Huancayo: 35 militantes del Partido Humanista obtienen plazas en concurso CAS de la Municipalidad
El Partido Humanista fue fundado por Dennys Cuba Rivera, quien actualmente se desempeña como alcalde de Huancayo. Las contrataciones podrían evidenciar un favorecimiento a sus compañeros de partido.
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Más de la mitad de los ganadores del proceso de contratación CAS 001-2025 de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) son militantes del Partido Humanista Peruano, fundado por el actual alcalde Dennys Cuba Rivera. Una revisión de la lista de seleccionados reveló que al menos 35 postulantes afiliados a dicho partido han obtenido plazas en repetidas ocasiones en los concursos CAS de la municipalidad. Además, 32 de ellos prestaron servicios entre 2023 y 2024, generando un gasto municipal superior a los 300 mil soles. El hallazgo fue reportado por el portal InfoAndes.pe.
Entre los beneficiarios destacan Ysolina Ricse Chuquillanqui, quien recibió 59 mil soles; Clemente Solano Wendy Estefany, con 41 mil soles; Sergio del Águila Feliciano, con 22 mil 800 soles; y el antropólogo Ramos Pérez Yordi, con 48 mil 600 soles. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso de contratación y el posible favorecimiento a militantes del partido del alcalde, lo que podría indicar un uso indebido de los recursos municipales para beneficiar a su agrupación política.
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La Municipalidad de Huancayo lidera los rankings de corrupción de la Contraloría
De acuerdo con el Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) elaborado por la Contraloría General del Perú, la Municipalidad de Huancayo presenta un alto nivel de corrupción. El informe de la Contraloría señala que la municipalidad de la ciudad de Junín alcanza un 95% de corrupción, el mismo porcentaje que registran otras municipalidades como las de Huamanga, Huánuco y Tumbes.
En cuanto a su puntaje INCO, indicador utilizado por la Contraloría General de la República para evaluar el nivel de corrupción dentro de una institución, la municipalidad liderada por Dennys Cuba ha registrado un aumento considerable. Mientras que en 2023 obtuvo 67.1 puntos en este índice, en 2024 la calificación se elevó a 82.3, aumentando más de 10 puntos en solo un año. Los registros de la capital de Junín generan mayor resonancia luego de que se revelaran las contrataciones irregulares dentro de su municipalidad.
El Congreso tiene prácticas similares
El favorecimiento a terceros relacionados no es exclusivo de los gobiernos locales. Una investigación realizada por Ojo Público reveló que alrededor de 20 legisladores tienen familiares que fueron sancionados por realizar contrataciones irregulares con el Estado entre 2023 y 2024. Dentro de este grupo se encuentran parientes de congresistas pertenecientes a las bancadas de Fuerza Popular, Bloque Magisterial, Podemos Perú y Honor y Democracia. Las sanciones impuestas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) inhabilitaron a varios de ellos, en algunos casos de manera permanente, debido a conflictos de interés por su relación filial con los congresistas y a la vulneración de la Ley de Contrataciones.
El informe detalla múltiples casos, entre ellos el del congresista Miguel Ángel Ciccia (Renovación Popular), cuyo hermano Luis Miguel Ciccia obtuvo un contrato por 136,456.62 soles con Turismo CIVA S.A.C. También se menciona a José Antonio Cornejo Acevedo, cuñado del parlamentario Abel Reyes (Perú Libre), quien recibió hasta 11 sanciones por contratos con la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Además, cinco proveedores vinculados a Fuerza Popular fueron sancionados, incluyendo empresas en las que familiares de congresistas como Tania Ramírez García y Mery Eliana Infantes Castañeda figuran como accionistas.
Otro caso relevante es el de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), que en mayo de 2023 fue sancionada por un contrato con la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa, aunque posteriormente la penalidad fue suspendida por orden judicial. Finalmente, el informe también identificó que, desde julio de 2021, al menos 38 familiares de legisladores han obtenido contratos con el Estado, aunque no todos estos casos derivaron en sanciones.
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