Diego Bazán intenta deslindarse de la reapertura del Real Plaza Trujillo en 2023: asegura que fue a otro centro comercial
Congresista alegó haberse referido a otro centro comercial ubicado en esa ciudad y dijo no velar por intereses privados.
- Vocero de motociclistas: "José Jerí repite las mismas medidas populistas de Dina Boluarte frente a la inseguridad"
- JEE Cusco declara improcedente postulación de congresista Luis Aragón a la Cámara de Diputados por Avanza País
El congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, declaró respecto a las acusaciones en su contra por supuestamente haberme apoyado a la re apertura de Real Plaza en Trujillo. Bazán refirió que en el año 2023 "alzó la voz" luego de que asesinaran a Hugo Chávez Loyola, criminal cajero de una facción de 'Los Pulpos' en el Mall Aventura Plaza, por lo que señala que es una confusión entre los dos establecimientos.
" Yo levanto mi voz sobre el asesinato que se dio en Mall Aventura Plaza en Trujillo, que es un centro comercial distinto (...) jamás he presionado para que alguna autoridad abra el centro comercial o para que favorezca a algún privado. Me manifesté porque trabajadores se comunicaron conmigo indicando que la medida era arbitraria", comentó.
TE RECOMENDAMOS
TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Dina Boluarte al gobernador regional de Apurímac: "Aproveche que su paisana es presidenta"
Acerca del proyecto de ley que presento la congresista de Avanza País, Adriana Tudela, que tenía como finalidad ampliar la vigencia de los certificados de inspección técnica de seguridad de edificaciones, Bazán dijo no haberla apoyado.
"Tenía observaciones porque el tema no es alargar o pedir después de unos años la renovación del certificado. El tema de fondo es que las instituciones que entregan los certificados están envueltas en corrupción", sostuvo.
¿Por qué no se pudo clausurar el Real Plaza de Trujillo? Esto dice la ley que limitó el cierre
La caída del techo del Real Plaza Trujillo el 21 de febrero, que dejó 8 fallecidos y más de 80 heridos, ha desatado cuestionamientos sobre la falta de clausura preventiva del centro comercial. Investigaciones revelan que leyes impulsadas por el Congreso y promulgadas por el Gobierno de Dina Boluarte, como la Ley N°31914, limitaron la facultad de las autoridades para cerrar establecimientos sin una causal directa vinculada a riesgos inminentes para la vida o salud.
Esta norma, promovida por el fujimorismo durante la gestión de Alejandro Soto, modificó regulaciones anteriores al establecer que las clausuras temporales solo proceden ante peligros concretos y deben levantarse en 48 horas si se corrigen las observaciones.
La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo investiga a los responsables por los delitos contra la vida y la salud. El caso recuerda que, en diciembre de 2023, el entonces alcalde Arturo Fernández clausuró el mismo centro comercial por 30 días tras un homicidio, argumentando "peligro inminente". Sin embargo, el congresista Alejandro Cavero —impulsor de la Ley N°31914— advirtió en redes sociales que dicha clausura contradecía la nueva normativa, defendiendo que los cierres arbitrarios afectan a los empresarios.
