiarias.