Gobierno de Dina Boluarte promulga Ley que excluye a los partidos políticos de responsabilidad penal

El Poder Ejecutivo liderado por la presidenta Dina Boluarte, decidió promulgar la Ley que permitirá a los partidos políticos ser exonerados de procesos penales a raíz de la emisión de una iniciativa promovida desde el Congreso la cual obtuvo la mayoría de votos.

En ese sentido, las organizaciones políticas no podrán ser procesadas a nivel judicial por determinados delitos que se les imputen, y la Fiscalía solo podrá realizar los procesos correspondientes a los afiliados de las organizaciones políticas. De esta manera, se dispuso modificar el artículo 105 del Código Penal incorporando dos párrafos en el Decreto Legislativo 635.

PUEDES VER: Congresistas de Perú Libre, Waldemar Cerrón y María Agüero, son expulsados de mercado: ¡Fuera Corruptos!

En esa línea, a los partidos políticos solo se les aplicarán medidas sancionadoras conforme a la Ley n° 28094, Ley de Organizaciones Políticas. Además, la responsabilidad se aplicará de manera individual.

"Respecto de los partidos políticos no se aplica lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo. A dichas organizaciones solo se aplica el régimen sancionador en los supuestos previstos en la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. La responsabilidad penal se aplica de manera individual a los sujetos implicados en el ilícito”, se lee la publicación del mencionado diario.

PUEDES VER: Comunidad internacional en alerta ante paquetazo autoritario del Congreso

Congreso aprueba por mayoría Ley que excluye a partido políticos de responsabilidades penales

El 10 de mayo, el pleno del Congreso decidió aprobar por mayoría el proyecto de ley que proponía excluir a los partidos políticos de responsabilidades penales, impidiendo que las autoridades correspondientes pudieran llevar a cabo acciones procesales por los distintos delitos que se les imputen.

Las grupos parlamentarios Perú Libre, Renovación Popular, Podemos Perú y Fuerza Popular apoyaron la iniciativa. Vale precisar que estas agrupaciones actualmente se encuentran investigadas por la Fiscalía de la Nación. Además, la iniciativa fue exonerada de una segunda votación tras presentarse un texto sustitutorio en las comisiones de Constitución y Reglamento en el Legislativo.

PUEDES VER: RMP sobre últimos proyectos de ley del Congreso: "Todo es a la medida de sus intereses"

Iniciativa fue promovida por Waldemar Cerrón

Inicialmente, la propuesta fue promovida por el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva y los congresistas de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, quien en su presentación sostuvo que con esta propuesta se evitaría una supuesta criminalización de los partidos políticos. Además, se busca proteger la intangibilidad de sus respectivos bienes y activos cuando los afiliados o militantes se encuentren bajo investigaciones fiscales."

¿Qué partidos políticos se encuentran bajo investigación fiscal?

Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú y Renovación Popular actualmente se encuentran bajo investigaciones fiscales por presuntos delitos tales como lavado de activos y falsificación de firmas.

En el caso de Fuerza Popular, el fiscal José Domingo Pérez inició la investigación en las diligencias contra Keiko Fujimori y el mencionado partido político en agosto de 2021 por el presunto delito de lavado de activos durante las elecciones generales de dicho año.

PUEDES VER: Roberto Sánchez sobre posible alianza con Antauro Humala: "Es prematuro por ahora"

Perú Libre también está siendo investigado por el Ministerio debido a un presunto financiamiento ilícito relacionado con el caso Los Dinámicos del Centro durante la campaña electoral de 2021.

Podemos Perú enfrenta acusaciones por parte de la Fiscalía debido a una posible inscripción irregular ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). José Luna Gálvez, líder del mencionado partido político, está siendo investigado por las autoridades por falsificar firmas y documentos.

Por otro lado, Renovación Popular está siendo investigado por el presunto delito de asociación ilícita y lavado de activos relacionado con el caso Lava Jato.