Odebrecht: Piden ampliar arresto domiciliario de Susana Villarán hasta 2022
Poder Judicial revisará solicitud fiscal contra la exalcaldesa Susana Villarán, investigada por recibir presuntas coimas de USD10 millones, el próximo jueves.
El Ministerio Público ha solicitado que Susana Villarán de la Puente, investigada por los casos OAS y Odebrecht, se mantenga por un año más, hasta 2022, con arresto domiciliario.
La solicitud enviada al juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, iba a ser evaluada esta mañana; sin embargo, fue reprogramada para el siguiente jueves 20 de mayo desde las 10 a.m.
Según manifestó la defensa legal de la exalcaldesa Villarán, Raúl Pariona Arana, el requerimiento fiscal le fue notificado ayer por la mañana, por lo que no tuvo el tiempo necesario para evaluar y preparar su defensa, pues la solicitud consta de 687 páginas. “Esto afecta el derecho de una defensa eficaz”, añadió el letrado.
El magistrado Chávez Tamariz, tras ello, ordenó que se postergue la audiencia y también que Villarán se mantenga con la restricción de no salir de su domicilio hasta que el 20 de mayo o luego de esa fecha se resuelva si continuará con la medida o no por 12 meses más.
Prórroga
El Equipo Especial Lava Jato requirió esta prórroga de 12 meses el último 10 de mayo debido a que este viernes 14 se cumplen los dos años de arresto de domiciliario que le impuso un tribunal superior en 2020, tras variar su prisión preventiva.
Entre las limitaciones que se le dictaron figuraron no comunicarse con sus coimputados o testigos y peritos del Ministerio Público, no declarar a los medios de comunicación, no convocar a reuniones sociales en el inmueble donde cumple su arresto y pagar S/20.000.
Cabe señalar que la exfuncionaria es procesada por seis delitos: lavado de activos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir y colusión.
Las pesquisas que logró recabar el fiscal Carlos Puma Quispe fue que existió una organización criminal liderada por Villarán entre 2011 y 2014 y que recibió USD10 millones de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para sus campañas contra la revocatoria en 2013 y reelección en 2014.
Desde agosto de 2020, tras la renuncia de Puma al equipo especial Lava Jato, el fiscal José Domingo Pérez asumió la investigación.
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