Julio Demartini es contratado como asesor en el Mincetur en medio de solicitud para que no salga del país
Luego de ser voceado como embajador político del Perú en el Vaticano, el exministro de Desarrollo e Inclusión Social será asesor en la cartera liderada por Úrsula León.
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Luego de ser mencionado como posible embajador político de Perú en el Estado del Vaticano, Julio Demartini ha asumido un nuevo cargo. El exministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ha sido designado asesor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), liderado por Úrsula León. Este nombramiento se da en medio de las acusaciones en su contra por el caso Qali Warma, motivo por el cual la Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial que se le impida salir del país.
La información fue revelada por el propio exministro durante la última audiencia del caso Qali Warma. Demartini ocupará un puesto dentro del ministerio y, como asesor, percibirá un salario aproximado de S/ 15.000, de acuerdo con los montos habituales para profesionales contratados bajo el régimen correspondiente en esta área.
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Los detalles del nuevo trabajo de Demartini
La República contactó al abogado Fernando Silva, defensor de Demartini, para conocer más detalles sobre su incorporación al Mincetur. Silva confirmó que su cliente fue contratado en marzo de este año bajo la modalidad de Fondo de Apoyo Gerencial (FAG).
Consultado sobre el salario y la duración del contrato, el abogado evitó brindar detalles. Asimismo, al ser preguntado si se trataba de un puesto de confianza, explicó que se trata de una "locación de servicios regular", por lo que no necesariamente responde a dicha categoría. También se le preguntó si este nuevo empleo formaba parte de una estrategia para evitar una posible prohibición de salida del país o una eventual prisión preventiva en caso de que la Fiscalía avance con sus pesquisas, dado que el exministro podría alegar arraigo laboral para impedir dichas medidas. Silva negó esa posibilidad y afirmó que la denuncia será archivada próximamente.
Un nuevo contrato en medio de un pedido de impedimento de salida del país
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado al Poder Judicial que se prohíba a Demartini salir del país por un período de nueve meses. Esta medida responde a una investigación en su contra por presunta obstrucción a la justicia y negociación incompatible en el caso Qali Warma. Al exministro se le atribuye la posibilidad de escapar de la justicia, siendo nombrado embajador político del Perú en el Vaticano como fue voceado en los últimos días.
La sesión se realizó de manera virtual a través de la plataforma Meet y contó con la participación obligatoria de representantes del Ministerio Público, Demartini y su defensa legal. Durante la audiencia, el exministro aseguró que su prioridad es "quedarse en el Perú": "Estoy bastante consternado. Llevo más de 30 años en el ejercicio de la función pública. Soy un especialista en esta materia. (…) Llegar a ser ministro de Estado es un honor altísimo para cualquier profesional. Uno no llega a ser ministro de Estado para estar involucrado en hechos de este tipo. No voy a ser ministro para que los hechos se vean de una manera bastante antojada", declaró Demartini en su defensa.
El fiscal Marcial Paúcar, representante de la institución liderada por Delia Espinoza, defendió el pedido de prohibición de salida del exministro por nueve meses, argumentando que el anuncio del nuevo nombramiento de Demartini como embajador ante el Vaticano fue realizado por el primer ministro Gustavo Adrianzén.
"Respecto a esta posible designación en el Vaticano, no es un hecho menor (...). Se busca que la norma procesal ampare lo que se conoce como hechos públicos y notorios. Se trata, nada menos, de la transcripción de una conferencia de prensa brindada por Gustavo Adrianzén. Estas declaraciones provienen de un funcionario público. No es algo menor. Esto se conjuga con el récord migratorio y las posibilidades (de Demartini) de establecer arraigo en el extranjero", declaró el fiscal.
Luego de escuchar las declaraciones de ambas partes, el juez supremo, Juan Carlos Checkley, encargado de evaluar el pedido de la Fiscalía, anunció que hará pública la decisión por medio de la resolución correspondiente a ser publicada.
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