Política

ANP e IPYS rechazan amenaza a Carlín y La República

Defensa. En un comunicado, la Dirección de Comunicación de la Policía afirma que tomaría acciones legales por una caricatura.

Crítico. Carlos Tovar (Carlín) hizo uso de su libertad de expresarse con su arte gráfi co. Foto: difusión
Crítico. Carlos Tovar (Carlín) hizo uso de su libertad de expresarse con su arte gráfi co. Foto: difusión

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechazó la “amenaza tácita” de la Policía Nacional por una caricatura de Carlos Tovar (Carlín), publicada en La República, el martes 30 de enero del 2024, indicando que “un sistema realmente democrático se sustenta en tolerancia a las expresiones artísticas críticas”.

La caricatura de Carlín alude, con su característico análisis gráfico, a las recientes informaciones de todos los medios de comunicación sobre la participación de elementos policiales en hechos delictivos. Ante eso, en un comunicado, la Dirección de Comunicación de la Policía calificó la caricatura de “ridiculización de la imagen policial”. Y agregó que “el comandante general, los oficiales y suboficiales PNP rechazan categóricamente esta afrenta; por lo que la Policía Nacional, a través de la Procuraduría a cargo del Ministerio del Interior, iniciará las acciones legales contra el referido medio de comunicación y aquellos que resulten responsables”.

La ANP rechazó la amenaza de llevar a tribunales a Carlín y a La República “por una caricatura que hace sátira de la actuación de algunos miembros de la Policía”. Además dijo: “La institución policial desconoce que el humor tiene protección preferente al ser legítima expresión de libertad de expresión/opinión”. Y agregó: La tolerancia al arte es “algo ajeno a quien redactó el comunicado de Policía”.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también rechazó el anuncio de la Policía de ordenar que se inicien acciones legales, por considerarlo “una amenaza a la libertad de expresión”.

El abogado y periodista Andrés Calderón opinó que a la PNP “debería preocuparle por qué el 77% no confía en ella, antes que la opinión de un caricaturista”, acompañando un estudio del INEI. La congresista Ruth Luque indicó que la preocupación de la imagen institucional debe significar cambios de fondo en la institución. “Absurdo que busquen criminalizar una caricatura”, concluyó.