Alejandro Toledo pide suspender su extradición hasta que se defina hábeas corpus
Autoridades de Estados Unidos revisarán en junio la solicitud del expresidente Alejandro Toledo, acusado a 20 años y medio de prisión por el caso Odebrecht.
Por Alonso Collantes
El expresidente Alejandro Toledo Manrique, quien afronta un proceso de extradición en Estados Unidos para ser juzgado en nuestro país por el caso Odebrecht, ha solicitado el último 30 de abril a la magistrada norteamericana Laurel Beeler que se paralice el trámite de su regreso hasta que se resuelva primero, definitivamente, su hábeas corpus.
La República pudo conocer que, una semana después de que la Corte del Distrito Norte de California rechazara en primera instancia dicho recurso de Toledo (que buscaba anular su extradición al Perú) el pasado 22 de abril, la defensa del exmandatario presentó una “moción” para suspender este proceso hasta que una segunda instancia, el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, se pronuncie nuevamente sobre el fondo de su pedido: dejan sin efecto la extradición.
En otras palabras, los abogados de Toledo piden paralizar el trámite de repatriación (al que solo falta la autorización del secretario de Estado Anthony Blinken) hasta que se resuelva el hábeas corpus en un tribunal. Ello podría tardar varios meses y, en el fondo, busca dejar en suspenso por más tiempo su retorno al Perú.
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Ante el pedido de suspensión de la extradición, la magistrada Laurel Beeler ha convocado a audiencia en San Francisco para el siguiente jueves 9 de junio a las nueve y treinta de la mañana, por videoconferencia. Hasta el momento, el 13 de mayo último los fiscales norteamericanos presentaron su oposición al pedido del exmandatario.
Los abogados de Toledo, asimismo, tienen hasta este 20 de mayo para alcanzar sus argumentos de respuesta antes de que se instale la audiencia en las siguientes semanas. Luego de este debate se decidirá si continúa el trámite de extradición o se suspende hasta esperar la resolución del hábeas corpus, que podría tardar varios meses más.
Argumentos fallidos
La primera vez que Alejandro Toledo presentó su hábeas corpus fue el 28 de octubre del 2021 y este se pudo resolver, en primera instancia, casi después de seis meses el último 22 de abril. En aquel entonces Toledo sostuvo que no procedía la extradición alegando que no tenía la condición de “acusado” porque no había aún un juicio por el caso Interoceánica Sur (Odebrecht).
No obstante, la jueza Laurel Beeler adujo que varios abogados peruanos, incluida la defensa de Alejandro Toledo, han admitido que el expresidente sí está acusado por la Fiscalía peruana pese a que aún no haya una “orden de enjuiciamiento”.
“El gobierno cita pruebas que sugieren que los abogados peruanos del peticionario [Toledo], en el curso de la defensa en el tribunal peruano, han admitido implícitamente que el peticionario ha sido acusado a pesar de la falta de una Orden de Enjuiciamiento”, señala el documento.
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La magistrada también deshizo los argumentos de Toledo contra la “falta de credibilidad” de los testigos del caso como Josef Maiman y Jorge Barata. “Las pruebas proporcionan una base razonable para inferir que los fiscales pueden establecer los elementos de colusión y blanqueo de dinero. Por lo tanto, existe una causa probable para creer que el peticionario cometió los presuntos delitos”, manifestó la jueza en abril último.
La apelación de Alejandro Toledo se basa en argumentos que ya han sido desestimados en primera instancia, sostienen los fiscales de Estados Unidos, no obstante será el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones la que decida si procede o no su hábeas corpus. Antes de ello, deberá resolverse si la extradición del exmandatario seguirá su curso con normalidad o no.
Toledo: situación actual
Alejandro Toledo fue acusado por el fiscal José Domingo Pérez en agosto del 2020 a viente años y medio de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos. Según la investigación, Toledo recibió alrededor de US$34.3 millones de la constructora Odebrecht a cambio de adjudicarle la carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).
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El caso también tiene entre los acusados a exdirectivos de las empresas Graña y Montero, GyM, ICCGSA y JJC así como a Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Toledo, José Graña Miró Quesada y otros.
Desde julio de 2019, Toledo vive en California, Estados Unidos. Poco después estuvo bajo prisión preventiva por ocho meses ante un posible riesgo de fuga, determinado por un juez norteamericano. Al año siguiente, en marzo de 2020, cambió su situación a la de arresto domiciliario debido a la pandemia de COVID-19 y, en octubre de 2021 se confirmó esta medida rechazándose el pedido para que vuela a prisión.
