Fiscalía investiga a jueces por supuesta liberación de narcos
Escándalo. Consejo Ejecutivo del Poder Judicial rota al juez Rafael Martínez, del caso de las esterilizaciones forzadas. La Fiscalía le atribuye integrar una organización que cobraba sobornos para liberar narcos y presos por extorsión. También se investiga a los exintegrantes del Colegiado E de la Sala Penal Nacional.
“A la profesora no le interesa que seas culpable o inocente, la libertad cuesta”, era una consigna que dos abogados repetían a sus eventuales clientes en el penal de Ancón 1, entre el 2012 y 2016, por lo menos.
El 2018, a raíz del caso del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, la frase fue repetida por el testigo Manuel Hilario Sánchez ante la Segunda Fiscalía Suprema Penal para casos de corrupción.
Luego de una meticulosa y paciente investigación, la Fiscalía ha encontrado evidencias que le permiten señalar que la “profesora” es el alias que se utilizaba para referirse a la jueza superior titular de Lima, Emma Benavides Vargas.
La jueza Benavides es una magistrada con más de 30 años de carrera en el Poder Judicial. Gozaba de una conducta intachable e incorruptible, por lo que hasta el año 2020 integró diversos tribunales de la hoy Corte Penal Nacional.
Su madre, docente, fue alcaldesa de Huancavelica en tres periodos y congresista de la República por el PPC. Una de sus hermanas es fiscal suprema provisional, adscrita a la Fiscalía de la Nación, y otra de sus hermanas, también jueza, fue presidenta de la Corte Superior del Callao.
Remueven jueces
En setiembre último, la Fiscalía formalizó investigación preparatoria contra los jueces Emma Benavides Vargas, María Luisa Apaza Panuera y Lorenzo Pablo Ilave García, integrantes del Colegiado E de la Sala Penal Nacional, entre noviembre del 2012 y marzo del 2015, por delitos de cohecho y organización criminal.
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La Fiscalía los señala como los presuntos líderes e integrantes de una organización criminal compuesta por jueces, servidores judiciales y abogados, que liberaban narcotraficantes y peligrosos extorsionadores, a cambio de pagos de dinero que llegarían hasta los 150 mil dólares.
Otro de los integrantes de esta organización sería el juez Rafael Martín Martínez Vargas, el magistrado que lleva dos meses realizando una audiencia para decidir si inicia investigación judicial al expresidente Alberto Fujimori y sus exministros de salud por el caso de las esterilizaciones forzadas.
Por este caso, aunque no se menciona en la resolución administrativa, el 15 de noviembre último, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial tomó la decisión de remover de la Corte Penal Nacional a los jueces María Luisa Apaza y Rafael Martínez.
Ambos regresan a sus cortes de origen, aunque deberán concluir los procesos que tienen a su cambio, a fin de evitar que los casos vuelvan a fojas cero.
Apaza tiene su plaza de juez superior titular en la Corte del Santa y Martínez, de juez especializado en la Corte Superior de Piura.
Antes, el 26 de febrero del 2020, la jueza superior Emma Benavides también fue retirada de la Corte Penal Nacional y desde entonces labora en la Tercera Sala Penal para reos libres de Lima.
Lorenzo Ilave, proveniente de la Corte Superior de Junín, se jubiló por límite de edad el 5 de agosto del 2019.
Captura y comparecencia
A pedido del fiscal supremo adjunto Alcides Chincha, el juez supremo de investigación preparatoria Hugo Muñoz ha impuesto comparecencia restringida, impedimento de salida del país por 36 meses y pago de 50 mil soles de caución para la jueza Emma Benavides.
Además, dictó orden de detención por 18 meses contra el abogado Walter Mendoza Pérez y comparecencia restringida para la abogada Ana Luisa Vásquez Aliaga.
Los testigos han identificado a Walter Mendoza y Ana Luisa Vásquez como los presuntos intermediarios para los pagos que presos por graves delitos realizaron a los jueces para obtener su libertad.
En la investigación también han sido incluidos la secretaria judicial Carmen Pilar Arias Tello, quien “laboró juntamente con el juez Rafael Martín Martínez Vargas, encargada de tramitar y solicitar beneficios económicos ilegales a procesados, en primera instancia judicial”.
Además, al colombiano Roberto Carlos Gómez Herrera y Edison José Ruiz Martínez. Tras huir del Perú, en julio del 2017, Gómez Herrera, conocido como “El Huevo” fue detenido en Madrid, donde vivía rodeado de lujo, con identidad falsa.
La jueza superior titular Emma Benavides Vargas aparece como una de las cabezas de la organización que pedía plata por otorgar libertades. Ella lo niega todo. Foto: captura Justicia TV
Se le atribuye ser jefe del cartel ‘Los Rastrojos’, con conexiones con los colombianos del Golfo y Cordillera. “Este sujeto había venido desarrollando en los últimos meses actividades de coordinación con cárteles de droga españoles, para el transporte de cocaína, en coordinación con traficantes de Bolivia, Perú y Brasil”, informó la policía española.
Los cuatro jueces involucrados en la investigación de la Fiscalía suprema niegan haber pedido dinero y aseguran que los abogados tomaron sus nombres inconsultamente. A su vez, los abogados refieren que nunca pidieron sobornos y que solo se trata de sus honorarios.
Libertad bajo dinero
El fiscal Alcides Chinchay informó en una audiencia pública realizada por el juez supremo Hugo Núñez que se han logrado identificar tres casos, donde el juez Martínez y los mencionados jueces superiores habrían recibido dinero.
En el primer caso, se trató del proceso por narcotráfico iniciado el 2012 contra Roberto Gómez Herrera, Percy Matos Sandoval, Edison Ruiz Martínez, entre otros, por un cargamento de mil kilos de cocaína.
La jueza Janet Lastra dictó contra ellos orden de detención y fueron recluidos en Ancón 1.
Juez. Rafael Martínez lleva dos meses leyendo su resolución sobre esterilizaciones forzadas. Foto: captura Justicia TV
El año 2014 llegó a ese penal el abogado Walter Mendoza. Se ha documentado que ingresó el 19 de setiembre, 10 de noviembre y 4 de diciembre del 2014 y que el 12 de enero del 2015, el juez Martínez Vargas varía la detención por comparecencia para Gómez Herrera.
Los testigos refieren que Mendoza habló con varios reclusos y les propuso hacer un “combo” para liberar a un grupo de ellos si cada uno pagaba cien mil dólares, pues decía hablar en nombre de la jueza Benavides.
La orden de libertad fue confirmada por el Colegiado E de la Sala Penal Nacional, que integraban Benavides, Ilave y Apaza, desvirtuando las pruebas y videos de seguimiento presentados por la Fiscalía. La sala también concede libertad a Edison Ruiz Martínez.
Los que no pagaron, como Percy Matos, continúan en prisión.
En un segundo caso, comprende la libertad de José López Quispe, también detenido por narcotráfico. El 28 de junio del 2014, un conocido de López vende un hotel en Ayacucho por 80 mil dólares y el 3 de julio del 2014, la abogada Ana Luisa Vásquez pide su libertad.
Los testigos refieren que Vásquez le solicitó a López, alias “Papita”, un pago de 70 mil dólares para arreglar que la jueza Benavides le conceda libertad. Ese monto se acerca mucho al pago de la venta del hotel.
El juzgado rechazó el pedido de libertad, al justificarse en declaraciones exculpatorias sin sustento. En octubre, Vásquez apela y el Colegiado E le concede la libertad.
El tercer caso tiene que ver con procesados del clan “La Gran Cruz”. Mendoza les dice a Héctor Pacheco Córdova e Hilario Rosales que con un pago de cien mil dólares salían en libertad.
Peligro por esterilizaciones forzadas
Las víctimas de las esterilizaciones forzadas han expresado preocupación por la rotación del juez Rafael Martínez cuando aún no termina de leer su resolución sobre la denuncia de la Fiscalía contra Alberto Fujimori y sus exministros de Salud por las esterilizaciones forzadas.
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Si Martínez no concluye, otro juez deberá asumir la denuncia y todo volvería a comenzar de nuevo, lo que violenta los derechos a una justicia oportuna. Para hoy está programada la continuación de la lectura.
Investigación. El juez Rafael Martínez se quejó de la investigación fiscal. Foto: captura Justicia TV
La Corte Penal Nacional emitió un comunicado en el que señala que los jueces María Luisa Apaza y Rafael Martínez tienen la obligación de concluir sus casos y evitar que estos regresen a comenzar de cero. Anotaron que la resolución que los regresa a sus cortes subraya la obligación de no afectar el desarrollo de los procesos en trámite.
Fiscalía
Pruebas. La Fiscalía considera que los testimonios y evidencias recogidos hasta hoy son claras para establecer que los abogados no actuaron por cuenta propia, sino que lo hicieron con conocimiento de los magistrados implicados. Que es claro que eran los jueces los que pedían el dinero.
Documentos
Los documentos dan cuenta de la investigación iniciada a los cuatro jueces de la Sala Penal Nacional.
María Luisa Apaza y Rafael Martínez fueron removidos y trasladados a otras cortes. Deben evitar el quiebre de los procesos.
