El Informante: De heroína a villana, por Ricardo Uceda

Existía la idea de que la separación de Gonzalo Chávarry y Tomás Gálvez de la Junta de Fiscales Supremos, para ser investigados por inconducta funcional, permitiría al Ministerio Público navegar viento en popa, bajo la briosa conducción de su timonel, Zoraida Ávalos. A su lado, los ángeles de Lava Jato y los Cuellos Blancos trabajarían en armonía, sin zancadillas de malos magistrados. Esta versión idílica ya no es convincente. Dos fenómenos revelan delicados problemas en la cúpula –no en los fiscales de caso–, relacionados en lo básico con un problema de dirección. No faltan quienes los disimulan como una nueva ofensiva de la corrupción “para obstruir el avance las investigaciones”.

Un hecho insólito se produjo cuando Zoraida Ávalos descalificó las afirmaciones de la ex secretaria del presidente Karem Roca, referidas a su supuesta cercanía con Martín Vizcarra. Le exigió rectificarse bajo amenaza de enjuiciarla. Una Fiscal de la Nación no puede tomar partido de esa manera. Como los audios con los dichos de Roca están dentro de un proceso, lo último que cabe esperar es que los descalifique quien representa a los investigadores. Es aún menos aceptable el amedrentamiento a una de las partes. El Procurador Anticorrupción, Amado Enco, ha pedido que Ávalos se inhiba de participar en el proceso, postura que ha encontrado razonable el Procurador General del Estado, Daniel Soria.

Las más débil

Karem Roca es fundamental en el proceso que tendrá a Vizcarra como principal imputado al término de su mandato. Pero es el personaje más débil de la trama, y embates desde el Estado la han hecho retroceder. Ya le pidió disculpas por escrito al Ministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, por comentar que era el cajero del Presidente. Y también a la Marina de Guerra, que la había amenazado con un juicio por decir que hacía interceptaciones telefónicas en Palacio de Gobierno. Afronta otra demanda del abogado compadre del gobierno, Luis Jo. Su otrora defensor, Fabio Noriega, ha desaparecido. No sorprendería que Roca suscriba otra carta notarial declarando que inventó lo que dijo de la Fiscal de la Nación. Estos desmentidos no son necesariamente creíbles, porque fueron hechos bajo presión.

Es diferente el caso de Mirian Morales, la ex Secretaria General de la Presidencia, quien goza de un abogado pagado por el Estado, hasta por un monto de ochenta mil soles, de acuerdo con una resolución administrativa del 4 de septiembre.

Los defensores

Hay, pues, una imputada VIP. Es necesario que un Gobierno pueda financiar la defensa legal de un funcionario cuando es enjuiciado por el cumplimiento de responsabilidades. ¿Pero qué función estatal es la de componer versiones ante la fiscalía? (Aquí conviene una digresión: la medida fue aprobada por Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial, desempeñada por Pedro Angulo de Pina, un abogado sin ninguna experiencia para el delicado cargo. Días después fue nombrado reemplazante de Mirian Morales, pese a que, como indica su hoja de vida, colgada en la página web de Palacio de Gobierno, nunca gestionó una oficina pública o privada, grande o pequeña).

Esta subvención se suma a los anteriores setenta mil soles que el MTC aprobó a Mirian Morales para financiar su defensa legal por la contratación irregular de su cuñada cuando estuvo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en 2017. El documento probatorio, que no está colgado en la web del MTC, pero que fue confirmado por una fuente autorizada, es una resolución directoral. Así, para defender a Mirian Morales, el Estado gastará casi tanto dinero como ganó, sin trabajar, Richard Swing. (Segunda digresión: uno de los filones más interesantes de la investigación es cómo este amigo de Vizcarra financia su abogado y sus gastos personales. Diera la impresión de ser mantenido por un benefactor).

Cuestiones de fondo

El segundo suceso revelador es la remoción de la fiscal Rocío Sánchez en el caso de Los Cuellos Blancos. Hay cuestiones de fondo y de forma. En el fondo, como se adelantó en esta página, la Fiscal de la Nación tiene conflicto de interés porque al menos un testigo de la fiscal Sánchez brinda pistas de un posible favorecimiento de José Luis Cavassa, en 2013, para que fuera nombrada Fiscal Suprema por el Consejo Nacional de la Magistratura. Volveremos más adelante sobre este episodio.

Otra cuestión de fondo es que Jesús Fernández, el Fiscal Supremo Provisional que investiga a una porción de aforados, tiene un enfoque diferente al de Rocío Sánchez, cuyos imputados no gozan de ese privilegio. Fernández trabaja a partir de la narrativa del ex Presidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos. Sánchez, desde audios y testimonios reservados. (Tercera digresión: ¿aportará algo el dirigente del Partido Morado, Julio Guzmán, en apoyo de la denuncia que hizo en 2016, según la cual quisieron cobrarle para que el jurado electoral lo dejara participar en las elecciones de ese año? Jesús Fernández, entonces miembro del JNE, fue el ponente de su exclusión. Había razones para ello, como aquí se dijo, pero acreditadas voces opinaron que ese formalismo era fraude. En el despacho de Rocío Sánchez hay una pista insospechada, que no comprometería a Fernández).

El rol de la JNJ

Las diferencias de estrategia, sumadas a los conflictos de interés, fueron encarados torpe, brutalmente: Fernández pidió prisión preventiva para los testigos de Sánchez, que entraron en pánico. La Fiscal de la Nación empoderó a la entusiasta ex adjunta, Sandra Castro, quien se abalanzó a la mala sobre los cuadernos de colaboración. Es falsa la figura de dos fiscales rivales que se pelean. El discurso oficial del Ministerio Público pretende transformar a una de sus heroínas en villana, mediante procesos arbitrarios, a juzgar por el minucioso relato de Sánchez especialmente en La Voz del 21, entrevistada por Álvaro Reyes. Si no apelaba a la prensa, la iban a botar sin miramientos. Algo tendría que decir la Junta Nacional de Justicia, si el conflicto continúa.

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