Jose Enrique Escardó, primer denunciante del Sodalicio, se pronuncia ante su posible disolución

Luego de que se conociera que la Iglesia católica, por decisión del papa Francisco, habría decidido disolver el Sodalicio de Vida Cristiana debido a graves acusaciones de abuso sexual, psicológico y corrupción dentro de la institución religiosa, La República se contactó con José Enrique Escardó, presidente de la Red de Sobrevivientes Perú y el Movimiento de Valientes Latinoamérica y el Caribe y primer denunciante de los actos cometidos por representantes del Sodalicio en Perú. Escardó compartió detalles sobre la inminente disolución de esta sociedad de vida apostólica.

Confirmación de la disolución

Tal como adelantó este medio, Escardó afirmó que la información fue confirmada de manera informal por miembros del Sodalicio reunidos en Aparecida, Brasil: "Hemos visto publicaciones en grupos de WhatsApp y redes sociales, especialmente en Facebook", mencionó. Además, sostuvo que la versión de que Gianfranco Ghirlanda, encargado del proceso de reestructuración de la institución, habría revelado esta información de manera extraoficial es correcta.

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"La versión que manejamos es que el Vaticano contactó al comisario Gianfranco Ghirlanda, quien supervisa la reestructuración del Sodalicio. La idea inicial de la asamblea general era aprobar nuevos estatutos, elegir un nuevo superior general y renovar el liderazgo. Sin embargo, parece que el Vaticano informó a Ghirlanda que el papa ya había autorizado la supresión del Sodalicio, y él fue quien divulgó la información", explicó.

Reacciones y filtraciones

Tras la presunta revelación de Ghirlanda, la información habría sido difundida por miembros del Sodalicio, llegando hasta el portal InfoVaticana y generando indignación entre algunos exmiembros de la institución. Alejandro Bermúdez, periodista católico y exsodalite expulsado, comentó en dicho portal que espera que "los miembros del Sodalicio o del ex-Sodalicio resistan el último acto de injusticia". Para Escardó, este tipo de reacciones refuerzan la veracidad de los informes.

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"Cuando Bermúdez utiliza InfoVaticana para criticar al papa o al Vaticano, como ha hecho en otras ocasiones, suele ser porque la noticia es real. Todo apunta a que esta información es legítima, aunque no ha sido publicada oficialmente por el Vaticano", declaró.

Procesos por venir

Escardó señaló que ha realizado indagaciones para confirmar la disolución de la institución, pero fuentes oficiales le informaron que aún no pueden proporcionar detalles: "Consulté a miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que lidera esta investigación, pero me dijeron que no pueden comentar nada por ahora", compartió.

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Advirtió, además, que las persecuciones judiciales contra periodistas como Pedro Salinas o Paola Ugaz continuarían, ya que estas no han sido emprendidas directamente por el Sodalicio, sino a través de terceros. "El Sodalicio ha utilizado intermediarios para iniciar procesos judiciales. Ninguno de estos casos ha sido presentado por miembros de la organización, sino por personas asociadas o financiadas por ellos. Si el Vaticano implementa un comisario, como parece ser el caso, podría tomar control de estos asuntos", indicó.

Supervisión post-disolución

Escardó detalló que, tras la disolución, un comisario vaticano supervisaría el cumplimiento de las decisiones tomadas desde la Santa Sede: "Se menciona al sacerdote Jordi Bertomeu, quien investigó al Sodalicio en 2023, como posible comisario. Sin embargo, esto sigue siendo un rumor, ya que no hemos visto un decreto oficial. El comisario tendría que revisar propiedades, miembros, negocios, y establecer una estrategia para implementar la supresión del Sodalicio, lo cual tomará meses", explicó.

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Respecto a los activos financieros, denunció que el Sodalicio habría transferido propiedades y fondos a terceros en años recientes, dificultando reparaciones a las víctimas: "En años recientes, el Sodalicio transfirió propiedades y fondos a terceros, incluyendo empresas relacionadas con Rafael López Aliaga. Actualmente, la organización no tiene nada a su nombre, lo que dificulta reparaciones a las víctimas. (...) Hay muchos bienes a nombre de miembros o aliados del Sodalicio. El Vaticano tendría que establecer estrategias para recuperarlos y destinar esos recursos a las reparaciones e indemnizaciones, lo cual no será fácil ni rápido", subrayó.

Un avance en la lucha por justicia

A pesar de las incertidumbres legales y financieras, Escardó calificó la decisión del papa como un avance significativo en la lucha por justicia.

"Hay que reconocer que esta decisión del papa es un avance significativo dentro del ámbito canónico. Aunque no es una solución definitiva, es el paso más contundente que puede dar la Iglesia. Es el máximo nivel de justicia al que se puede acceder y está pasando. Podría no haber sucedido, pero está pasando. Ha habido una correcta percepción del papa en esta situación y ha tomado las medidas correctas. Esperamos que tome otras medidas necesarias con los individuos y que estas pasen del ámbito canónico al ámbito civil para que el Estado, que ha sido negligente en estos 25 años, comience a actuar", concluyó.