Estos son los motivos de la Junta de Fiscales Supremos para ratificar a Arce Córdova en el JNE
Una cuestión de pragmatismo, buscar soluciones a la problemática actual del Ministerio Público y no generar nuevos problemas . Las alternativas y consecuencias pueden ser peores. El Congreso y la Junta Nacional de Justicia deben actuar.
El jueves último, en votación secreta en la Junta de Fiscales Supremos, por mandato de la Constitución Política, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos y los fiscales supremos Pablo Sánchez Velarde y Víctor Raúl Rodríguez decidieron ratificar por unanimidad a su colega, Luis Arce Córdova como integrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por otros cuatro años, hasta el 2024.
La votación es inapelable y ya no se puede revertir. La Junta de Fiscales Supremos ya no puede retractarse, ni anular su votación.
Cómo la votación es secreta, es difícil saber qué llevó a los tres fiscales supremos a reelegir a Arce. La decisión ha generado criticas y e un pedido de las bancadas del Partido Morado y el Frente Amplio para dejar sin efecto la votación. Pero, de acuerdo con las fuentes consultadas para esta nota, ya no se puede revertir esa votación, hoy no hay motivos legalmente justificados.
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Arce Córdova tampoco está satisfecho con la decisión, deseaba reincorporarse a una fiscalía suprema. Sin embargo, de acuerdo con la Constitución y La Ley Orgánica del JNE, una vez convocado un proceso electoral el cargo es irrenunciable. El 8 de julio último, el presidente Martín Vizcarra convocó a elecciones a la presidencia, vicepresidencia y Congreso de la República para el 2021.
La República ha podido hablar de manera extraoficial con miembros de la Junta de Fiscales Supremos y otros funcionarios de la Fiscalía de la Nación en busca de conocer que decidió la reelección de Luis Arce Córdova, para el periodo 2020-2024. Los fiscales supremos Víctor Rodríguez Monteza y Pablo Sánchez Velarde, quedaron como primer y segundo suplente.
Un tema constitucional
Reelegir a Arce Córdova era lo que manda la Constitución. La Ley señala que la Junta de Fiscales Supremos elige a un miembro del JNE entre sus fiscales supremos titulares. Solo cuando los titulares no están completos, puede elegir a un fiscal supremo provisional.
Al día de hoy, los seis fiscales supremos titulares están completos, no hay ninguna vacante. Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos y Tomás Gálvez Villegas han sido suspendidos en sus funciones por la Junta Nacional de Justicia (JNE), pero siguen siendo fiscales supremos titulares. Por lo tanto, no se podía elegir a un fiscal supremo provisional.
Arce Córdova fue reelecto en primera votación. Si no procedía la reelección, los tres fiscales supremos presentes en la Junta debían elegir a uno de ellos para integrar el JNE. Las opciones eran Sánchez Velarde o Rodríguez Monteza. Ávalos es la fiscal de la Nación.
Elegir a Víctor Raúl Rodríguez habría generado mucho más criticas, que las provocadas por la reelección de Arce. Enviar a Sánchez debilitaba la posición de la fiscal de la Nación y diversas investigaciones en curso.
Decidirse por alguno de los actuales fiscales supremos provisionales, como por ejemplo, Jesús Fernández Alarcón, que ya integró el JNE, afectaría la investigación a la red de los “Cuellos Blancos del Puerto”. Además, debería buscarse alguien que lo reemplace en este delicado caso.
Una cuestión práctica
El otro punto que se tuvo en cuenta es que de no ser reelegido, Arce Córdova se reincorporaba al Ministerio Público y a la Junta de Fiscales Supremos.
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos tenía que decidir que despacho fiscal asignarle. Las opciones son la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, que atiende el fiscal Fernández Alarcón y que ve el caso de “Cuellos Blancos del Puerto”.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, que atiene la fiscal Bersabeth Revilla Corrales, que tiene a su cargo diversas investigaciones de corrupción de jueces y fiscales a nivel nacional, algunas de magistrados del distrito fiscal y judicial de Ucayali, la base de Arce Córdova.
La fiscalía suprema de Control Interno, a cargo de la fiscal suprema provisional María Sokolich Alva que ve las investigaciones penales y procesos disciplinarios por faltas graves a jueces y fiscales, a nivel nacional, es decir casos vinculados a “Cuellos Blancos del Puerto” y otros.
¿Cual de estas tres fiscalías asignarle a Arce Córdova y qué podría pasar con los casos que se ven en estos despachos? Las dudas que se podría generar, ante cualquier decisión del fiscal Arce, tendría consecuencias para el Ministerio Público.
Las otras fiscalía supremas, son la primera suprema penal a cargo de Pablo Sánchez y la segunda suprema penal a cargo de Rodríguez Monteza.
Los despachos de la fiscalía suprema civil, está asignada a Chávarry y la Contencioso Administrativa, a Gálvez Villegas. Estos despachos están ocupados actualmente por fiscales supremos adjuntos encargados. No pueden ser ocupadas por fiscales supremos provisionales y titulares, pues Chávarry y Gálvez pueden reincorporarse en cualquier momento.
Esas fiscalías solo pueden ser asignadas a otro fiscales titulares o provisionales, en caso de una destitución.
La Junta
Otro tema más casero, pero que podría generar complicaciones a futuro, era la presencia de Arce Córdova en la Junta de Fiscales Supremos. Las relaciones allí son muy complicadas. La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos tiene una investigación en marcha contra Arce por enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial. Verse cada semana para tomar decisiones, es muy complicado.
Con Arce Córdova en la Junta, podría ser casi natural que se establezca una similitud de opiniones con Víctor Raúl Rodríguez Monteza y muchos temas terminen con la votación 2-2. Esto obligaría a la fiscal de la Nación a aplicar voto dirimente, casi todas las semanas, para uno u otro tema.
A futuro también. Chávarry Vallejos y Gálvez Villegas han sido suspendidos en sus funciones. Se supone que van a ser destituidos, pero hay la posibilidad de que la Junta Nacional de Justicia les imponga una sanción menor: suspensión o llamado de atención para que no repitan sus malas prácticas, y reicorporarse a sus funciones.
Es decir, los dos o uno de ellos puede regresar a la Junta de Fiscales Supremos y se podría tener votaciones de 4-2 o 3-2 en temas delicados y de interés público. Cómo dijimos, una vez elegido al representante ante el JNE, ya no hay cambio posible y legal hasta el 2024. La Junta de Fiscales Supremos no puede revisar su votación cada vez que lo considere o un político se lo pide, sin importar las razones por que lo haga.
¿Qué queda por hacer?
¿Ya no se puede hacer nada? Sí se puede, pero no en la Junta de Fiscales Supremos. Lo puede hacer el Congreso, por ejemplo. Aunque con un proceso electoral ya convocado, podría ser peligroso que el parlamento se inmiscuya en la composición del JNE. Los parlamentarios del Partido Morado y el Frente Amplio pueden hacer más, que solo enviar una carta a la fiscal de la Nación.
El Congreso puede inhabilitar hasta por 10 años a un funcionario público por faltas a la Constitución. El Ministerio Público solo lo puede pedir ante un juez, por la comisión de un delito y la investigación a Arce Córdova, está en una etapa incipiente.
La otra institución que puede hacer algo es la Junta Nacional de Justicia. Esta puede investigar y suspender a un fiscal supremo titular, como lo ha hecho con Chávarry y Galvez. Falta evaluar si esa suspensión incluiría al organismo electoral. Si Arce Córdova es suspendido en el JNE, su lugar lo ocuparía Víctor Raúl Rodríguez Monteza.
Es posible, que al momento de votar, uno o más miembros de la Junta de Fiscales Supremos, haya pensando en poner los reflectores sobre Arce Córdova, para que la JNJ tomé acciones. Ninguna de las fuentes consultadas sugirió que este sea uno de los motivos, pero es un tema que surgió en la discusión teórica de lo que se puede hacer a futuro, luego de la votación en los fiscales supremos.
El Congreso y la Junta Nacional de Justicia pueden y tienen la posibilidad de tomar decisiones. El futuro es incierto y la situación en el Ministerio Público es muy delicada.
