Declaran procedencia de denuncias constitucionales contra Edgar Alarcón
A paso de tortuga. Acusaciones fueron presentadas el 9 de julio y, luego de dos meses y medio, recién ayer las declararon procedentes. Aún falta trámite en la Comisión Permanente y en el pleno para que congresista de UPP responda ante la justicia.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró ayer procedentes dos denuncias formuladas por la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, contra el parlamentario Edgar Alarcón Tejada. Se trata apenas de un primer paso para que el legislador de Unión por el Perú (UPP) responda ante la justicia, frente a las acusaciones que pesan en su contra por los presuntos delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.
Esta subcomisión, presidida por el legislador Luis Roel Alva, de la bancada Acción Popular, cumplió con este primer acto, con un notorio retraso.
Y es que las denuncias de la fiscal Zoraida Ávalos ingresaron al Parlamento el pasado 9 de julio. Tuvieron que pasar dos meses y 19 días para que recién sea declarada la procedencia.
Tras esta decisión, ambos expedientes serán enviados a la Comisión Permanente del Congreso, para su ratificación, con el voto mayoritario de sus integrantes. El legislador Roel Alva apuntó ayer que habrá celeridad en dicho envío.
El siguiente paso será el retorno de los casos a la subcomisión, para la asignación a los congresistas responsables de las investigaciones. El informe final en cada caso será sometido a votación en este grupo de trabajo y debe tener el mismo respaldo en la Comisión Permanente y el pleno.
Solo entonces, el Ministerio Público estará en condiciones de avanzar con la investigación.
Abstención con sabor a blindaje
De hecho, ayer en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hubo reparos en algunas bancadas para aprobar la procedencia de las denuncias sobre Edgar Alarcón.
Ello quedó evidenciado en los cuatro votos en abstención de Martha Chávez y Carlos Mesía Ramírez (Fuerza Popular), María Gallardo (Podemos Perú) y José Vega Antonio (UPP).
En cambio, los votos a favor de la procedencia de ambas denuncias corresponden a los legisladores de Acción Popular Luis Roel Alva, Franco Salinas, Carlos Pérez y Jorge Vásquez. Asimismo, los congresistas del Frepap María Retamozo y Richard Rubio; y los parlamentarios Gino Costa (Partido Morado), José Ancalle (Frente Amplio) y Tania Rodas (APP).
“Persecución judicial”
Enterado del acuerdo adoptado en la subcomisión, Alarcón, quien además se desempeña como presidente de la Comisión de Fiscalización, atribuyó la decisión del grupo a una supuesta “persecución judicial”.
“El que no la debe, no la teme. Lo que sí preocupa es que la persecución judicial llegue de la propia fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, brazo legal de Vizcarra. No es coincidencia que acusaciones constitucionales se den cinco días después de reunión de ambos”, escribió el legislador de UPP en Twitter.
De hecho, estas dos denuncias fueron tramitadas el 9 de julio. La primera acusación (371) tiene que ver con un presunto desbalance patrimonial por parte de Edgar Alarcón, por un monto de 201.337 soles, además de ingresos bancarizados por 275.664 soles, sin que haya certeza sobre los orígenes o depositarios. Los hechos corresponden al periodo comprendido entre junio del 2016 y julio del 2017, cuando Alarcón se desempeñó como contralor.
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La segunda acusación (372) está relacionada con gastos por servicios no justificados por parte de Alarcón, cuando desempeñó distintos cargos en la Contraloría. La acusación da cuenta de gastos de caja chica de hasta por 32.417 soles y otros pagos con comprobantes por la suma de 458.469 soles.
Debido a que Alarcón tuvo el alto cargo de contralor, goza de un privilegio especial que obliga al Congreso a aprobar primero las denuncias, mediante un antejuicio político. Luego de este proceso, recién el Ministerio Público podrá avanzar con las investigaciones. La falta de celeridad en el Congreso es notoria.
Aprueban otro informe sobre Becerril
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ayer también aprobó una denuncia contra el exparlamentario Héctor Becerril, formulada por la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, por el presunto delito de tráfico de influencias.
En cambio, otra denuncia constitucional tramitada contra el excongresista Moisés Mamani, por falsedad genérica, ayer quedó archivada en este grupo de trabajo, debido al fallecimiento del exfujimorista.
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