La prisión en caso Swing se definirá por el peligro procesal

Este lunes 12 de octubre, la jueza de investigación preparatoria de Lima, Sonia Bazalar Manrique, evaluará el pedido de prisión preventiva de los excolaboradores del presidente Martín Vizcarra, Richard “Swing” Cisneros, Miriam Morales, Óscar Vásquez y la funcionaria del Ministerio de Cultura, Liliana Chanamé.

La fiscal provincial para casos de corrupción Jannet Sánchez-Porturas solicitó la reclusión en prisión de estos personajes por un plazo de nueve meses, la noche del jueves último, minutos antes de que la Sala de Apelaciones del sistema anticorrupción de la Corte de Lima revocara su detención preliminar por siete días.

Sánchez-Porturas también ha requerido comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país para Karem Roca, Mauricio Salas, Lincoln Matos, Diana Tamashiro, Patricia Dávila y Aurea Quiñones.

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Fuentes judiciales consideran muy difícil que el juzgado acceda a la prisión preventiva de Cisneros, Morales, Vásquez y Chanamé, en medio de una pandemia mundial, al no tratarse de un delito de máximo peligro social y que tampoco se sigue cometiendo.

Peligro procesal

Para la prisión preventiva se requiere tres supuestos que deben ocurrir a la vez, no es suficiente que ocurra uno solo. Las fuentes concuerdan que hay suficientes elementos de la comisión de un delito, que la pena llega hasta los 15 años, pero ven difícil establecer el peligro procesal.

Este peligro se establece por la posibilidad de continuar cometiendo el delito u ocultar el objeto o los beneficios del delito, posibilidad de impedir las investigaciones y/o ocultar pruebas y realizar acciones para evadir la acción de la justicia.

Otro aspecto no procesal, señaló una fuente, es que los jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima son más resistente a las presiones políticas y mediáticas de este caso.

Por lo que consideran que la fiscal deberá poner mucho énfasis en la posibilidad de un inminente y grave peligro para las investigación, si quiere obtener la prisión preventiva, en un caso que se inició en mayo.

Al revocar la detención preliminar, la Sala de Apelaciones ya puso la mirada en que este es un caso que comenzó hace algo más de cuatro meses, por lo que no advirtió una necesidad urgente para la detención preliminar.

Es decir, la pregunta que plantean los jueces y que debe responder la Fiscalía es qué ocurrió en lo últimos días para que se requiera la detención preventiva de los investigados.

Las pruebas

¿Cuál es el riego real para las investigaciones en este momento? ¿Cuál es la prueba que la Fiscalía considera necesaria, todavía no tiene en su poder y los investigados pueden destruir, ocultar o hacer desaparecer?

Incluso existe un informe de la Contraloría sobre el proceso de contratación de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura que establece la responsabilidad de cada uno de los investigados.

Además, la existencia de testigos y diversos aspirantes a la colaboración eficaz que estarían narrando los hechos y entregando más pruebas.

La hipótesis de la Fiscalía es que los investigados utilizaron su cercanía al presidente de la República y sus cargos en Palacio de Gobierno y el Ministerio de Cultura para cometer el delito, pero ya no están en esos cargos.

Las fuentes consideran que el Poder Judicial podría considerar que es suficiente con una orden de comparecencia y el impedimento de salida del país para asegurar el éxito de las investigaciones. La Fiscalía tendrá la palabra. Los investigados participaran en la audiencia con plena libertad.

Funcionarios

Palacio. Miriam Morales y Óscar Vásquez, como secretaria del despacho presidencial y asesor del presidente, tenían los más altos cargos públicos.

Beneficiario. Richard “Swing” Cisneros fue el único beneficiario de los contratos irregulares en el Ministerio de Cultura.

Recursos. Liliana Chanamé era la gerente de recursos humanos que permitió suscribir los contratos laborales.

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