Buscan dividir a fiscales para evitar investigación

Divide y domina. El Equipo Especial de fiscales Cuellos Blancos del Puerto es víctima de una campaña de desprestigio que se desarrolla al interior y exterior del Ministerio Público, con el objetivo de enfrentar a los fiscales e impedir el avance de las investigaciones.

Esto es lo que encontró La República luego de entrevistar, bajo condición de anonimato, a los protagonistas de esta historia: fiscales, jueces, testigos, investigados, colaboradores, informantes y abogados.

Una campaña que se ha mantenido constante desde hace meses, dejando aquí y allá datos sueltos que, posteriormente, permitan crear dudas entre los fiscales.

Lo primero que buscaron y lograron fue aislar a Rocío Sánchez y, con habilidad, separarla de Sandra Castro. Las dos fiscales que descubrieron la organización hoy aparecen que nunca habrían trabajado juntas.

Cuestión de abogados

Es importante entender que investigadores e investigados se conocen. “Los Cuellos Blancos del Puerto” es una red de corrupción integrada por jueces, fiscales, servidores judiciales, empresarios y defensores legales.

Es decir, abogados que conocen la ley y los procedimientos. Desde el primer día, fue evidente que por la calidad de los involucrados, en algún momento, se necesitaría la participación de fiscales en todos los niveles.

Por eso, el 5 de julio del 2019, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, creó el equipo especial. Le faltó nombrar a un coordinador

Eso se resolvió anoche. Ávalos designó al fiscal supremo Pablo Sánchez como coordinador general del Equipo Especial. La resolución se publicó en una edición especial del diario “El Peruano” y entra en vigencia desde el día de hoy. La fiscal de la Nación le había ofrecido ese cargo ya desde hace algunos meses.

La fiscal provincial Sandra Castro se mantiene como coordinadora de los tres fiscales que intervienen en el primer nivel del Equipo. La designación de Pablo Sánchez busca “optimizar esfuerzos en procura de obtener resultados eficaces e inmediatos de las investigaciones y procesamiento de las personas involucradas”, al articular el trabajo de los despachos de todos los tres niveles de investigación.

El WhatsApp

Este mutuo conocerse explica lo sucedido entre la fiscal Sánchez y el abogado Carlos Magno Salcedo. Ambos estudiaron Derecho en San Marcos. A la misma promoción pertenece Fernando Ugaz, el abogado del colaborador Pablo Morales y, antes, autoconfeso “escritor” de los libros de Hinostroza. Magno y Ugaz son socios en el estudio: Ugaz, Zegarra y Abogados.

Sánchez no tenía presente su cercanía estudiantil con Carlos Magno cuando él se presentó como abogado de Julio Guzmán. Él sí, y se lo hizo recordar.

Ella confió en un antiguo condiscípulo cuando este le pidió verificar un inocente dato. Él la traicionó al tomar una foto de WhatsApp para presumir.

Un simple mensaje, que no revela nada ilícito, sirve ahora para poner en duda todo el trabajo y honorabilidad de la fiscal Sánchez. Pero eso no es todo y puede haber otras cosas que aún no se conocen.

Probablemente de buena fe y preocupado por su situación, Pablo Morales se presentó en TV para defender a Sánchez. Ante la opinión pública eso se ve bien. Al interior, la lectura es muy distinta y perjudicial. Da la apariencia de un colaborador escogiendo a su fiscal.

Fiscal supremo

Otro fiscal que ha sido objeto de ataques, incluso desde antes de integrar el equipo, es el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón. Se aprovecha la doble lectura de algunos datos históricos que permiten sembrar dudas y tejer una teoría conspirativa.

Apenas fue designado en el equipo especial, se recordó su pasó por el JNE y que se le menciona en un audio en el que un litigante le agradece a César Hinostroza por recomendarlo con el fiscal supremo Tomás Gálvez. El litigante dice que Gálvez lo atendió y lo derivó con Fernández, y que este le dio una cita para que asista con su abogado.

Cuando el conocido de Hinostroza fue a hablar con Fernández, él no tenia ese expediente. No hubo intercambio de favores, pero la mención al audio, su paso por el JNE y la exclusión de la candidatura de Julio Guzmán es constante.

Tanto es el acoso que, en marzo de este año, Fernández fue al despacho de la fiscal de la Nación para presentar su renuncia, junto con un informe de los avances logrados hasta ese momento: 60 investigaciones preliminares y en preparatoria.

Al ver los casos, la fiscal de la Nación decidió respaldarlo. Además, pesó a su favor que en su equipo estén los fiscales Fany Quispe, Carlos Bedoya e Iván Quispe, de reconocida trayectoria y entre los mejores investigadores que tiene el Ministerio Público. Tienen un alto récord de efectividad en lograr sentencias condenatorias. Dudar de Fernández era dudar de todos ellos. Eso no era posible.

Algo pasa

Marzo es también el momento en que se empieza a advertir algunas deficiencias en el trabajo de Rocío Sánchez, con solo 10 casos, pese a todo el apoyo logístico y de persona que se le ha dado. Con todos los audios, los colaboradores eficaces e informantes que tiene se esperaba que hubiera iniciado más investigaciones.

Además, Fernández se quejó de que no estaba recibiendo información y que se debía dar por concluida la etapa de escuchas telefónicas.

Rocío Sánchez habría respondido que ella no tenía apuro en cerrar esa etapa. A más de dos años de que se concluyeran las escuchas telefónicas, mantener abierta esa medida afecta el debido proceso, el derecho de defensa y, al final, la legalidad de los audios.

Pese a todo, Ávalos la respaldó. Sánchez es una de las heroínas del caso Cuellos Blancos del Puerto y la fiscal de la Nación sigue confiando en ella. Una crítica general es que hay fiscales que a partir de los casos de interés mediático que llevan se creen intocables y, sobre todo, la perfección absoluta. Nunca cometen un error.

Para evitar roces, nadie los controla y sus superiores y los jueces pasan por alto muchas cosas. Este sentimiento de superioridad se contagia a los aspirantes a colaboradores. Entonces, los colaboradores ya no solo entregan datos, sino que dan la apariencia de que son ellos los que dirigen la investigación y el fiscal pierde autoridad.

Contraataque

Fue en ese momento en que apareció el WhatsApp y la fiscal de la Nación decidió reforzar el primer nivel del equipo especial con el regreso de Sandra Castro como coordinadora del primer nivel y la inclusión de Roxana Jáuregui, con mucha experiencia en el trabajo de los colaboradores.

La exclusión de Rocío Sánchez del equipo especial nunca se contempló y está descartada. El objetivo es desconcentrar la información, que las decisiones no estuvieran a cargo de una sola persona, para que los datos pudieran fluir más rápidamente a todos los niveles.

Sandra Castro conoce la investigación, ya formaba parte del equipo, estuvo a cargo de las escuchas y conoce a todos los colaboradores.

Pero, entonces, se resucitó la vieja reconsideración en la calificación curricular de Ávalos cuando el 2013 postuló y fue nombrada fiscal suprema. Ella ya estaba primera cuando se aumentaron las notas.

La hoy fiscal de la Nación logró el segundo lugar en el examen escrito, entres 6 candidatos para una plaza vacante. En la evaluación curricular, todos lograron una baja calificación, peso a lo cual ella mantuvo el primer puesto.

Los seis candidatos presentaron reconsideración y el CNM les aumentó los puntajes. Ávalos permaneció primera. Nora Miraval que estaba cuarta pasó al segundo lugar. José Pereira del sexto lugar saltó al tercer puesto. En ese orden entraron a la última prueba, la entrevista personal y Ávalos fue nombrada.

Ese concurso estuvo bajo escrutinio públicos. César Hinostroza y el abogado y exfiscal Mateo Castañeda Segovia había acudido y obtenido sendas sentencias del Tribunal Constitucional para ocupar esa plaza vacante. Ninguno de ellos lograba alcanzar los cinco votos necesarios para ser nombrado. Mantener esa plaza de fiscal supremo sin ocupantes, era seguir dando vida a ese reclamo.

Lo único nuevo, en la versión que circula desde hace un año en los pasillos del Ministerio Público, es la mención a José Luis Cavassa Roncalla. Sin embargo, la presencia de Cavassa en el CNM, del periodo 2010 al 2015, no está documentada hasta hoy. Ni siquiera hay una investigación y Cavassa no ha declarado sobre el tema.

También se ha resucitado el tema de la exclusión de Julio Guzmán del JNE, cuando en esa entidad laboraba el fiscal supremo Jesús Fernández. El 2016, Guzmán ya había denunciado un pedido de dinero para que el JNE votara a su favor. La denuncia fue investigada por el entonces fiscal anticorrupción José Domingo Pérez. A falta de más detalles que permitieran identificar a los que solicitaron y para quién solicitaron, el caso se archivo.

A este paso no habría ningún fiscal probo y libre de cuestionamientos para investigar a “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Es lo que buscan los que mueven los hilos de esta operación de desprestigio y es lo que la fiscalía debe evitar. Trabajando juntos, como el 2017-2018, van a tener éxito.

Reforzar

Coordinación. Sandra Castro recibió el encargo de potenciar las investigaciones, para lo que se requería que Rocío Sánchez le entregará un inventario de los expedientes, con lo cual proceder a redistribución ahora entre los tres despachos provinciales.

Trabajo. A la fiscal Rocío Sánchez se le ha ofrecido que mantenga las carpetas y cuadernos de colaboración eficaz que considere más importantes y delicados. Si tiene información concreta sobre un fiscal supremo, debe informar a la Junta Nacional de Justicia.

Eventual salida de los colaboradores no afectará investigaciones

El caso Cuellos Blancos del Puerto se sustenta en audios de las escuchas telefónicas que con autorización judicial realizaron las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro.

Son los audios los que tendrían que anularse para poner en peligro las investigaciones y que el caso se muera. Eso está lejos de suceder. Los aspirantes a la colaboración deben entregar información nueva relevante y de interés para descubrir o evitar nuevos delitos, no lo que ya se conoce con los audios.

Los beneficios que deben recibir los colaboradores es otro tema en debate. Para un sector de fiscales, cualquier beneficio debería ser posterior a la corroboración y uso de la información sobre hechos nuevos o entrega de pruebas que no se puedan obtener de otra manera. Pero, en muchos casos, los beneficios se están otorgando solo con la solicitud de acogimiento al procedimiento.

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