Beneficios económicos para los expresidentes generan controversia

Manuel Merino de Lama envió una carta a la titular del Congreso, María del Carmen Alva, para que se le conceda la pensión vitalicia establecida en la Ley 26519. Esta señala que los expresidentes constitucionales tienen derecho a una asignación equivalente al sueldo de un congresista en actividad

(S/ 15.600). Asimismo, pidió los beneficios logísticos y de personal incluidos en un acuerdo del 2016 de la Mesa Directiva.

La misma pensión ha sido solicitada por el expresidente Francisco Sagasti (aunque ha renunciado al préstamo de un vehículo y a los vales de combustible). Martín Vizcarra, en Exitosa, adelantó que desea dicha asignación mensual.

Los casos son diferentes sin embargo. Merino de Lama debió dejar el poder acorralado por las protestas que generó su nombramiento por parte del Parlamento. En ese contexto, Sagasti asumió la presidencia. Vizcarra, como se sabe, reemplazó al renunciante Pedro Pablo Kuczynski en su calidad de vicepresidente electo.

El constitucionalista Luciano López sostiene la tesis de que, en general, a los presidentes del Congreso encargados de la presidencia de la República no les corresponde esa pensión vitalicia. La razón es que, según López, los titulares del Legislativo que llegan al Ejecutivo asumen una presidencia encargada para la cual no han sido electos. “Hay un mal diseño constitucional”, agregó.

Valentín Paniagua también recibió el mismo beneficio. De acuerdo a lo que dice López, no debió ser así. “Respeto mucho a Paniagua, un demócrata a carta cabal; sin embargo, el error no genera derecho”, dijo.

Una posición diferente es la del también constitucionalista Omar Cairo. Para él, resulta claro que el pedido de Merino no es constitucional. “Es un gobernante de facto. Accedió al gobierno mediante una destitución parlamentaria, disfrazada de vacancia. Él mismo lo admite en su libro El verdadero golpe. Dice que vacaron a Vizcarra como represalia porque ‘pechó’ al Congreso”, explicó.

Sin embargo, consideró que el de Francisco Sagasti es un caso diferente. “Él asume el gobierno para salir de la crisis originada por el golpe parlamentario. Ejerce sus funciones como presidente constitucional, tan cierto es esto que el Congreso le aprueba la cuestión de confianza a su gabinete. Se aprecia la diferencia de lo que pasó con Merino”, comentó Cairo.

Sobre Vizcarra, si bien asumió la jefatura del Estado por una vía distinta, la misma Ley 26519 advierte que el derecho de la pensión se suspende para el caso de los expresidentes que cuenten con una acusación constitucional, salvo que una sentencia judicial los declare inocentes. Hay que recordar que él ha sido inhabilitado para ejercer la función pública por 10 años, lo que le impediría recibir el dinero.

Las solicitudes al Congreso

Los pedidos de Merino de Lama y de Sagasti. Son casos diferentes, por cierto. La legitimidad de este último como expresidente encargado no está en duda.