MTC le gana arbitraje a concesionaria de la Panamericana Sur por S/90,4 millones
La compañía pretendía que el Estado le restituya el monto por un supuesto incumplimiento de contrato, pero tribunal arbitral comprobó que en el contrato no están fundamentos los reclamos de la empresa.
La República en GoogleLa demanda de pago que interpuso la empresa Concesionaria Vial del Perú S.A (COVIPERÚ), a cargo de la gestión del tramo Pucusana-Ica de la Panamericana Sur, fue desestimada por el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio de Lima.
COVIPERÚ exigía al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el desembolso de S/90,4 millones, que comprende los siguientes reclamos: S/81,4 millones porque supuestamente el MTC no entregó los terrenos para ejecutar la tercera etapa del tramo Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica; y S/8,9 millones, que es lo que gastó en la modificación de un trazo de la vía.
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Según el tribunal arbitral, luego de analizar los documentos presentados, determinó que el riesgo de la habilitación de la obra por la demora en la entrega de terrenos, debía ser asumido por la empresa demandante, COVIPERÚ. No por el Estado.
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Al revisar el contrato, en particular la cláusula 6.2 de la Sección VI, “De la construcción de la infraestructura vial”, el tribunal arbitral estableció que la concesionaria COVIPERÚ conocía plenamente los detalles de la ingeniería, el trazo y los replanteos realizados en la obra. Por eso, también declaró infundada la demanda.
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El tribunal arbitral llamó la atención que COVIPERÚ hace referencia a hechos ocurridos entre 2017 y 2018, y que recién en 2022 la empresa pretendió reclamar con el arbitraje, cuando debió hacerlo en el momento oportuno.
La estrategia de defensa jurídica planteada por la Procuraduría Pública del MTC, con colaboración técnica de la Dirección General de Programas y Proyectos en Transportes de la entidad, evitó que COVIPERÚ obtenga ventajas económicas no estipuladas en el contrato de concesión.
Según el procurador público del MTC, David Ortíz Gaspar, lo resuelto en el laudo favorable al Estado servirá para fortalecer la posición jurídica de la entidad en otros arbitrajes que enfrenta, en los que los concesionarios alegan similares pretensiones económicas.
