¿Quién fiscaliza las contrataciones del personal de confianza de los congresistas?
Recientemente, se dio a conocer que la congresista Patricia Chirinos contrató a una asesora que enfrenta un pedido de 10 años de cárcel por parte del Ministerio Público.
En las primeras semanas de noviembre del 2021, el portal El Foco publicó que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, había contratado en su despacho a su excompañero universitario Carlos Cabieses Bertoni, quien, según el medio periodístico, no registra estudios académicos en la Sunedu y labora como “consejero principal”. De acuerdo al Portal de Transparencia, su cargo es de “técnico”.
Meses después, en enero de 2022, ATV reveló que la tercera vicepresidenta del Parlamento Patricia Chirinos, promotora de la fallida vacancia presidencial, contrató a Gloria Lara Ávila en el cargo de “profesional” en la Oficina de Enlace con el Ciudadano, que depende de la Tercera Vicepresidencia del Legislativo. Lara Ávila es una exfuncionaria del Gobierno Regional del Callao, que perteneció a Chim Pum Callao; y el Ministerio Público pide para ella 10 años de cárcel por el delito de peculado doloso, manifestó el canal televisivo.
Cuando el Ejecutivo hace designaciones cuestionables, el Congreso y otras entidades del Estado —con justa razón en la mayoría de casos— critican y empiezan a fiscalizar. Pero ¿qué ocurre con las contrataciones dentro del Parlamento, especialmente con el personal de confianza de los congresistas? ¿Qué entidad es la encargada de verificar que todo esté en orden?
“El Departamento de Recursos Humanos es el que debe aplicar las reglas. Si no lo hace correctamente, debe intervenir la oficina de Control Interno (del Parlamento) y para eso debe haber algún tipo de denuncia. Recursos Humanos es el órgano responsable en primera instancia”, explica César Delgado-Guembes, especialista en derecho parlamentario, en diálogo con La República.
“La oficina de Control Interno es la que debería asegurarse de que las contrataciones cumplan con los perfiles de puesto para ocupar cargos tanto en los despachos parlamentarios, en los grupos parlamentarios, como en las comisiones donde hay personal de confianza”, detalla. Precisa que la Contraloría podría actuar si es que la Mesa Directiva se lo solicita.
A su turno, José Cevasco, ex oficial mayor del Parlamento, indica en conversación con esta redacción que “Recursos Humanos debe verificar los requisitos” y si se quiere evaluar las contrataciones que hacen los legisladores, se tiene que diferenciar “entre los requisitos formales que establece el propio Congreso en cuanto a grados académicos, experiencia, y la parte de carácter ética”.
“Entonces, es muy probable que todos los trabajadores que están en el Congreso cumplan con los requisitos formales, pero no sabemos hasta qué punto son amigos o conocidos (de los congresistas)”, adiciona. Sobre el caso de la asesora contratada por Chirinos, señala que “aún tiene el principio de la presunción de inocencia; tiene sus derechos expeditos para poder ser contratada por el Estado, la norma así lo permite”.
¿Y cuáles son los requisitos para contratar asesores o personal de confianza?
De acuerdo al artículo 22 del Reglamento Interno de Trabajo del Congreso, para desempeñarse como personal de confianza de la Organización Parlamentaria se requiere una serie de requisitos para el puesto de categoría “profesional” (como el de asesor), otros para el puesto de categoría “técnica” y un par para el puesto de categoría “auxiliar”.
Para la categoría profesional, la persona debe acreditar título profesional universitario, contar con estudios de especialización (maestría, estudio técnico completo o dos diplomados) y tener experiencia laboral no menor de tres años. “En los módulos de personal de confianza de las comisiones ordinarias al menos dos de los puestos de asesor debe estar cubierto por un profesional con título universitario o maestría afín a la especialidad de la comisión”, prolonga el documento.
Y para la categoría de técnico, el ciudadano debe acreditar formación técnica culminada o universitaria incompleta (al menos seis semestres académicos terminados). Además, debe contar con estudios complementarios en la materia y experiencia de al menos dos años, relacionada al cargo a desempeñar
Por último, para el puesto de auxiliar, la persona debe demostrar que posee secundaria completa y experiencia laboral no menor de dos años.
Estatuto de Servicio Parlamentario
El especialista en temas congresales César Delgado-Guembes también hizo un llamado a que el Parlamento restituya el Estatuto del Servicio Parlamentario, que fue suspendido en 2018 durante la gestión del fujimorista Luis Galarreta cuando era presidente del Legislativo. Se trata del marco para que se pueda hacer carrera en el servicio parlamentario “con pautas de ascenso y progresión”, y que regula nombramientos y contrataciones.
“Galarreta consigue que se apruebe una disposición parlamentaria con la que se deja en suspenso el Estatuto del Servicio Parlamentario; por lo tanto, da la posibilidad de que se contraten de manera genérica a quien se quiera, porque el estatuto que fijaba las reglas para la progresión en la carrera ya no regía. Estamos reclamando que se deje sin efecto la suspensión desde el año 2018″, dice Delgado-Guembes.
“Si eso pasa con el servicio parlamentario, obviamente los congresistas tienen mucha mayor facilidad de contratar lo que le parezca en materia de organización parlamentaria, que es donde funciona el personal de confianza de los legisladores”, añade.
