Caso Odebrecht: ¿Por qué José Domingo Pérez no pudo revisar celulares de Alan García?
El fiscal dijo que el problema se debe a las deficiencias que dejó la gestión de Patricia Benavides donde no se omitieron las solicitudes de la oficina de peritajes.
La República en GoogleEl fiscal José Domingo Pérez informó que no se llegaron a revisar los celulares incautados al expresidente Alan García en el marco de las investigaciones que se le siguen por el caso Odebrecht debido a problemas técnicos. A su salida de las diligencias, el fiscal alertó que el Ministerio Público se encuentra en crisis y que hay temas administrativos y técnicos que no se solucionaron desde que Patricia Benavides se encontraba al mando de la entidad.
En esa línea, descartó que esta suspensión haya sido por pedido de la familia y adelantó que espera que se desarrolle con normalidad una vez que sean superadas las cuestiones técnicas.
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Fiscal José Domingo Pérez será el encargado de revisar los teléfonos incautados a Alan García
Tras haber sido confirmada la orden para que se revisen los teléfonos incautados de Alan García, el Ministerio Público anunció que el fiscal José Domingo Pérez será el encargado de llevar a cabo las diligencias este viernes 14 de junio.
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"Mañana 14 de junio, a las 10:00 a.m., el fiscal José Domingo Pérez procederá a llevar a cabo la diligencia de apertura y extracción de información de los celulares del expresidente Alan García, en el marco de la investigación seguida contra Luis Nava Guibert, Enrique Cornejo Ramírez y otros, por los delitos de Colusión, Lavado de Activos y otros", publicó el Ministerio Público.
"Asimismo, este comunicado indica que estas diligencias se llevarán a cabo en las instalaciones de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público, en el distrito de Cercado de Lima. En esta se encontrarán también la defensa de Alan García, así como la de los otros imputados."
El pasado 24 de mayo, el Poder Judicial confirmó levantar el secreto de las comunicaciones de los dos teléfonos de la marca Samsung que fueron incautados en 2019 para dar continuidad a las investigaciones por el caso Odebrecht.
Comunicado. Foto: Fiscalía
Alan García: ¿cuál fue el argumento de la Fiscalía para solicitar este pedido?
El fundamento principal para el levantamiento del secreto de las comunicaciones se basa en la sospecha de que, durante su presidencia, Alan García Pérez podría haber estado involucrado en actos de corrupción relacionados con empresas brasileñas y peruanas, favoreciendo la adjudicación de obras significativas mediante el cobro de comisiones ilegales.
La sala consideró que, aunque García Pérez falleció, las investigaciones sobre su posible involucramiento con otros coimputados podrían revelar detalles cruciales sobre la estructura y operación de la presunta organización criminal. Por tanto, se justificó la medida como proporcional, necesaria y legítima.
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El levantamiento del secreto de las comunicaciones viene siendo solicitado desde el 2021, a través de la resolución N.° 16 emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, la cual surgió a raíz de una solicitud del fiscal para levantar el secreto de las comunicaciones del fallecido expresidente.
Alan García: ¿cómo puede repercutir la apertura y extracción de información de los celulares del expresidente?
La confirmación del levantamiento del secreto de las comunicaciones del expresidente Alan García Pérez tiene implicaciones significativas para Luis José Nava Guibert y otros coimputados en el caso. Acceder a la información contenida en los dispositivos de García Pérez permitirá a los investigadores obtener evidencias cruciales para esclarecer el grado de implicación de Nava y otros en los actos de corrupción investigados.
Si en los dispositivos de García se encuentran comunicaciones directas con Nava u otros implicados, estas podrían demostrar la coordinación o el conocimiento compartido sobre las actividades ilícitas, como el cobro de comisiones ilegales.
La evidencia obtenida podría fortalecer la posición del Ministerio Público, argumentando la existencia de una organización criminal dentro del Gobierno destinado a favorecer a empresas específicas en la adjudicación de obras públicas importantes.
