Especialistas sobre Ley Forestal en el Congreso: “Nuestras autoridades están regalando el Perú”

El miércoles 10 de enero, el Congreso de la República aprobó una modificación a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, generando preocupación entre los especialistas ambientales. La autógrafa, que no puede ser observada por el Poder Ejecutivo al ser aprobada por insistencia en el Congreso, ha sido objeto de críticas debido a su potencial impacto en la Amazonía peruana.

Entre los autores de la firma se encuentran el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, y el congresista Waldemar Cerrón, quienes han sido señalados por omitir los pedidos de reconsideración presentados el 19 de diciembre por las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes.

¿Qué dijeron los expertos medioambientales sobre la publicación de la Ley Forestal?

Ciro Salazar, especialista técnico de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), destacó para La República que la modificación beneficia a empresas acusadas de desforestación, omitiendo la protección de territorios indígenas. Además, advirtió sobre el riesgo de acaparamiento de tierras en zonas con presencia de grupos armados, agravando la situación en Ucayali y Loreto.

“Esto no es algo ya perdido, con otras organizaciones y las poblaciones indígenas vamos a impulsar y advertir los riesgos de esta ley, para así plantear cuáles son las soluciones alternativas” finalizó.

Por su parte, Luis Gomero, presidente del Consorcio Agroecológico Peruano, considera que la modificación facilita un "ecocidio" al debilitar la protección de tierras amazónicas. Asimismo, destacó la falta de control sobre el cambio de uso del suelo y los impactos en el cambio climático, afectando los compromisos internacionales y la estabilidad del país.

“Para nosotros la Amazonia tiene una importancia para la regulación del clima. Facilitar la deforestación es perder esta capital para la estabilidad del país, en temas de calidad ambiental” mencionó.

Mientras que Julia Urrunaga, Directora del Programa Perú de la Agencia de Investigación Ambiental, expresó su preocupación por la publicación apresurada de la norma, beneficiando a empresas con historial delictivo.

“Nos preocupa que esta norma estará beneficiando a empresas grandes porque a conciencia propia, aun sabiendo los delitos que cometían, lo hicieron” expresó para luego advertir que la legalización podría eximir a estas empresas de procesos legales, que generarían pérdidas de ingresos inclusive hasta para el Estado.

Ante este escenario, diversas organizaciones y poblaciones indígenas coordinan esfuerzos para impulsar movilizaciones de protesta y buscar alternativas a la derogación de la norma. La controversia persiste en medio de un debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y preservación ambiental en la región amazónica peruana.