Alan García: estas son las razones detrás del pedido de acceso a los celulares del exmandatario

Tras la decisión del Poder Judicial de admitir a trámite la demanda de amparo interpuesta por familiares de Alan García, para anular la autorización para acceder a la información almacenada en dos celulares del fallecido expresidente, el PJ habría fijado una audiencia para el próximo 18 de julio, donde se espera que las partes presenten sus argumentos de manera remota.

Demanda presentada por Carla García Buscaglia y otros familiares sostiene que dicho acceso violaría los derechos del exmandatario, quien se suicidó en 2019, justo cuando la policía llegaba a su residencia para detenerlo en relación con las acusaciones.

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Trasfondo de solicitud de acceso a celulares

Se espera acceder a los teléfonos móviles del expresidente por diversas razones relacionadas con investigaciones de corrupción. En primer lugar, se están investigando las irregularidades en la adjudicación de contratos para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima y los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur, donde se presume la comisión del delito de colusión agravada y otros perjuicios contra el Estado.

Además, se busca verificar la declaración de Miguel Atala, quien afirmó haber entregado 1,3 millones de dólares a García, dinero proveniente de Odebrecht, lo cual sugiere un caso de lavado de activos. Estas indagaciones apuntan a esclarecer si hubo influencia ilegal en la asignación de obras públicas durante su mandato, especialmente en relación con los supuestos pagos indebidos de la constructora brasileña para favorecer su campaña electoral de 2006.

Incautación de los celulares

Los celulares de García fueron incautados el 17 de abril de 2019, durante un operativo de allanamiento en su residencia en el distrito de Miraflores, Lima. Este operativo se produjo el mismo día en que el exmandatario decidió quitarse la vida, evitando así su detención preventiva en relación con las investigaciones de sobornos vinculados a Odebrecht.

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La posición de la defensa

Las defensas de los implicados han presentado acciones de tutela ante los tribunales, argumentando que se han vulnerado derechos fundamentales en el proceso. José Domingo Pérez ha declarado que todas las actuaciones se han llevado a cabo respetando los derechos y garantías del suceso, y ha indicado que acudirá al Poder Judicial para defender la validez de las acciones tomadas hasta la fecha.

"La diligencia se ha pretendido instalar, aunque las defensas han solicitado la suspensión por acciones de tutela que han planteado, pero el aspecto técnico es el que lamentablemente no ha permitido llevar a cabo esta diligencia", declaró Pérez a los periodistas el pasado 14 de junio.

Ante ello, el Poder Judicial, en dos instancias, ha resuelto que se puede revisar todo aquello que tenga interés criminal para la investigación, lo que incluye los datos contenidos en los celulares del exaprista. Sin embargo, la implementación de esta revisión se ha visto obstaculizada por problemas técnicos y la presentación de recursos legales por parte de los familiares de García.