Opinan que Tribunal Constitucional debe respetar sus fallos sobre cuestión de confianza
Recurso. Primera ministra Mirtha Vásquez confirmó que se presentará acción de inconstitucionalidad contra ley aprobada en el Congreso que limita la cuestión de confianza. Se necesitan cinco votos. Premier ratifica compromiso de diálogo con el Legislativo.
Tal como se había adelantado el mismo día que el Congreso aprobó por insistencia la ley que limita la cuestión de confianza, el Ejecutivo confirmó que apenas esta sea publicada se procederá a interponer una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) por considerarse que altera el equilibro de poderes.
El argumento central del Gobierno consiste en que la confianza se encuentra fuertemente vinculada con la vacancia presidencial por incapacidad moral, figura que por su vaguedad permite sacar del poder a cualquier presidente sin mayor justificación si es que se cuenta con los votos para eso (87).
Por el momento no parece posible que el Pleno reúna esa cantidad de adhesiones para una vacancia contra el presidente Pedro Castillo.
Sin embargo, no deja de ser cierto que esta amenaza se empezó a blandir por algunas voces radicalizadas desde el día siguiente en que el jefe del Estado asumió el poder.
La decisión de acudir al TC se formalizó en la sesión del Consejo de Ministros de ayer y fue anunciada por la premier Mirtha Vásquez. Tanto ella como el titular de Justicia, Aníbal Torres, expresaron su preocupación por lo ocurrido en el Pleno la noche del martes.
Torres fue claro en su explicación: el Parlamento ha vulnerado la Constitución y ha generado un “tremendo desequilibrio” entre poderes.
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“El Congreso mantiene la capacidad de ir por la incapacidad moral en donde entra de todo, mientras que el Ejecutivo queda desprotegido”, añadió.
Torres insistió en que el Gobierno había presentado un proyecto de ley para regular tanto la vacancia presidencial como la cuestión de confianza, tomando como base lo que había desarrollado el Acuerdo Nacional al respecto.
Según esta iniciativa, la vacancia presidencial procedería únicamente por incapacidad mental o física del presidente, debidamente comprobada por una junta de médicos; es decir, por una cuestión objetiva.
Esta propuesta fue desoída en el Pleno, que se apuró en votar la norma que en su momento fue observada por Castillo.
Hay que decir que el Gobierno la tiene complicada en su propósito de declarar la inconstitucionalidad de la denominada ley de “desarrollo constitucional” que modifica los artículos 132 y 133 de la Constitución.
Para que este recurso sea aprobado por el TC se necesitan cinco votos. Hoy en este colegiado hay solo seis miembros luego de la reciente muerte del magistrado Carlos Ramos.
Aunque ya antes el TC se ha opuesto a limitar la cuestión de confianza –por ejemplo, en el año 2019– siempre se encuentra dentro de lo posible que esta vez cambie de parecer, aunque eso revele una contradicción con posiciones anteriores. La distribución de las fuerzas dentro del TC marcará el futuro de la acción que interpondrá el Ejecutivo a través de su procurador.
Decisión. La correlación de fuerzas en el TC determinará el futuro de la acción del Gobierno. Foto: Jessica Merino/La República
El ministro Torres recordó además que, si se optara por reducir los alcances de la incapacidad moral y de la confianza, al Congreso, incluso, le quedarían las opciones de la censura ministerial y del juicio político.
Vásquez, aparte, dijo que el Gobierno reafirma su compromiso de “diálogo y concertación” con el Poder Legislativo.
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Se debe respetar la jurisprudencia
La República consultó con tres constitucionalistas sobre las posibilidades que tiene el Ejecutivo de que el TC declare inconstitucional esta norma.
“Está complicado porque el TC tiene seis integrantes y la ley orgánica pide cinco votos conformes. Ya hubo problemas para construir mayoría en las sesiones anteriores y eso puede incrementarse ahora”, comentó Pedro Grández, docente de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. “Más allá del tema jurídico, hay un peso político importante en el TC. La ley pide cinco votos. Entonces, analizando este tema, solo por la conformación, yo dudo que se declare inconstitucional esa ley”, refirió Bruno Fernández, del Grupo Valentín.
La exministra de Justicia Ana Neyra explicó que en el 2018 la decisión del TC, cuando se cuestionó una regulación del reglamento del Congreso que limitaba la cuestión de confianza, fue en contra por unanimidad.
Fernández de Córdova y Grández recuerdan que en el 2019, en un proceso competencial, el tribunal resolvió también a favor del Ejecutivo señalando que la confianza no tenía una aplicación cerrada.
Por ende, resultaría extraño que los magistrados se inclinen por considerar que la ley de interpretación auténtica de la cuestión de confianza es constitucional.
“Me parece que no hay argumentos sustanciales para hacer ese cambio. Habrá que ver si reafirman su criterio. Tendrían que justificar de una manera muy clara, sobre todo cuando ellos tienen jurisprudencia”, manifestó Neyra.
Al cierre de esta nota, la autógrafa de esta ley en cuestión aún no era publicada en el diario oficial El Peruano. Ni bien suceda ello, el Gobierno interpondrá la acción de inconstitucionalidad.
La exministra Neyra explicó a este diario que esta demanda primero debe ser admitida a trámite por el TC . Luego esta institución notificará al Congreso, que tendrá hasta 30 días para responder. Usualmente, recordó Neyra, el Legislativo espera hasta el último día de plazo.
La decisión del TC en estos casos suele demorar meses
El 3 de junio del año pasado, el Gobierno de Martín Vizcarra presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el TC contra la ley que suspendía el cobro de peajes. El 25 de agosto, finalmente, el tribunal la declaró inconstitucional.
Ministro Aníbal Torres considera que congresistas que apoyaron modificación de la cuestión de confianza deberían ser enjuiciados por irresponsabilidad inconstitucional. Foto: Aldair Mejía / La República.
El 9 de diciembre del año pasado, el Ejecutivo interpuso una nueva demanda de inconstitucionalidad, pero esta vez contra la ley de devolución de aportes de la ONP. El 9 de febrero, el TC la declaró fundada.
El 10 de mayo de este año, el Ejecutivo presentó una demanda contra la ley que elimina el régimen CAS. El 5 de octubre, los magistrados dejaron al voto la decisión sobre este caso. Todavía no emiten un fallo.
La clave
Propósito. “Queremos desde el Gobierno reafirmar nuestro compromiso de diálogo y de concertación con el Poder Legislativo. No vamos a bajar los brazos en nuestro intento por llegar a un relacionamiento adecuado, respetuoso, en el marco democrático y del equilibrio de poderes”, señaló la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, en la conferencia de ayer. En el 2019, ante un proceso competencial, el TC resolvió que la cuestión de confianza tenía una aplicación amplia.
Reacciones
Yonhy Lescano, excongresista
“La ley de cuestión de confianza no solo es inconstitucional porque pone en desventaja al Ejecutivo. El TC ya lo dijo. Pero, además, trae escondido desaparecer todo vestigio de este Gobierno”.
Ernesto Blume, magistrado del TC noviembre 2018
“La cuestión de confianza es un contrapeso en manos del Ejecutivo frente a la facultad del Congreso de exigir responsabilidad política a los ministros a través de la moción de censura”.
Decisión. La correlación de fuerzas en el TC determinará el futuro de la acción del Gobierno. Foto: Jessica Merino/La República
