Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sobre ley que limita la detención: "Se mantiene por la terquedad de no querer aprobar esta herramienta"

Luego del atentado ocurrido en la ciudad de Trujillo contra la sede del Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aseguró que sucesos de esta naturaleza refuerzan la necesidad de restituir la figura de la detención preliminar. La titular del Ministerio Público afirmó que, incluso si se logra identificar a los responsables del atentado, no sería posible detenerlos debido a la demora del Gobierno en restablecer esta herramienta jurídica.

"Este tipo de hechos nos demuestra claramente la necesidad urgente de que se restituya en su versión original la figura de la detención preliminar. Si en este momento, pasada la flagrancia, encontramos presuntos responsables vinculados directamente con lo ocurrido, no podremos detenerlos para esclarecer aún más los hechos. Esta situación persiste debido a la terquedad de no aprobar o restituir esta herramienta procesal, que es fundamental para garantizar una investigación oportuna", declaró la fiscal.

PUEDES VER: Juicio oral contra Martín Vizcarra: declararon testigos técnicos por caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Espinoza insistió en su crítica y solicitó la restitución inmediata de esta figura: "La herramienta no está disponible en estos momentos para los casos fuera de flagrancia. ¿Qué más esperamos? ¿Que haya más destrozos? ¿Que haya pérdidas humanas? No podemos permitir llegar a esos extremos".

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Detención preliminar: una figura en el limbo

Luego de que el Congreso de la República presentara un proyecto de ley para restituir la detención preliminar, eliminada tras la promulgación de la Ley 32181 por Dina Boluarte, el proceso legislativo siguió su curso regular: la ley fue enviada al despacho gubernamental para que la presidenta la observe o promulgue según considerara. En el último día del plazo estipulado, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, anunció que la ley sería observada.

Esta decisión generó suspicacias. Actualmente, la ley ha vuelto a la Comisión de Justicia, liderada por Isaac Mita, quien ha convocado una mesa técnica para analizar las observaciones realizadas por el Ejecutivo. El proceso para que la norma sea promulgada conforme a los términos originales podría extenderse hasta marzo, cuando el Congreso retome sus funciones tras el receso de verano.

PUEDES VER: Congresistas investigados son coautores de leyes que debilitan sistema judicial y lucha contra el crimen

Anteriormente, La República entrevistó a los constitucionalistas Luciano López y Omar Cairo, quienes advirtieron que las observaciones tardías del Gobierno provocarían una dilación en la restitución de esta figura. "Al ser observada, el procedimiento se retrasará, ya que el proyecto deberá regresar a la comisión dictaminadora, que podrá acoger las observaciones o insistir en la propuesta original", explicó López. "Cuando una norma es observada con modificaciones, la observación presidencial se remite a la comisión correspondiente, tal como lo establece el reglamento del Congreso", añadió Cairo.

Críticas a la PNP y al Ministerio del Interior

Además de exigir la restitución de la detención preliminar, la fiscal de la Nación señaló que el atentado contra la sede del Ministerio Público en Trujillo es una prueba más de que las estrategias implementadas por los organismos encargados de la seguridad ciudadana, como la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio del Interior (Mininter), no están dando resultados.

PUEDES VER: Citan a Alejandra Aramayo, jefa de comunicaciones del Congreso, tras publicación que tergiversó muerte de Andrea Vidal

"Si hemos llegado a estos extremos, significa que no está funcionando la tan anunciada inteligencia policial o la política de seguridad ciudadana. No existe. Esta es la prueba del fracaso de la declaración de estado de emergencia. No basta con anunciar medidas, hay que ejecutarlas. Las acciones son las que hablan, no solo las palabras", afirmó la titular del Ministerio Público.