Congresista de APP Rosio Torres seguirá siendo investigada: PJ rechazó su pedido para cerrar el caso
La parlamentaria es acusada por presuntamente usar personal de su despacho congresal para que apoyen en las actividades de campaña de su esposo, Fernando Meléndez, al cargo de gobernador regional de Loreto.
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El Poder Judicial rechazó el pedido de control de plazo de la congresista Rosio Torres (Alianza para el Progreso), con el cual buscaba anular la investigación preliminar en su contra por el presunto delito de peculado doloso en agravio del Estado.
La acusación fiscal indica que Torres habría usado personal de su despacho en el Congreso para que apoyen en labores de campaña de su esposo, Fernando Meléndez, quien postulaba para el cargo de gobernador Regional de Loreto.
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En ese caso, la defensa de la congresista fundamentó el pedido de control de plazo, asegurando que hubo una vulneración al debido proceso y al plazo razonable. De acuerdo con el supuesto, la Fiscalía aperturó la investigación preliminar, el 9 de septiembre del 2024, por un plazo distinto a los sesenta días que no admite ampliaciones o prórrogas.
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Asimismo, indicaron que el plazo de 90 días venció el 8 de diciembre del 2024, por lo que pidieron que se cierre la investigación, sin embargo, recibieron una disposición fiscal, emitida el 5 de diciembre del 2024 y notificada el 12 de diciembre de ese año, donde les informaron que se había ampliado la prórroga por ocho meses.
En respuesta, el juez supremo, Juan Carlos Checkly, desestimó el pedido alegando que la Fiscalía amplió el plazo el 5 de diciembre del 2024, antes del vencimiento del plazo original de 90 días. Además, precisó que la decisión fue notificada el 12 de ese mes por los días no laborables y feriados.
Rosío Torres también tenía una denuncia por presunto recorte de sueldo
Por otro lado, además de la investigación por presunto peculado, la parlamentaria de APP tenía una investigación en el Congreso por presunto recorte de sueldo.
A pesar de ello, el último 7 de febrero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) archivó la denuncia contra la congresista Rosío Torres Salinas (Alianza para el Congreso). La acusación, presentada por la Fiscalía de la Nación, la señalaba de concusión por el presunto recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho.
Tal como La República lo informó, la SAC encomendó al congresista Segundo Quiroz la elaboración del informe final y este concluía que la denuncia constitucional contra su colega de APP carecía de elementos probatorios. "Se dispone el archivamiento de la acusación contra la congresista Rosío Torres, la cual crece de sustento jurídico, probatorio y fáctico, lo que impide continuar con el proceso", expresó Quiroz al cierre de la lectura de su informe en la sesión.
Tras la lectura del informe, no hubo intervenciones, ni de manera presencial ni virtual. Por lo que María Acuña, presidenta del grupo de trabajo, mandó a votación el informe final sobre la congresista de APP. Con 15 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó, por mayoría, la denuncia.
