Política

Los motivos por los que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió abrir investigación al presidente Martin Vizcarra

Informes de la fiscal provincial Janny Sánchez Porturas y de la fiscal suprema Bersabeth Revilla establecieron una situación que se no había visto con otro presidente anterior.

Hasta ahora, la fiscalía de la Nación había rechazado iniciar una investigación a un presidente de la República por presuntos actos ilícitos. Foto: Presidencia
Hasta ahora, la fiscalía de la Nación había rechazado iniciar una investigación a un presidente de la República por presuntos actos ilícitos. Foto: Presidencia

Los informes de la fiscal provincial Janny Sánchez Porturas Ganoza y de la fiscal suprema Bersabeth Revilla Corrales fueron determinantes para que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos decidiera el inicio de una investigación al presidente de la República, Martín Vizcarra por presuntos delitos de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.

Hasta ahora, la fiscalía de la Nación había rechazado iniciar una investigación a un presidente de la República por presuntos actos ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Los anteriores titulares del Ministerio Público habían decidido que dado que un presidente no podía ser acusado ante el Congreso en el ejercicio del cargo, tampoco se le podía investigar y cualquier decisión se postergaba hasta que concluyera su periodo presidencial.

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, la doctora Zoraida Ávalos decidió cambiar este precedente pues en el caso del actual mandatario se dio una situación que no se había visto nunca antes.

En los casos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuzcynski se trató de denuncias promovidas por particulares, por lo que siempre había la posibilidad de que las sindicaciones tuvieran un transfondo político y eso desestabilizará al mandatario, al gobierno y al país.

La nueva situación, diferente a los casos anteriores, es que respecto al presidente Martin Vizcarra se el oficio N.º 086-2020, del 14 de septiembre del 2020, cursado por la fiscal supremo a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos de corrupción de Funcionarios, Betsabeth Revilla; y el informe N.º 0002-2020, del 18 de septiembre del 2020, remitido por la fiscal del tercer despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa para casos de corrupción de funcionarios de Lima, Janny Sánchez Porturas.

El informe de Janny Sánchez

La fiscal provincial anticorrupción informó que el presidente de la República habría coordinado y acordado con Miriam Morales para que se encargue de coordinar previamente vía teléfono y directamente, con los ministros de cultura y con el investigado Richard Javier Cisneros, para que dichos ministros, ejecuten la contratación de Richard Cisneros Carballido.

Además, que Cisneros se habría reunido con el presidente Vizcarra en los ambientes de Palacio de Gobierno a fin de realizar tratativas o acuerdos subrepticios por un puesto de trabajo en el Estado, luego de lo cual el mandatario procedió presuntamente a recomendar, disponer u ordenar a los ministros de cultura, a través de Morales.

Como sustento de estos hechos, la fiscal Sánchez Porturas relata dos reuniones de Cisneros con el secretario general del Ministerio de Cultura, Jorge Apoloni Quispe. En el primera, el 12 de julio del 2018, Cisneros le manifestó que pretendía ocupar un puesto de confianza y percibir un sueldo de 15 mil soles, al mes. La solicitud de Richard Cisneros fue respaldada por Miriam Morales y la entonces ministra Patricia Balbuena.

A consecuencias de los pedidos de Morales y Balbuena, el 16 de julio del 2018 se produce la segunda reunión de Cisneros con Apoloni. En esta segunda reunión se acordó que Richard “Swing” sería contratado para promover los espacios culturales de la entidad, por tres meses y para ello debía estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores de la OSCE-RNP, lo que se realizó el 17 de julio.

El 24 de julio del 2018, Richard Cisneros vuelve a acudir al Ministerio de Cultura para hacer efectiva su contratación, para lo cual Jorge Antonio Apoloni generó la necesidad del servicio sin existir justificación alguna, adecuando y/o direccionando el perfil al currículo del mencionado proveedor. Además, emitió la primer orden de servicio por 21 mil soles.

En octubre del 2018, se habrían realizado nuevas reuniones de Cisneros con el presidente de la República y nuevas llamadas de Miriam Morales a la ministra Balbuena para una segunda contratación igualmente por 21 mil soles.

La fiscal Sánchez Porturas también refiere las incongruencias en los registros de ingreso de Richard Cisneros a Palacio de Gobierno y la recuperación de 27, 420 correos electrónicos borrados de la carpeta “Eliminados” correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019 dónde se encontraron un total de 7 correos electrónicos donde se solicita autorización para el ingreso de dicho personaje.

A esto se agrega las declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz y un testigo protegido de las coordinaciones entre Palacio de Gobierno y el Ministerio de Cultura para los contratos, más los audios de Karem Roca en los que el presidente y sus principales colaboradores se ponen de acuerdo para tener una sola versión sobre las visitas de Cisneros al presidente.

El oficio de Revilla

En tanto, la fiscal Betsabeth Revilla dio cuenta de la presunta intervención de Martín Vizcarra en la relación de su asesor Oscar Vásquez con el abogado Daniel Jo Villalobos y el fiscal superior Marcos Villalta, en relación a tres audios propalados por el Congreso.

En uno de los audios, Karem Roca le informa a Martín Vizcarra que su asesor Vásquez Zegarra ha contactado a un fiscal corrupto, sin que el presidente reaccione a esa afirmación. “Yo no declaró el martes, simplemente por el hecho de que a mi me dijeron que había un fiscal corrupto, que Oscar había hablado, que etc, etc”, dice Roca. La fiscal suprema Betsabeth Revilla consideró que ese silencio y falta de reacción supone el probable delito de omisión de denuncias.

La decisión

Es en base a estos antecedentes, que no se habían dado el caso de otros presidentes de la República, que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos decide abrir la investigación a Vizcarra, pero para dar cumplir los precedentes anteriores y el artículo 117 de la Constitución, suspender los actos de investigación hasta el día siguiente que concluya su mandato, es decir a partir de las 00 horas del 29 de julio del 2021.

Ávalos subraya que es la existencia de informes generados por fiscales lo que hace posible disponer el inicio de una investigación a un presidente de la República.

Cualquier otra denuncia de un particular seguirá siendo rechazada hasta que concluya su mandato, conforme con lo que ya tiene establecido el Ministerio Público, para no abrir la puerta a cualquier denuncia que podría desestabilizar al gobierno y prestarse a un juego político.

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Periodista. Bachiller en Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Gran Premio Nacional de Periodismo 2014. Premio Periodismo y Derechos Humanos 2016. Un reportero metido entre jueces, abogados, expedientes, la gente y sus vivencias. Editor Judicial.