Fiscal incluye al presidente Pedro Castillo en el caso de Petroperú

Por presuntamente haber alentado a que la empresa estatal Petroperú otorgara un contrato de US$ 74 millones con nombre propio a la proveedora Heaven Petroleum Operators, poco después de haber sostenido un encuentro en Palacio de Gobierno con el dueño de esta compañía, Samir Abudayeh Giha, la fiscal Norah Córdova vinculó al presidente Pedro Castillo con los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.

En un hecho sin precedentes, en menos de 24 horas después de que el programa dominical ‘Panorama’ reveló un encuentro entre el mandatario Castillo, el proveedor Abudayeh, el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, y la empresaria Karelim López Arredondo -amiga del exsecretario Bruno Pacheco y del propio jefe del Estado-, la fiscal Córdova dispuso el inicio de diligencias preliminares contra las personas mencionadas, y otros funcionarios de la petrolera estatal: Gunther Docut Celis, Muslaim Abusada Sumar, Roger Daniel Liy Lion y otro empresario, Gregorio Sáenz Moya.

La fiscal Córdova desde el lunes temprano resolvió el ingreso de personal de su despacho a la sede Petroperú, de donde se retiró abundante documentación sobre el contrato de US$ 74 millones. E incluso en el despacho presidencial en Palacio de Gobierno, pero el mandatario Castillo se negó a acceder a la intervención fiscal.

Según el acta suscrita por el fiscal adjunto Luis Medina Rodrigo, a la Secretaría General de la Presidencia, Carlos Jaico Carranza, “informó que el presidente de la República es el que no autoriza el ingreso del personal fiscal a las oficinas del secretario del despacho de la Presidencia”.

La presunta contratación digitada por el jefe del Estado de la compañía Heaven Petroleum Operators es el tercer caso que investiga el Ministerio Público y en el que está relacionado Pedro Castillo: la presión a los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea para ascender de grado a sus allegados, la contratación de un consorcio constructor promovido por su amiga Karelim López y ahora el caso con Petroperú.

Luego de evaluar el reportaje de ‘Panorama’, la fiscal Norah Córdova elaboró una línea de tiempo que dejaba en evidencia una presumible relación entre el encuentro en Palacio de Gobierno -en el que participaron Pedro Castillo, el gerente Hugo Chávez, el empresario Samir Abudayeh y Karelim López-, y la adjudicación del contrato por US$ 74 millones a favor de Heaven Petroleum Operators para la compra de biodiésel B100.

Línea de tiempo

La fiscal Norah Córdova consideró relevante la comprobación del ingreso a Palacio de Gobierno de Chávez, Abudayeh y López, el mismo 18 de octubre casi a la misma hora, ya que se encuentra registrado en el libro de visitas. Por eso, no obstante que los tres personajes negaron conocerse y haberse reunido en la mencionada fecha, la fiscal los incluyó en la investigación.

La fiscal Córdova no tuvo inconvenientes en intervenir en la sede central de Petroperú y obtener la documentación sobre el proceso de licitación cuestionado que benefició al empresario Samir Abudayeh Giha.

Después de que participó en la cita en Palacio de Gobierno, el 21 de octubre, por pura coincidencia, el gerente del Departamento de Distribución de Petroperú, Gunther Documet Celis, solicitó la compra de 280 mil barriles de biodiésel B100 para proveer a las refinerías de Talara, Mollendo y Conchán.

El 26 de octubre, el gerente de la Cadena de Suministros, Muslaim Abusada Sumar, pidió al gerente del Departamento de Compras de Hidrocarburos, Roger Liy Lio, anular la convocatoria internacional para la adquisición del biodiésel B100 por supuestas deficiencias.

En una típica maniobra para digitar una contratación, el 27 de octubre solamente invitó a dos empresas para que presenten sus ofertas, Heaven Petroleum Operators y Bio Energy Perú.

El 26 de octubre, se simularon errores materiales en la formulación de los precios de referencia, presentando la empresa de Samir Abudayeh la oferta que logró ser seleccionada para llevarse el contrato de US$ 74 millones.

El viejo truco

De acuerdo con la resolución de la fiscal Córdova, en este caso concurren todos los indicios de una simulación de presentación de ofertas cuando ya de antemano los conspiradores habían acordado qué proveedora sería la ganadora. En este caso, Samir Abudayeh, quien, 8 días antes de la millonaria buena pro, se reunió en privado con el presidente Castillo y el gerente de Petroperú, Hugo Chávez, además de Karelim López, amiga del jefe del Estado.

Es por esta secuencia de hechos que la fiscal Norah Córdova se hizo presente en Palacio de Gobierno, para obtener la información que necesitaba para su investigación. Pero el presidente Castillo, por intermedio de su secretario general, Carlos Jaico, informó que no autorizaba el ingreso del personal fiscal a la oficina de Secretaría del Despacho de la Presidencia. A las demás instalaciones de Palacio sí podían ingresar.

Fuentes del Ejecutivo manifestaron que a la fiscal Córdova no le correspondía llevarse documentación porque ella no investiga al presidente Castillo.

“La fiscal provincial Norah Córdova, presente en la diligencia, hizo el pedido de la documentación del despacho del presidente. Al no encontrarse el señor Pedro Castillo, no se le autorizó”, indicaron las fuentes.

“Además, la resolución de intervención no llevaba la firma de la fiscal de la Nación (Zoraida Ávalos), solo se solicitaba copia de los videos de seguridad, la misma que fue facilitada por la Oficina de Tecnología Informática”, añadieron las fuentes palaciegas.

“De acuerdo con lo informado por las áreas competentes, no existe el cuaderno de ingreso manuscrito (de las visitas) y ello se ha informado. No había necesidad de intervención fiscal. Solo era necesario solicitar los videos y el registro de visitas por transparencia”, apuntaron las fuentes.

“En todo momento se les brindó las facilidades, y se indicó que el despacho presidencial es un área de seguridad nacional y solo puede ser requerido por la fiscal de la Nación”, explicaron.

De hecho, la fiscal Norah Córdova, en la resolución de inicio de pesquisas preliminares, consideró comunicar de los hechos a la fiscal de la Nación para que proceda: “Póngase en conocimiento del despacho de la fiscal de la Nación el extremo de los hechos que implicarían la participación del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a fin de que se aboque conforme a sus atribuciones”.

Demasiado secreto

Un equipo de auditores de la Contraloría General de la República también intervino en Petroperú, cuyo gerente general, Hugo Chávez Arévalo, mantiene amistad con el jefe del Estado. Chávez fue designado gerente general el 7 de octubre de este año, y el último domingo, entrevistado en el programa ‘Punto final’, negó que se hubiera favorecido al empresario Samir Abudayeh, con cuya empresa contrata Petroperú desde hace 3 años.

Pero el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) comunicó a La República otra información: “De la revisión del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), desde el año 2008 a la actualidad, la empresa Heaven Petroleum Operators solo cuenta con un proceso de selección adjudicado”.

Lo que sucede es que Petroperú goza de una norma especial que le exceptúa hacer públicas las contrataciones que considera “reservadas”, por lo que la prensa o los ciudadanos no pueden acceder a los procesos de licitación, como en este caso que favoreció a Heaven Petroleum Operators, que investiga la Fiscalía.

De hecho, durante el Gobierno de Pedro Castillo, los contratos “reservados” se han incrementado notablemente.

La República detectó en la base de datos de proveedores del Estado que, en lo que va del año, Petroperú ha suscrito 113 contratos “reservados” -secretos-, de los cuales 98 se hicieron en el Gobierno de Pedro Castillo. Y de esta cifra, 77 contratos “reservados” se consumaron durante la gestión del amigo del presidente, el gerente general Hugo Chávez Arévalo. Evidentemente, tiene predilección por el secretismo.

“El gerente general Hugo Chávez es un hombre impuesto por el presidente Castillo. Es sobrino de Roger Arévalo, quien fuera presidente de Petroperú y amigo personal del profesor Pedro Castillo. Fue Roger Arévalo quien llevó a Hugo Chávez ante Pedro Castillo”, dijeron fuentes de la petrolera estatal a condición del anonimato.

“Enfrenta denuncias y sentencias que le impedían contratar con el Estado y afronta deudas con el Estado. Que saquen a todos los competidores de una licitación para que gane una empresa digitada, es un verdadero escándalo”, señalaron.

Hugo Chávez, quien fuera funcionario del Gobierno Regional de Áncash, efectivamente, afronta investigaciones fiscales en la jurisdicción ancashina, por presuntos delitos como abuso de autoridad, contra la administración pública, omisión de funciones, peligro común, etc. En Lima afronta casos por falsa declaración, falsificación de documentos, resistencia a la autoridad, entre otros.

Por su parte, mediante un comunicado, el empresario Samir Abudayeh reiteró que en la cita que tuvo con el presidente Castillo no se habló del contrato por US$ 74 millones de Petroperú.

“Asistí a Palacio de Gobierno para conversar con el presidente de la República en calidad del presidente del Consejo Directivo de la Sociedad de Energía Renovable Limpia y Alternativa (Serna). Fue una reunión solo con el presidente de la República, no hubo más personas. No conozco a la señora Karelim López ni al señor Hugo Chávez. La reunión fue para abordar la coyuntura de los panicultores, agricultores que abastecen este producto a las empresas que producen biocombustible”, señaló.

Hoy continúan las diligencias. Pero, hasta el cierre de edición, el jefe del Estado, Pedro Castillo, continuó en silencio.

Disposición de la fiscal Norah Córdova

Resolución. La fiscal provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios Norah Córdova consideró que existen suficientes elementos para investigar la presunta vinculación del presidente Castillo con la contratación de la empresa Heaven Petroleum Operators por US$ 74 millones.

Hay cosas que es crucial buscar

Yván Montoya, exprocurador

Es interesante esto. Yo sé que han entrado ahora, pero parece que con anuencia de los funcionarios. Me parece que hasta el momento a esto no se le puede llamar allanamiento. Es una diligencia, solicitan ingreso, y así debería ser. La pregunta sería que si la Fiscalía considera que la Secretaría de Palacio no está contribuyendo con proporcionar toda la información, todo el acceso posible, acá viene la pregunta: ¿puede allanar Palacio de Gobierno? Así como ha habido algo relacionado con el fiscal de la Nación Chávarry e hicieron un allanamiento a las oficinas contiguas, que eran claras que no eran del fiscal de la Nación.

Creo que acá puede replicarse lo mismo. Es decir, la Fiscalía como último recurso, si la Secretaría no contribuye, podría hacer diligencias con autorización judicial debidamente fundamentadas, no en Palacio directamente; la puerta principal es como reducto del presidente que en este momento goza de inmunidad, pero Palacio tiene contiguamente unos despachos administrativos, esa parte sí podría ser eventualmente allanada, no tendría ya por qué ponerle obstáculos, siempre que esté fundamentada y autorizada judicialmente.

Según Montoya, un allanamiento al fiscal se pide al juez y este no notifica a la parte. Se trata de una diligencia sorpresiva porque la evaluación ha sido de que no hay contribución, están ocultando documentación y hay cosas que es crucial buscar y determinar si existen y no son notificadas.

Cuando la diligencia termina, recién la otra parte podría decir que el juez la autorizó indebidamente. Pero es un control posterior. Si en palacio se da acceso a las computadoras con transparencia, en principio no habría razón para un allanamiento a las oficinas administrativas, pues esas pueden ser allanadas. Hay casos donde algunos no colaboran y piden autorización al juez e ingresan a la fuerza.

Fiscal puede solicitar una orden judicial

Carlos Caro, penalista

El fiscal está en su derecho, en la medida que está investigando un delito, a ingresar a todas las dependencias públicas; no estamos hablando de domicilios privados donde se requiere de una orden judicial, pero cuando se trata de dependencias públicas el fiscal tiene la potestad de ir y pedir información.

Si el funcionario no colabora, como en este caso ha pasado en Palacio de Gobierno, que no ha dejado entrar, puede pedir una orden judicial de allanamiento y en cuyo caso se produce el allanamiento con participación del Ministerio Público y la Policía.

Así funciona el sistema; o sea, el fiscal sí tiene la potestad de ir a Palacio de Gobierno o a cualquier dependencia pública, un colegio, un ministerio, el Poder Judicial mismo, y si no colaboran con él, no le permiten, puede recabar una orden judicial.

Así colaboren, el fiscal puede ir en cualquier momento, no tiene limitación, pero para el uso de la fuerza sí requiere de orden judicial.