Congreso: informe final recomienda archivar denuncia de la Fiscalía contra Rosio Torres por recorte de sueldo
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales votará este viernes dicho informe elaborado por Segundo Quiroz, del Bloque Magisterial, quien concluyó que la denuncia de la Fiscalía carece de pruebas.
Un nuevo blindaje se avecina en el Congreso. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales votará este viernes un informe final que blinda a la congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Rosio Torres, de la acusación constitucional que pesa en su contra por presunto recorte de sueldo a los trabajadores de su despacho.
El delegado de este caso es el congresista del Bloque Magisterial, Segundo Quiroz. Según el informe al que accedió La República, la denuncia constitucional contra su colega de Alianza de Alianza Para el Progreso carece de elementos probatorios.
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"La falta de pruebas que acrediten el abuso del cargo por parte de la congresista Rosio Torres Salinas y la inexistencia de denuncias formales por parte de sus trabajadores evidencian que no se configura el tipo penal de concusión. La mera sospecha o hipótesis no puede ser suficiente para quebrantar el principio de presunción de inocencia", dice el documento presentado por el congresista del Bloque Magisterial.
La denuncia constitucional contra la apepista Rosio Torres había sido formulada por el fiscal supremo Juan Villena en marzo del año pasado. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la había admitido a trámite y encomendó al congresista Segundo Quiroz elaborar el informe final sobre esta acusación.
Al cierre de esta nota, el documento había sido remitido a los miembros de la Subcomisión de Acusaciones para que sea votado este viernes.
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Rosio Torres: cronología del blindaje en el Congreso
De aprobarse, estará próxima a llegar a su fin un caso que comenzó en abril del 2023 luego que el programa dominical Punto Final reveló que la congresista de Alianza Para el Progreso habría presuntamente obligado a sus trabajadores a depositar parte de su sueldos a su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra.
Ese mes, el líder de APP, César Acuña, había anunciado que la legisladora de su agrupación iba a ser expulsada del partido. Sin embargo, luego de dos años eso no ha sucedido. El esposo de la congresista Torres es el excongresista Fernando Meléndez, quien también es militante apepista.
Antes que Quiroz presente su informe final, el Congreso demoró este caso.
En setiembre del 2023, la Subcomisión, entonces presidida por la congresista apepista Lady Camones, le propuso a la fujimorista Patricia Juárez ser la delegada de la acusación constitucional contra Torres, pero Juárez no aceptó.
Debido a eso, quien asumió luego la ponencia de este caso fue el legislador del Bloque Magisterial, Alex Paredes, quien debió elaborar el informe final de esta imputación.
Pero cuando acabó el periodo de Camones en la Subcomisión, Paredes todavía no había presentado informe.
En setiembre del año pasado, cuando hubo la distribución de comisiones en el Congreso, Paredes asumió la presidencia de la Comisión de Ética y su bancada Bloque Magisterial decidió que no sea integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Así, otra vez, la acusación contra Torres quedó en el aire.
Subcomisión en manos de Alianza Para el Progreso
Después la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales eligió a un nuevo delegado: el parlamentario Segundo Quiroz, quien finalmente concluyó en su informe que se debe archivar el caso contra Torres.
Es necesario que el Congreso apruebe la imputación debido a que sin ello la Fiscalía de la Nación no puede avanzar la indagación contra la legisladora. La República ha reportado que, hasta la fecha, van 37 legisladores denunciados. Torres es una de ellas.
Rosio Torres fue presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
En el periodo 2021 - 2022, la congresista de APP, Rosio Torres, fue presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
Durante su mandato, esta comisión mandó al archivo la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino y sus exministros por el caso Inti y Bryan. Torres fue una de las congresistas que votó a favor de esa decisión.
