Instituciones de la prensa rechazan sentencia en caso Plata como cancha
En contra. La Sociedad Interamericana de Prensa, el Consejo de Prensa Peruana, entre otras entidades del rubro, expresaron su preocupación por el grave atentado al periodismo.
La resolución en contra de los periodistas Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel, que vulnera el ejercicio periodístico, ha causado rechazo de parte de entidades nacionales e internacionales de prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó que en el Perú se sigan utilizando acciones legales en contra de representantes de prensa “como forma de frenar la divulgación de información crítica y de interés público”.
Epidemia de demandas
El presidente de la institución, Jorge Canahuati, comparó este caso con el de Panamá y Brasil. “Existe una epidemia de demandas que utilizan los funcionarios para amordazar a periodistas y medios para evitar la crítica y que salgan a la luz casos de corrupción y otros temas de interés público”, mencionó.
Canahuati junto con Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, exhortaron al Congreso peruano a “legislar con urgencia” para evitar que las figuras públicas utilicen el sistema judicial para “criminalizar al periodismo” sobre acciones y temas de interés público.
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Pedirán visita de relator
El Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Nacional de Periodistas lamentaron la resolución al considerar que “se ha abierto un nefasto e histórico precedente contra la libertad de expresión en el Perú”.
Por ello, pedirán “a la brevedad” la visita del relator especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “para que se investigue lo sucedido” en la carpeta judicial.
Las instituciones consideraron que el razonamiento del magistrado, al determinar qué fuentes son válidas, es un criterio arbitrario que, además, “atenta contra el quehacer periodístico y el legítimo derecho de la ciudadanía de recibir información de interés público”.
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En esta misma línea, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) calificó de “aberrante” la decisión y argumentos del juez en contra de lo periodistas. “Sienta un funesto precedente para el ejercicio periodístico”, se lee en el comunicado y agregan que confían en que los magistrados de la segunda instancia actúen “garantizando la libertad de expresión violentada en la primera instancia del proceso”.
Apoyo a periodistas
El Colegio de Periodistas del Perú y el de Lima consideraron que el fallo es un “instrumento peligroso de intimidación contra el libre ejercicio del trabajo periodístico de investigación”.
También mostraron su desacuerdo la Asociación de Prensa Extranjera en Perú, la Defensoría del Pueblo, Transparencia, Proética y la CNDDHH.
Precedentes que respaldan al periodismo
Principio 10, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “La protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles”.
Relatoría Especial de la organización indicó que la “información proveída por terceros no debería verse restringida por la amenaza de responsabilizar al informador simplemente por reproducir lo manifestado”.
Existen casos similares en otros países.
Querellante es persona pública
Por José Ugaz, abogado
Es preocupante que un juez asuma que un periodista o autor de un libro que publique información citando la fuente que proviene de terceros tenga responsabilidad penal. Esto pone en riesgo la libertad de información que es un derecho constitucional. Ya existe jurisprudencia nacional e internacional que lo que se llama el reporte neutral o reporte fiel, que es cuando uno cita lo dicho por terceros, no constituye delito contra el honor. Más aún en este caso donde el juez ha asumido que el autor no ha explicado el contexto en el que se han hecho afirmaciones por terceros, y uno que ha leído el libro encuentra que en todos los casos Christopher Acosta ha mencionado, el juez no puede exigirle al autor del reporte fiel que verifique si lo dicho por la fuente es o no real. Estoy seguro que no va a pasar el control de la Corte Superior porque ya la Corte Suprema, a través de un acuerdo plenario, estableció los criterios en los que la libertad de información no afecta el derecho al honor y menos de una persona de interés público. La sentencia no menciona que el querellante es persona de interés público. Quiere ser presidente de la República, es dueño de universidades, fue presidente regional, es presidente de un partido. Tiene menor protección a su derecho al honor porque voluntariamente accedió a ser persona notoria.
