Política

Congresista Jorge Montoya propone crear comisión investigadora sobre muerte de Alan García

A 5 años del deceso de Alan García, el congresista del partido Renovación Popular, Jorge Montoya, ha manifestado la necesidad de investigar las "presuntas responsabilidades penales y políticas" relacionadas con la violación de los derechos constitucionales del expresidente del Perú.

Jorge Montoya se basa en la declaración de Jaime Villanueva a la Fiscalía. Foto: Marco Cotrina - La República
Jorge Montoya se basa en la declaración de Jaime Villanueva a la Fiscalía. Foto: Marco Cotrina - La República

El congresista Jorge Montoya, perteneciente al partido Renovación Popular, ha propuesto la formación de una comisión investigadora. Esta comisión tendría como objetivo analizar los eventos relacionados con el proceso judicial y la posible vulneración de derechos constitucionales que precedieron al fallecimiento del expresidente Alan García Pérez.

"El día 17 de abril del 2024, se ha cumplido 5 años del fallecimiento del expresidente Constitucional de la República Alan García Pérez, y cuya muerte aún no ha sido esclarecida, ni debidamente investigada, en la forma y procedimientos que se aplicaron para promover su detención y motivar la decisión de acabar con su vida antes de ser víctima del escarnio y el abuso del Poder Judicial contra sus adversarios políticos...", se lee en el documento enviado por Montoya.

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De acuerdo al documento enviado por el almirante retirado, esta solicitud se hace bajo la premisa de las declaraciones que realizó el exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, al Ministerio Público el pasado 30 de enero, luego de haber sigo detenido. En calidad de testigo, el 'filósofo' confesó que la acción judicial habría sido concertada por parte de la prensa, como Gustavo Gorriti, con actores políticos del Poder Ejecutivo y con la participación de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

Es por ello que mediante esta solicitud y bajo el amparo de los artículos 97 y 102, inciso 2, de la Constitución, busca que el Congreso disponga de la creación de esta comisión investigadora.

Jorge Montoya planteó amnistía para militares y policías procesados por violación de derechos humanos

El congresista Jorge Montoya, perteneciente a Renovación Popular, ha propuesto un proyecto de ley que busca conceder amnistía a miembros de las fuerzas del orden y funcionarios del Estado acusados de delitos durante el periodo de violencia política en Perú, entre 1980 y 2000, que aún no han sido sentenciados.

Este proyecto, identificado con el número 7549, se titula Ley que Concede Amnistía a Miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y Funcionarios del Estado que se Encuentren sin Sentencia Firme por Casos Vinculados a la Lucha Contra el Terrorismo en el Periodo 1980-2000.

La propuesta legislativa argumenta que, tras 24 años desde el fin de dicho periodo, los casos no fueron investigados, procesados ni sancionados adecuadamente según la legislación vigente en aquel entonces.

Jorge Montoya y tres congresistas más promovieron ley para cobrar doble sueldo

Un grupo de congresistas, todos ellos exmiembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú, propulsaron una normativa específicamente diseñada para favorecer sus intereses económicos. Entre ellos se encuentran los militares en retiro Jorge Montoya, José Cueto, Roberto Chiabra, José Williams y Alfredo Azurín, quien anteriormente fue suboficial de la PNP.

Según una investigación detallada de IDL Reporteros, estos legisladores impulsaron un proyecto de ley apenas dos meses después de iniciar sus mandatos en el Congreso. La iniciativa fue presentada por María del Carmen Alva, entonces presidenta del Parlamento y miembro de Acción Popular.

Es importante entender que, de acuerdo con la ley 19846, los militares y policías retirados "solo pueden percibir simultáneamente una pensión y un sueldo del Estado, cuando uno de ellos provenga de servicios docentes prestados a la enseñanza pública". Sin embargo, este beneficio se amplió para incluir a quienes trabajan en áreas relacionadas con la seguridad ciudadana, la seguridad nacional o en servicios administrativos, permitiendo a estos congresistas aumentar significativamente sus ingresos.

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