Víctimas de esterilizaciones forzadas esperan recibir justicia
Sueños rotos. Si el juez Rafael Martínez admite la denuncia, se dará inició al proceso judicial y las víctimas podrán ser escuchadas en un tribunal. El fujimorismo busca enterrar estas historias de mujeres y el gobierno de Keiko Fujimori lo haría posible.
“Me siento mal porque ya no puedo levantar peso. Me sale sangre de mi parte íntima cada vez que levanto peso. Me siento como inválida”, testimonio de María Fidelia Rojo, de Ayacucho.
“Me llevaron al centro médico, me amarraron las manos y los pies en una camilla y luego me colocaron una inyección en el brazo. No recuerdo nada más porque me quede dormida”, testimonio de Paula Huamán Mollehuanca, de Ayacucho.
“Me dijeron que me echara en la camilla, yo pensé que era para la consulta. Me pusieron una inyección sin decirme nada... Nadie me explicó lo que me iban a hacer”, testimonio de Dina Pangosa Vásquez, shipiba .
“Yo les dije varias veces que no, que no quería, que estaba embarazada, pero insistieron. ‘Es orden del gobierno’, me decían. Luego me dijeron que solo me iban a sacar análisis de mi embarazo. Pero era un engaño. Dios hará justicia algún día”, testimonio de Felipa Guerra Martínez, de Campanilla, San Martín.
“Nos decían que eran órdenes del gobierno, que no podíamos tener tantos hijos. Nos decían que si no queríamos, íbamos a ir a la cárcel. Nos dijeron que solo podíamos tener dos hijos, como máximo, que esa era la orden del gobierno de Fujimori. Escapé, corrí, corrí y dos policías me atraparon y me llevaron de vuelta”, declaró Dominga Pinchi Huamán, de Ayacucho.
Estos son algunos de los cientos de testimonios de víctimas recogidos por la prensa y la fiscalía en los últimos 20 años, que el fiscal Pablo Espinoza ha presentado ante el juez Rafael Martínez Vargas.
Será la primera vez que el Poder Judicial intervenga, pues recién el 2018 la fiscalía denunció y abrió la posibilidad de una investigación judicial y un juicio público.
Desde el 2001, la fiscalía se ha mostrado renuente a investigar, pese a que el año 2003 el Estado admitió ante la CIDH que el programa de Planificación Familiar afectó derechos humanos y que investigaría, juzgaría y sancionaría a los responsables de la muerte de Mamérita Mestanza.
La Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud y diversas investigaciones en el Congreso han establecido que durante el gobierno de Alberto Fujimori unas 300 mil personas fueron sometidas a esterilización quirúrgica y, en muchos de los casos, no hubo información previa ni consentimiento para la operación.
En marzo de este año, el Poder Judicial inició la evaluación pública de la denuncia. La fiscalía presentó cargos contra Alberto Fujimori y los exministros Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y el ahora electo congresista Alberto Aguinaga, por lesiones graves y lesiones graves seguidas de muerte, en un contexto de violación de derechos humanos.
Además de los testimonios, se han presentado documentos oficiales que dan cuenta de que el Ministerio de Salud informó y recibía instrucciones del presidente Fujimori sobre el número de operaciones quirúrgicas de esterilización.
El inicio del proceso judicial permitirá que las víctimas sean escuchadas por un juez. Pero el indulto ofrecido por Keiko Fujimori a su padre pone en riesgo una posibilidad de justicia.
Pruebas
Muertes. Cinco mujeres sometidas a intervención quirúrgica, entre ellas Mamérita Mestanza, fallecieron producto de una intervención sin la adecuada información de riesgo. En Huánuco, 16 mujeres que nunca habían tenido hijos también fueron esterilizadas.
Fujimori recibía informes
El ministro de Salud de ese entonces, Marino Costa, informaba al presidente Alberto Fujimori sobre el avance de las esterilizaciones quirúrgicas.
esterilizaciones forzadas
Reacciones
Rute Zúñiga Cáceres, presidenta AMPAEF
“Keiko Fujimori expresa su insania, su desprecio por la vida de las mujeres pobres del país, nunca dice una palabra de preocupación por la vida y salud de las mujeres y familias afectadas”.
María Elena Carbajal, Asociación víctimas Lima
“Son 25 años de lucha, de denuncias, de una fiscalía que mantuvo el caso en investigación por 20 años y archivamientos, de sufrimiento y estigmatización, de afectación a nuestras familias”.
María Ysabel Cedano, abogada Demus
“Keiko Fujimori repite lo que el abogado Nakazaki quiere hacer creer al juez, a pesar de los cientos de evidencias. Las esterilizaciones forzadas existieron y son un crimen de lesa humanidad”.
Ana María Vidal, abogada
“Si nos mienten ahora en nuestra cara, lo que harán cuando lleguen al poder será espeluznante. El gobierno de la hija no será como el gobierno del padre, será más violento y criminal”.
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