Contraloría detecta a 3.547 funcionarios y servidores públicos con responsabilidad penal o administrativa
El contralor general, Nelson Shack, además, comentó que la institución supervisora buscará inhabilitar hasta por cinco años a personal del Estado sancionado con faltas graves o muy graves.
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En lo que va del año, la Contraloría General de la República ha identificado que 3.547 funcionarios y servidores públicos a nivel nacional tienen algún tipo de responsabilidad penal, civil o administrativa, reveló el contralor Nelson Shack Yalta, durante la reunión que sostuvo en la ciudad del Cusco con autoridades locales.
Al respecto, Shack Yalta comentó que, debido a la sobrecarga procesal, se ha generado la sensación de impunidad en la administración pública. Indicó que muchas de las personas que tendrían algún tipo de responsabilidad en delitos de corrupción o que incurrieron en inconductas funcionales generan perjuicio económico al Estado, además de que no reciben una sanción oportuna.
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Alegó que cuando se identifica una presunta responsabilidad penal o civil a funcionarios y servidores públicos, corresponde a la Procuraduría Pública entablar las acciones legales ante las instancias correspondientes, como el Poder Judicial o Ministerio Público.
Sobre ello, mencionó que con la Ley Nº 31288, que entró en vigencia a partir del 21 de julio del 2021, la Contraloría ha podido recuperar su facultad de sancionar administrativamente. En ese sentido, indicó que, quienes cometan infracciones administrativas graves o muy graves serán inhabilitados de la función pública hasta por cinco años.
Asimismo, dejó en claro que la sanción administrativa, que se aplica luego de un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), se realizará independientemente de las acciones legales que pueda iniciar el Ministerio Público o el Poder Judicial en materia penal o civil, respectivamente, como resultado de los informes de control emitidos por esta institución supervisora.
Por último, Shack Yalta indicó que, a partir del 2022, la Contraloría estará en capacidad de aplicar las sanciones administrativas a quienes incurren en inconducta funcional, con la finalidad de separarlos temporalmente del Estado para que no sigan haciendo daño y ocasionando un perjuicio al mismo.
