César Muñoz: “Abrir un proceso disciplinario contra Rafael Vela socava la lucha contra la corrupción”

El fiscal Rafael Vela dará hoy su informe oral por la apelación a la suspensión de ocho meses sin goce de haber que le impuso la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. El director asociado de la División de las Américas en Human Rights Watch, César Muñoz, advierte las implicancias de este hecho para la justicia en el Perú.

—Los fiscales que ven el caso Lava Jato enfrentan investigaciones internas que llaman a alarma. Por ejemplo, el fiscal Rafael Vela Barba ha tenido que presentar una apelación contra la suspensión de su cargo por ocho meses, sanción impuesta por la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público. ¿Qué piensa?

—Nosotros nos encontramos muy preocupados por los procesos disciplinarios que se han abierto en contra de fiscales en el Perú, particularmente los que trabajan en temas de corrupción. Los fiscales anticorrupción no solamente tienen el derecho sino el deber de informar al público sobre los casos.

—¿Que ellos tienen?

—Que ellos tienen, así es. Hay una obligación de rendición de cuentas, sobre todo en casos que tienen un gran impacto social sobre los derechos humanos y el funcionamiento de las instituciones públicas. El caso del fiscal Vela se basa en una crítica a una decisión judicial de la misma manera que un abogado defensor puede criticar también una decisión judicial. Abrir un proceso disciplinario en contra de Vela por falta muy grave —no estamos hablando de que sea corrupto, no es que hayan aparecido audios o videos sobre él que lo comprometan— lo que hace es socavar la lucha contra la corrupción, que, en el Perú, se trata de un problema enorme. Es completamente desproporcionado.

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—Ahora, no es solamente el caso de los fiscales.

—Estamos viendo cómo otros actores judiciales, los que defienden la ley, son los que están enfrentando estos procesos. Si se sigue adelante con esta sanción, si se rechaza la apelación de Vela mañana (hoy) o en los siguientes días, vamos a tener una situación en la que el fiscal Vela podría quedarse sin protección policial, sin poder trabajar, sin goce de haber. En realidad, parece que el objetivo central es obligarlo a renunciar. Y, como le digo, esto se enmarca en un contexto mayor.

—¿Cuál?

—Un contexto de ataque en contra de cualquier institución democrática e independiente del Perú. Solo sobre el caso de la justicia, vimos la destitución de la fiscal Zoraida Ávalos por una decisión que cabe dentro de su autonomía, de su interpretación de la ley. Vemos a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) siendo perseguida por defender la independencia judicial. Vemos a jueces siendo investigados por la admisión de un amparo, que es una decisión judicial. Eso está protegido por el derecho internacional. Es decir, un juez no puede ser perseguido por tomar una decisión o de un lado o de otro, porque entonces no hay independencia judicial. Hay un ataque de varios frentes contra la independencia judicial en el Perú.

—¿Qué frentes?

—Bueno, estamos viendo las acciones desde el Congreso. La investigación preliminar contra los jueces que emitieron el amparo (a favor de la JNJ) está siendo hecha por la Fiscalía. No tengo la evidencia de que haya una conspiración o algo parecido, eso no lo sé, pero sí veo que las acciones van en un mismo sentido.

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—En Guatemala también se persigue a personas que investigan casos de corrupción. ¿Son situaciones similares?

—Mira, la situación de Perú, desgraciadamente, recuerda a la de Guatemala y esa es una señal muy inquietante. Lo que se ve son diversas acciones para socavar a instituciones independientes. La JNJ, al Jurado Nacional de Elecciones, a las fiscalías anticorrupción. Si este proceso no se detiene, el camino los llevará a Guatemala, en donde las personas que son perseguidas son las que, precisamente, investigan a la corrupción. Es el mundo al revés, donde quien defiende al Estado de derecho enfrenta procesos judiciales.

—¿Esto ocurre en otros países de la región?

—En América Latina vemos a líderes que son elegidos democráticamente y que una vez elegidos se dedican a eliminar los controles a su propio poder. En ese saco colocaría al presidente Bukele, en El Salvador, por ejemplo. Bolsonaro en Brasil quiso hacerlo, pero el Tribunal Supremo y la prensa independiente lo consiguieron detener. Tenemos esos ejemplos de presidentes que minan instituciones. Pero en Perú es un poco diferente. No hay un rostro visible, no hay una mente identificada que esté planeando estas acciones. Estamos hablando de grupos de poder con sus propios intereses, no los de la sociedad, que trabajan para perforar el sistema democrático en el país.

—HRW presentó un informe contundente sobre lo que ocurrió en las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte. Desde entonces hasta la fecha, ¿algo ha mejorado?

—Yo dirigí al equipo que hizo ese informe, entrevisté a las familias de las víctimas, y se me rompe el corazón de pensar que todavía están en esa lucha pidiendo justicia. Es fundamental que haya justicia, quien viola la ley tiene que rendir cuentas a la sociedad y eso no ha ocurrido hasta ahora. Hay dos frentes, el área penal y la acción del Gobierno para que no vuelva a ocurrir algo así. En esta área no ha habido ningún avance, cero. Es que el Gobierno no plantea nada, es como si no fuese con él. Hay ahí una laguna enorme.

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—¿Y sobre el área penal?

—En el informe identificamos problemas muy graves. La fiscal de la Nación creó un grupo bastante grande de fiscales para investigar, en parte creo que por las críticas nuestras y de otros. Es positivo eso, claro, pero tiene que haber resultados y hasta el momento no hay. La Fiscalía tiene debilidades técnicas y de estrategia de investigación. Por eso consideramos muy importante que haya un grupo de expertos internacionales que pueda dar apoyo a esas investigaciones.