Detrás de los huacos eróticos: lo que se esconde tras la gestión de las esculturas de Moche
La construcción de las famosas estatuas en el distrito de Moche estaría ligada a un empresario vinculado a tráfico de terrenos y sindicado de pertenecer a un clan familiar dedicado a este tipo de delitos.
En diciembre de 2021, la develación de una escultura erótica inspirada en huacos prehispánicos puso en la palestra pública al distrito liberteño de Moche y a su alcalde, Arturo Fernández Bazán, quien actualmente postula a la alcaldía de Trujillo con el partido Somos Perú. La popularidad de la escultura, acrecentada tras su reinauguración en febrero de 2022 luego de que la estatua original fuera quemada por parte de desconocidos, ha permitido el incremento del turismo a esta parte del país y ha impulsado la carrera política de Fernández Bazán, protagonista de varias controversias; la última, un desaire al presidente Pedro Castillo por un reconocimiento que le había sido otorgado por parte del Ejecutivo.
Más allá de la curiosidad de la estatua y sus réplicas, detrás de la gestión que habría propiciado la edificación de estas esculturas de fibra de vidrio estaría un hombre acusado por la justicia por el delito de tráfico de terrenos: Danilo Pinillos Vinces, amigo personal de Arturo Fernández Bazán y dueño del Grupo Agersa, encargada de la reconstrucción del huaco erótico original destruido, así como de las otras estatuas del mismo tipo inauguradas en los últimos meses.
De acuerdo a la investigación llevada a cabo por los periodistas Ernesto Cabral y Claudia Chávez, el empresario de 48 años, limeño de nacimiento y que actualmente se desempeña como regidor del distrito de Surco había sido objeto de investigación por parte de la justicia en 2012 y 2013, ambas acusaciones tenían un mismo origen: la supuesta usurpación de un predio de ocho hectáreas ubicado en el distrito de Moche, en La Libertad, situación presentada desde el año 2009. Sin embargo, los procesos señalados también tienen importantes diferencias con respecto a los delitos imputados a Pinillos Vinces.
Por una parte, en relación a la investigación abierta por el Ministerio Público en 2012, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo sindicaba al empresario y a cuatro personas más como autores del delito de usurpación agravada, por lo cual se pedían cinco años y seis meses de pena privativa de la libertad, aunque finalmente la causa fue archivada.
No obstante, la acusación más seria es la que tuvo lugar en 2013, proceso en el que las autoridades acusaron directamente a Danilo Pinillos Vinces de ser miembro de un grupo criminal dedicado al tráfico de terrenos, por lo cual se pedían 24 años de cárcel bajo la presunción de haber cometido los delitos de asociación ilícita para delinquir y fraude procesal, aunque finalmente todo prescribió, es decir, no se pudo llegar a término de proceso y dictaminar la culpabilidad del acusado.
A pesar de ello, fuentes fiscales recogidas por los periodistas señalan que ellos “saben lo peligrosos que son” y que si bien “en esa época había cierto temor, hubo bastantes medios de prueba que sustentaban la acusación” en contra del actual regidor por Surco.
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Los perjudicados por la invasión del predio
El terreno en disputa se encuentra en el kilómetro 557 de la carretera Panamericana Norte, cuya propiedad es reclamada por Envasadora Humboldt, empresa afiliada al grupo familiar Banchero Rossi. Dicho predio era habitado por un vigilante de la compañía y su familia hasta el año 2009, cuando Alberto Boy Castañeda, señalado en principio por la justicia como presunto testaferro y miembro de la organización criminal dedicada al tráfico de tierras, se adjudicó la posesión de la propiedad, inscrito a su nombre desde abril del 2010.
Dicho accionar se habría dado presentando documentación falsa, facilitada por la gestión de la notaría de Lina del Carmen Amayo Martínez, situada en Trujillo, y para lo cual se presentaron tres testigos que acreditaban la supuesta legalidad de la tutela de Boy Castañeda sobre el terreno. Sin embargo, posteriormente la fiscalía demostró que ninguno de estos pudo haber tomado parte en el proceso de posesión del predio, dadas las condiciones de los mismos.
El primero de ellos, Fernando Contreras, desconocía su participación en la solicitud de Boy Castañeda, además de sufrir la falsificación de su firma. En tanto, otro de los citados era una persona que sufría de Alzheimer y Parkinson, en consecuencia, inhabilitada para este tipo de actos. El tercero en cuestión era un hombre residente en Cajamarca, por lo que no estaba presente en el momento en que supuestamente se requirió su testimonio en relación a la propiedad.
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Cabe aclarar que tras la investigación por parte de las autoridades se develó que en realidad Alberto Boy Castañeda nunca había sido ni poseedor ni propietario legal del terreno. De hecho, según declaró Boy Castañeda ante la Fiscalía, había sido involucrado en este delito por su sobrino, Javier Boy Solís, persona del entorno íntimo de Danilo Pinillos Vinces, con quien había sostenido asociaciones comerciales el ahora promotor de los “huacos eróticos” en diversas oportunidades.
La versión recogida por la investigación señala que Boy Solis fue quien le había hecho firmar a su tío distintos papeles, que ahora se sabe que estaban relacionados a la adjudicación del predio, sin tener conocimiento del contenido. Ello derivó en la inclusión de Javier Boy Solis en el proceso como acusado.
Los claroscuros de la familia Pinillos
Un reporte de la División de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú (PNP), emitido en 2012, recomendaba a la Fiscalía iniciar una investigación en contra de la familia Pinillos por presunto blanqueo de capitales, dado que, de acuerdo a este documento, había evidencia de que “las personas naturales y jurídicas asociadas a este clan familiar habían estado involucradas en este delito.
Asimismo, en una de las hipótesis planteadas por el informe de la PNP se señala que Danilo Pinillos Vinces junto a su padre Carlos Pinillos Hoyle “liderarían una poderosa mafia dedicada a usurpaciones agravadas de terrenos y casas operando en Trujillo”. Además, con respecto al modus operandi, se indicaba que el blanco de las operaciones de la presunta organización criminal eran predios sin inscripción en Registros Públicos en complicidad de funcionarios municipales que facilitaban el ilícito accionar.
Dichas acusaciones no solamente incluían a los Pinillos, sino a también a otras nueve personas relacionadas y a ocho personas jurídicas, entre las que destaca la empresa Agersa SRL, conocida también como Grupo Agersa, la misma que estuvo a cargo de la gestión de la colocación de los huacos eróticos en el distrito de Moche, financiados supuestamente mediante la donación ciudadana mediante billeteras digitales, aunque este aspecto no es del todo claro.
