Grupo La República: sigue el acoso legal sistemático contra nuestra casa editorial
Defensa de la libertad de prensa. Aparte de los 108 procesos judiciales abiertos contra la empresa, se añade la amenaza frontal a la labor de nuestro caricaturista Carlín.
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Defendiendo la verdad. La República seguirá defendiendo su independencia y libertad. Foto: difusión
Sin menor tregua y bajo argumentos precarios. Desde hace varios meses, el Grupo La República viene sufriendo una serie de denuncias o amenazas de posibles inicios de procesos penales por parte de diversos flancos del aparato estatal.
Esta vez, contra el caricaturista de nuestra casa editorial Carlos Tovar Samanez, más conocido como Carlín.
La Policía Nacional del Perú reaccionó amenazando con iniciar acciones legales contra Carlín, ante una caricatura satírica suya publicada en nuestra edición impresa y digital del diario, que aborda, de manera satírica, la participación de algunos miembros de la Policía en hechos delictivos, calificándola como una “ridiculización de la imagen policial”.
108 procesos
Ante eso, gremios de prensa nacionales e internacionales se han manifestado en absoluto rechazo a lo que significaría una afrenta contra la libertad de expresión, pilar fundamental de una democracia.
Esta amenaza frontal se suma a los 108 procesos judiciales abiertos contra el Grupo La República, los cuales no deberían perderse de la perspectiva que permita ubicarlos objetivamente en momentos de la historia reciente.
Por la temporalidad, tendrían correlato inmediato con supuestos objetivos políticos contra Grupo La República, los cuales se iniciaron bajo el gobierno de Pedro Castillo y continuaron con el Gobierno actual de la presidenta Dina Boluarte. Esto ya fue denunciado previamente en una nota publicada el 5 de diciembre del 2023.
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La ley y la rigurosidad nos amparan
Frente a las recientes sanciones contra La República por supuestos contratos firmados en falta con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, visibilizamos las acciones emprendidas que configurarían el acoso sistemático hacia nuestra entidad.
La medida se basa en una interpretación errónea de los hechos, según la sentencia del Tribunal Constitucional 1087/2020.
Claudia Cornejo, hija de un miembro de nuestro directorio, ejerció como ministra de Comercio Exterior y Turismo.
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A pesar de que la sentencia establece que no hay impedimento para la contratación con el Estado en entidades no influenciadas por familiares cercanos, GLR enfrenta esta sanción que parece contradecir dicho precedente.
Reiteramos que nunca actuamos en contra de la normativa vigente.
La sentencia del 2020 deja claro que no se puede extender el impedimento a contrataciones con cualquier entidad estatal cuando se trata de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad. En nuestro caso, los contratos se realizaron respetando esta disposición, lo cual ha sido corroborado en primera y segunda instancia por los jueces de uno de los 108 procesos abiertos contra la empresa periodística. Grupo La República defenderá sus derechos y buscará una revisión de la sanción basada en el respaldo legal existente.
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Grupo La República jamás actuó contra esta norma.
Consejo de la Prensa se pronuncia
En un comunicado, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechazó el comunicado de la Policía contra Carlín “por ser intimidatorio y desproporcionado”.
“Además, le recuerda a la Policía que su pretensión es inconstitucional. El TC ha establecido que ‘los juicios de valor, las opiniones, los pensamientos o las ideas que cada persona pueda tener son de naturaleza estrictamente subjetiva’, por lo que quedan amparados bajo la libertad de expresión, de opinión y de prensa”. El CPP instó a la Policía y a todas las instituciones del Estado a ser tolerantes con la crítica y el derecho a expresarse libremente.
