Bajo sospecha: 16 congresistas tienen investigaciones en Fiscalía
En busca de transparencia. Los archivos de la Procuraduría revelan que 16 parlamentarios enfrentan procesos por diversos delitos en la función pública.
De los 130 congresistas en actividad, 16 tienen problemas con la justicia. Se sospecha que han cometido una serie de delitos en el ejercicio de la función pública, en los cargos que ocuparon antes de llegar al Parlamento.
Esto es lo que revela información de los archivos de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a los que el Centro Liber ha tenido acceso, según publicó en sus redes sociales.
En algunos casos se trata de investigaciones en fase inicial de indagación preliminar, pero en otros están al borde o en el desarrollo del juicio público.
Hay casos ampliamente conocidos como el del congresista de Podemos Perú José Luna Gálvez en relación con las actividades de la red ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ en el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, con el objetivo de lograr la suscripción electoral de su partido.
Pero también se encuentran otros menos conocidos. Tenemos el caso del congresista de Alianza para el Progreso Luis Raúl Picón Quedo, quien podría registrarse en los “récords Guinness”.
Según la documentación entregada por la Procuraduría Anticorrupción, afrontaría 24 procesos judiciales en curso. Su nombre se repite en todos los cuadros difundidos por el Centro Liber.
El congresista Picón tiene 15 investigaciones en etapa preliminar, por presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional de Huánuco y la Municipalidad Provincial de Pachitea.
Otras tres investigaciones en etapa intermedia, lo que supone control de acusación por delitos de colusión agravada y negociación incompatible con el cargo. Más otros tres procesos en etapa de juicio y otros tres más formalizados.
Es decir, se trataría de que un congresista con una amplia experiencia en investigaciones penales. En uno de los casos la Procuraduría está pidiendo que pague una reparación civil de más de un millón de soles.
Luis Picón Quedo es médico y fue gobernador regional de Huánuco 2011-2014, antes vicegobernador 2007-2010, lo que explicaría en parte la gran cantidad de investigaciones en que está en curso. Es frecuente que, a mayor cargo público, más cantidad de denuncias e investigaciones penales.
La fiscal Ingrid Milla Gargurevich, de la Tercera Fiscalía Penal de Huánuco, ha pedido para Picón Quedo una pena de seis años de cárcel por el delito de usurpación de funciones.
De acuerdo con la Contraloría, Luis Picón se atribuyó la potestad y expidió 98 certificados ambientales para proyectos de inversión pública, lo que era competencia exclusiva de los ministerios de Agricultura, Transporte y Comunicaciones, Salud, Vivienda y Contracción y Saneamiento.
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De acuerdo con información pública, también se le investiga por narcotráfico y lavado de activos. Procesos en los que no intervienen las fiscalías anticorrupción, por lo que la cantidad de investigaciones en contra de Luis Picón podría ser mayor.
De su partido Alianza para el Progreso hay otros dos congresistas bajo escrutinio del Ministerio Público: Magaly Ruiz Rodríguez, en su calidad de exgerente de la Municipalidad de La Esperanza; Eduardo Salhuana Cavides e Idelso Manuel García Correa.
Actualmente, 10 bancadas y 4 legisladores no agrupados conforman el Congreso de la República. Foto: difusión
Perú Libre con corrupción pública
Del partido gobernante, Perú Libre, dos congresistas: Waldemar Cerrón Rojas y Óscar Zea Choquechambi afrontan procesos judiciales. Cerrón por su paso en el gobierno regional de Huancayo y Zea por la municipalidad de Huancane.
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Igual, dos congresistas del opositor Fuerza Popular: Jorge Morante Figari en el Gobierno Regional de Loreto y Nilza Chacón Trujillo son objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía.
A más transparencia, más democracia
Patricia Hoyos, directora de Centro Liber
Centro Liber es un proyecto de Ipys orientado a promover la transparencia y el respeto al derecho ciudadano de acceder a información que se encuentra en poder de las instituciones públicas. Consideramos que una ciudadanía informada oportunamente puede ejercer una correcta supervisión sobre la función pública y, en consecuencia, reducir los espacios de secretismo político y de corrupción.
La transparencia es una pieza fundamental en una sociedad democrática, por lo que, en amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estamos aplicando los procedimientos para acceder a información relevante y actual, como ha sido el tema de los congresistas investigados por corrupción.
No obstante, advertimos ciertas dificultades en el proceso, siendo nuestro compromiso ciudadano estar vigilantes de que los funcionarios cumplan con respetar los principios de publicidad y de transparencia, que son obligaciones establecidas en la Constitución y en la Ley. No debemos escatimar ningún esfuerzo por combatir con la denominada cultura del secreto político.
Congresistas investigados por corrupción
Infografía - La República
Infografía - La República