CNDDHH tras salidas de Vásquez y Guillén: Preocupa la apatía del presidente frente a la corrupción
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también exigió que las próximas designaciones sean de “personas idóneas” y “comprometidas en la lucha contra la corrupción”.
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Tras el remezón político suscitado con las renuncias de la primera ministra Mirtha Vásquez y el extitular del Interior Avelino Guillén, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) emitió un pronunciamiento este lunes 31 de enero donde muestra su preocupación por la “apatía” del presidente Pedro Castillo ante casos de corrupción.
“Expresamos nuestra preocupación por la apatía que el presidente de la República, Pedro Castillo, demuestra frente a la corrupción y a la defensa de la institucionalidad. Esta situación generó una nueva crisis política, lo que es un peligro para el futuro con cambios que prometió al pueblo, el fortalecimiento de la democracia y la justicia”, lamentó la institución en su cuenta de Twitter.
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La CNDDHH también expresó su pesar por las irregularidades que vienen ocurriendo al interior de la Policía Nacional del Perú, como los polémicos pases al retiro y ascensos acontecidos durante la gestión del presidente Castillo y del ahora excomandante general Javier Gallardo.
“Las decisiones gubernamentales en torno a la Policía Nacional, debilitando su institucionalidad y favoreciendo a personajes y grupos comprometidos con la corrupción; entre otras acciones, requieren con urgencia de un Gobierno abierto que promueva el diálogo democrático y sea respetuoso del control ciudadano para consensuar acciones que fortalezcan la institucionalidad democrática, la lucha contra la corrupción”, señala uno de los puntos de su comunicado.
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“Rechazamos la intromisión y el aprovechamiento de grupos de poder fácticos, muchos de ellos vinculados a mafias y redes de corrupción, en la gestión gubernamental”, añadieron.
Por último, exigieron al jefe del Estado que las próximas designaciones, tanto de su equipo ministerial como las de otras entidades públicas, sean de “personas idóneas, comprometidas con la lucha contra la corrupción estructural”.
