Política

Gobierno crea comisión para atender a deudos de fallecidos en las movilizaciones de diciembre

Grupo de trabajo será dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A la fecha, son 28 fenecidos en contexto de protesta social, según cifras de la Defensoría.

A las afueras del Palacio de Justicia, en Lima, organizaciones civiles y estudiantiles realizan vigilia por los fallecidos en las protestas nacionales contra el Congreso y la presidenta Dina Boluarte. Foto: Carlos Contreras/La República
A las afueras del Palacio de Justicia, en Lima, organizaciones civiles y estudiantiles realizan vigilia por los fallecidos en las protestas nacionales contra el Congreso y la presidenta Dina Boluarte. Foto: Carlos Contreras/La República

El Poder Ejecutivo que encabeza la presidenta Dina Boluarte, a través del despacho de Justicia y Derechos Humanos del ministro José Tello Alfaro, publicó una resolución referente a las protestas sociales acontecidas en el último mes del 2022. Se creará, de forma temporal, la comisión multisectorial de seguimiento a los deudos de los fallecidos o que sufrieron lesiones graves en las movilizaciones ocurridas entre el 8 y 21 de diciembre de 2022. Según últimos datos de la Defensoría del Pueblo, son 28 decesos en dicho contexto.

El grupo de trabajo estará conformado por representantes de diferentes carteras. Por ejemplo, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y las carteras de Salud (Minsa), Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), y Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

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También formarán parte representantes del Seguro Integral de Salud, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y dos familiares de los afectados.

La oficina responsable de brindar el apoyo técnico y administrativo a la comisión será la Secretaría Técnica del Consejo de Reparaciones del Minjusdh, de acuerdo con la resolución suprema.

Reglamento de la comisión

El financiamiento de la mesa de trabajo provendrá del presupuesto institucional de las entidades involucradas. Se precisa que no se demandará dinero del tesoro público (tributos, entre otras contribuciones de los peruanos).

La vigencia de la comisión será de 90 días calendario, contados desde su instalación, y con probabilidad a ser extendida 30 días. Al cumplir el plazo, será obligatorio presentar un informe final al ministro José Tello Alfaro.

Según ley, en menos de 10 días hábiles, contando desde el 1 de enero, se tendrá el tiempo para instalarla.

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