Congreso y su agenda de contrarreformas para el 2024

La agenda del Congreso de la República para la próxima legislatura –que en teoría comienza en marzo del 2024– apunta a consolidar otras contrarreformas en el sistema judicial y electoral.

El fracaso temporal de la remoción contra los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no significa que los promotores de esta arremetida se quedarán de brazos cruzados.

Proyectos contra la JNJ

En la Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Martha Moyano, está pendiente de votar un proyecto de ley de la parlamentaria de Avanza País Patricia Chirinos, quien propone cesar a los miembros de la JNJ que superen los 75 años.

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Esta iniciativa apunta directamente a sacar del camino a la magistrada Inés Tello, quien lidera un proceso disciplinario contra la fiscal Patricia Benavides.

En la comisión de Moyano, además, aún no se dictamina el proyecto de ley del congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante, quien plantea que en caso el defensor del Pueblo no pueda presidir la Comisión Especial a cargo del concurso público para los nuevos miembros de la JNJ, el proceso esté en manos del presidente del Tribunal Constitucional (TC).

Esta propuesta también deberá ser deliberada en la Comisión de Justicia, que preside Janet Rivas, de Perú Libre.

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Muñante, recordemos, fue uno de los promotores de la moción que buscó la remoción inmediata de la JNJ. Su pedido, al final, no fue sometido a debate en el Pleno.

Además de esas iniciativas, en la comisión de Moyano aún no se discute el proyecto de ley de la congresista de Avanza País Rosselli Amuruz para reformar el artículo 99 de la Constitución y someter a los representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a procesos de antejuicio y juicio político.

Amuruz, además, es autora de una denuncia constitucional contra el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas. Con su reforma constitucional, se abre la puerta a que su acusación prospere.

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En la Comisión de Constitución también han buscado eliminar los movimientos regionales. Un proyecto de ley del legislador de Acción Popular (AP) Wilson Soto apunta a borrarlos del camino en las elecciones del 2026.

No oyen a movimientos regionales

El presidente de la Asociación de Movimientos Regionales, Fredy Vracko, informó a La República que tiene lista una demanda de amparo para interponerla en caso la comisión de Moyano dé luz verde a esta contrarreforma.

Hasta la fecha, agregó Vracko, la Comisión de Constitución no toma en cuenta las observaciones de los movimientos regionales. “No nos han invitado en el Congreso para nada, hemos estado haciendo presión por los costados. Tenemos hasta marzo para ponernos de acuerdo y decirle al Congreso que no abuse”, sostuvo.

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El miércoles pasado el Pleno dio un primer paso contra los movimientos regionales, cuando aprobó un dictamen de Moyano que elimina la obligatoriedad de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas (PASO).

Esta ley impone a que los nuevos movimientos regionales que busquen inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, presenten un padrón con el 5% de firmas del total de personas que votaron en los últimos comicios. Eso equivale a más de 700.000.

En la comisión de Moyano, asimismo, apuntan a conseguir la reelección de alcaldes y gobernadores. El 14 de noviembre dicho grupo de trabajo aprobó el dictamen de esta iniciativa de ley, que toma en cuenta una propuesta de la fujimorista Patricia Juárez.

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En la próxima legislatura, en tanto, Fuerza Popular buscará concretar su plan de aprobar la bicameralidad y la reelección congresal sin referéndum. Está pendiente la segunda votación de esta reforma.

El sistema democrático bajo ataque

Para el abogado en temas electorales Jorge Jáuregui, todas estas maniobras responden a un comportamiento autoritario. “El Perú se desarrolla en una autocracia parlamentaria que está sostenida en una convivencia de grupos parlamentarios que están lejos de tener dimensiones ideológicas y que están buscando sostener ese periodo autoritario”, enfatizó.

Luego de JNJ van por el sistema electoral

Para el abogado Jorge Jáuregui, las mociones y propuestas de ley que buscan afectar a la Junta Nacional de Justicia responden a un plan ambicioso del Congreso. “Están capturando todo el aparato estatal a efectos de generar condiciones muy débiles hacia las elecciones del 2026. Controlando la Junta Nacional de Justicia buscan controlar a los organismos electorales. El magistrado Jorge Luis Salas, quien también es juez, es designado por la Junta. El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, es designado por la Junta. El control de la Junta les da un poder enorme”, advirtió.